Hace años debido a las protestas de Majaz se
reunieron los embajadores de los Estados Unidos y Canadá, más diplomáticos de
Reino Unido, Suiza, Australia y Sudáfrica con ejecutivos de mineras Antamina,
Newmont, Quellaveco, Barrick y Tintaya. Así fue revelado por u7n cable de
Wikileaks:
“US embassy cables: Mining companies worried about
security”
Y de paso uno se puede preguntar ¿cuántas
reuniones así habrán hecho ya por la crisis de Cajamarca? ¿Qué dirán los cables
de ahora?
En esa reunión el embajador estadounidense
Struble señaló que los problemas de las mineras afectan los intereses de
diversos países:
“Ambassador Struble noted that security problems in
mining communities affect the interest of several countries”
Para defender esos intereses los diplomáticos
procedieron a reunirse con gente del gobierno, la iglesia católica y los
partidos políticos:
“Pending key information from the mining companies, a
core group of country representatives (U.S., Canadá, U.K., Australia,
Switzerland, South Africa) are ready to meet as a group with the GOP, Catholic
Church and political party leaders. With the appointment of new Prime Minister
Pedro Pablo Kuczynski, we have an influential government ally in a position
that is willing to thakle the lawlessness issue in mining communities. His
recent statements about putting the GOP’s house in order, establishing control
of the roadways where commerce transits, are encouraging.”
Estos estados apoyan a sus empresas a través
de sus embajadores. Más aún, es un tema de “seguridad nacional”.
Los temas ventilados en estas reuniones
incluyen también lo que estamos viendo ahora: que el poder judicial (para
variar influido notablemente por la acción de estos gobiernos, en particular el
de los Estados Unidos a través de USAID) fácilmente disponga su traslado de
detenidos de Cajamarca a Chiclayo y de Espinar a Ica. El Wikicable es muy
claro, respecto al rol del entonces gerente general de Minera Yanacocha:
“(Carlos) santa Cruz emphasized that it is crucial to
stop the impunity for those who damage private property and blok roads. There
is a law pending approval in Congress that would give the GOP the legal
framework to enhance security in mining communities. All too aften, the police
to move a detinne to a different jurisdiction, thereby reducing the likelibood
of prosecutors bowing to local demands. The Ambassadors agreed to evaluate when
a meeting with the chiefs of the political parties would be most effective.”
Las megamineras quieren alejar a los
detenidos de sus comunidades para que éstas no “presionen” a los procuradores
locales. Y los embajadores se prestan a interceder por estas empresas con los
jefes de los partidos políticos peruanos justo cuando el congreso está por
debatir una ley que les conviene. ¿Eso es democracia? ¿Eso es independencia?
Se ha visto como un juez César San Martín se
ha prestado a esta política cocinada desde hace años por las megamineras con los embajadores de EE.UU.,
Canadá y otros países en el Perú. También se lo ha visto muy sonriente con la
embajadora Likins en momentos dramáticos para Celendín, Bambamarca y Cajamarca.
Al día siguiente de esas escenas, este mismo
juez justificaba la detención de Marco Arana y el traslado de detenidos de
Cajamarca a Chiclayo:
“El
presidente del poder judicial (PJ), César San Martín, indicó que la detención
de Marco Arana se debe a razones políticas y está permitido desde el punto de
vista constitucional”
También precisó que durante un Estado de
Emergencia las garantías se suspendieron y no se requiere de una causa probable
para la detención policial. “No se requiere una causa probable sino una
dirección discrecional de la autoridad política”, acotó.
“Asimismo,
indicó, que los temas judiciales en Cajamarca y Celendín se trasladaron a los
juzgados de Chiclayo por falta de garantías. “Ya están preparados los juzgados
de Chiclayo para recibir los casos que la fiscalía le ponga en su conocimiento”,
manifestó” (137)
El juez repite los argumentos que vimos
arriba y ejecuta así la política promovida por las megamineras Antamina,
Newmont, Quellaveco, Barrick y Tintaya y cabildeada efectiva y servicialmente
por los embajadores y diplomáticos de los Estados Unidos, Canadá, Suiza, Reino
Unidos, Sudáfrica y Australia en el Perú, en un acto de intromisión en
decisiones que deberían ser hechas por la ciudadanía peruana.
·
137.-
Tomado de RPP Noticias: San Martín sobre detención de Arana.
Fuente: Del libro La Intervención de los Estados Unidos en el Perú, de Silvio Rendón páginas 209, 210 y 211.
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