 La
defensa contra la minería en México es una cuestión de vida o muerte,
así lo manifestó la Red Mexicana de Afectados por la Minería en un
comunicado emitido en el aniversario del asesinato de Bernardo Vásquez
Sánchez, quien desde 2008 denunció las violaciones a derechos humanos y
la contaminación ambiental de la empresa minera Fortuna Silver Mines, en
el estado de Oaxaca.
Fuente: La Jornada
Actualmente las empresas mineras instaladas en
México cuentan con los recursos legales, políticos y mediáticos para la
imposición de proyectos en territorios de comunidades indígenas,
campesinas y rurales. Existe en México un marco legal que favorece la
inversión privada en detrimento de los derechos colectivos de dichas
comunidades.
Los actores que se encuentran en legítima oposición se enfrentan a un
aparato burocrático judicial lento e ineficiente, lo cual no garantiza
el acceso a un debido proceso y a la administración de justicia. No
encuentran canales institucionales a nivel federal, estatal o municipal
para la resolución de conflictos, sobre todo en los impactos derivados
de la implementación de proyectos mineros en las dos décadas recientes.
El aparato gubernamental encargado de respetar, promover y garantizar
los derechos de las comunidades existentes en el territorio nacional
favorece los intereses privados de empresas extranjeras, que en
complicidad con los gobernantes, criminalizan las acciones de defensa de
los pueblos y defensores del territorio, fabricando calumnias y
delitos, y con hostigamientos, detenciones arbitrarias, torturas y
asesinatos.
En México se registra un sinfín de actos de criminalización de
movimientos. En San Luis Potosí han recibido agresiones físicas y
amenazas de la empresa minera New Gold, en Puebla indígenas totonacas
son amenazados por negarse a vender sus terrenos a Grupo México y en
Chiapas la minera Black Fire es acusada de haber asesinado a Mariano
Abarca en 2009. También está la situación de Chihuahua, donde fueron
asesinados Ismael Solorio Urrutia y Manuela Solís en 2012, y se sabe de
los asesinatos de Bernardo Méndez y Bernardo Vásquez Sánchez en Oaxaca.
En todos estos casos hay evidencias contundentes de violaciones
sistemáticas a los derechos humanos, donde el común denominador es que
están directamente relacionados con proyectos mineros.
En el caso de Bernardo Vásquez Sánchez, originario de una comunidad
zapoteca en Oaxaca, ingeniero agrónomo de profesión y preocupado por la
contaminación del medio ambiente, por el territorio y por el deterioro
del tejido social en su comunidad, fue nombrado por su asamblea como
portavoz para denunciar las violaciones a sus derechos perpetradas por
la empresa minera. A partir de ese momento, levantó su palabra a nivel
estatal, nacional e internacional; Bernardo se enfrentó con un marco
legal ineficiente marcado por la complicidad de las autoridades
estatales y municipales con la empresa minera, y resistió una serie de
calumnias, difamaciones y amenazas. Tuvo que realizar una doble defensa:
la de su pueblo y la de su vida.
La criminalización es una práctica de las empresas para despojar a
las comunidades de sus territorios con los menores costos económicos
posibles. Consiste en deslegitimar a los movimientos en resistencia,
colocando a las y los defensores como opositores al desarrollo, y a las
compañías mineras como redentoras de los pueblos y comunidades con
proyectos "de avanzada", impulsados para promover el empleo en las
regiones y combatir las condiciones de pobreza en las comunidades. Sin
embargo, sus prácticas se caracterizan por generar divisiones y
confrontaciones comunitarias, rompimiento del tejido social,
represiones, incremento de violencia, desalojos forzosos, contaminación
del medio ambiente, actos de corrupción, hostigamientos, agresiones y
asesinatos. A cambio, las dádivas otorgadas por las empresas a las
comunidades, representan entre uno y tres por ciento de sus ganancias
totales.
No existen mecanismos de protección para defensoras y defensores de
derechos humanos. Las amenazas, agresiones y asesinatos en la mayoría de
los casos son perpetrados por grupos armados contratados por las
empresas mineras; en Chiapas, Oaxaca, San Luis Potosí, Puebla, entre
otros, se ha documentado la presencia de grupos de choque y/o armados
con el objetivo de amedrentar y confrontar con actos de violencia a
movimientos, organizaciones y comunidades que se oponen a los proyectos
mineros. Las autoridades estatales y federales argumentan que los
problemas han sido generados por intereses políticos locales,
religiosos, municipales y agrarios, pero los problemas tienen su raíz en
la imposición de proyectos de extracción de recursos minerales. En este
contexto, las amenazas contra defensores y defensoras del territorio no
cesan, por el contrario, en el años 2012 se incrementaron. La acción
del Estado en materia de derechos humanos es cada vez más ausente.
Justicia para las comunidades afectadas por proyectos mineros. Ante
este panorama, las exigencias de las comunidades afectadas,
organizaciones civiles y sociales, estudiantes, campesinos, indígenas y
académicos, continuamos exigiendo justicia. Mientras las autoridades
federales sigan autorizando concesiones a las empresas mineras que
despojan a los pueblos de sus territorios, las violaciones a los
derechos humanos irán en incremento.
Fuente: Web No a la mina
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