Por Arturo Bolívar Barreto
“Año del centenario de José María Arguedas”
La globalización
capitalista -que hoy recae en una crisis que puede ser épica- impuso
hace unas décadas, en nuestro país desde los 90, una nueva edición de
liberalismo económico con características extremas y dogmáticas. El
reinado del mercado como panacea para los problemas económicos y
sociales trajo como consecuencia la inhibición del rol del estado para
todo control del capital privado, reducción del gasto público social, el
remate de empresas estatales –muchas muy rentables-, la flexibilidad
laboral o las leyes restrictivas que facilitan el despido de empleados y
trabajadores.
Si en todo el mundo esto devino en incremento
del desempleo, pérdida de ingresos salariales, desprotección de
servicios sociales, en países como el nuestro –que llegó a mayores
niveles de economía primario exportadora, de desindustrialización y de
desaliento de la agricultura para el mercado interno, como fruto de los
intereses de las sobreprotegidas inversiones extranjeras y de los
tratados de libre comercio- los problemas sociales, de por sí agudos, se
potenciaron.
Los efectos en nuestro país de la economía
neoliberal implementada por los organismos financieros internacionales
son, hasta hoy, esencialmente los mismos: incremento del desempleo
-encubierto con altas tasas de subempleo o empleo precario-, pérdida del
salario real, decremento dramático del porcentaje de las personas que
cuentan con seguro social y de salud, incremento de la delincuencia y de
las modalidades cada vez más violentas de delinquir, y en los sectores
juveniles y de menores los multiplicados problemas del pandillaje,
drogadicción, niños de la calle, prostitución. Aunque el último lustro
se haya incrementado los ingresos fiscales, los índices de pobreza
-salvo en la publicidad direccionada de aquel gobierno- han decrecido
muy poco y, en cambio, se ha ampliado la desigualdad social por
carencias redistributivas. Las altas tasas de TBC son muy reveladoras,
el Perú ocupa el primer lugar en América Latina a lado de Haití, el país
más pobre. Siendo Lima, de lejos, la ciudad de mayor incidencia de
tuberculosis en toda la región, según fuentes recogidas del Ministerio
de Salud y el Colegio Médico del Perú.
La política de
congratulación con el capital extractivo ha permitido, además, la
afectación del medio ambiente y el relegamiento de los pueblos andinos y
etnias amazónicas a un implacable irrespeto a su existencia y a su
identidad.
La primera política “cultural” es, por tanto, la promoción de este empobrecimiento y descomposición social
que, en el paroxismo por la sobrevivencia, rebaja en el poblador las
posibilidades de su educación y crea, contrariamente, una cultura de la
violencia. Además de alterar, con la incursión inconsulta del capital y
del autoritarismo del estado, las condiciones de vida de los pueblos
originarios y, con ello, su propia identidad étnica.
Otro
elemento de esta primera política cultural, relacionada estrechamente a
la privatización del estado y de los recursos nacionales, y a la disputa
por la obtención de beneficios en los contratos con el estado en un
contexto autoritario, de medidas tomadas de facto desde el poder
ejecutivo o con los congresos cómplices, es la corrupción institucionalizada.
Es la concesión de ventajas que se oferta a las empresas con la
complicidad de los principales funcionarios del estado y la de sus
políticos, agentes, lobistas, en un conglomerado de corrupción. Desde el
desfalco de los ingresos por las privatizaciones de las empresas
públicas en la década de los 90, pasando por las arbitrariedades
empresariales: despidos, cierres , sobreprecios, defraudación
tributaria, licitaciones ganadas bajo la mesa, productos sin control de
calidad, argucias para incautar clientes (las tarjetas de crédito
últimamente), hasta la infección en todos los ministerios y
dependencias: Salud, Transporte, Energía, etc.
Todo lo cual no
puede producirse sin la codicia del capital liberalizado y la
complicidad de los funcionarios del estado, implementadores obnubilados
de esa política. Por eso, la corrupción no es sólo hecho personal o
simplemente inmoral, es hecho sistémico, es el correlato del
neoliberalismo económico que empuja y encuentra en los políticos
oportunistas llegados al poder la horma de su zapato. Como acto
delincuencial desde la más alta administración del estado, dirige una
descomposición ética y social de efecto traumático. La corrupción
institucionalizada multiplica la marginación de los más débiles,
ratifica el encumbramiento de los más fuertes, y de éstos, a los peores;
devalúa todo mérito personal, institucional o social y refuerza la
cultura de la amoralidad y de la violencia. Además hace de la
democracia, en la que pretenden mantenerse formalmente, una caricatura,
el régimen neoliberal es por naturaleza autoritario, antidemocrático. Y
esa práctica trasciende a todas las esferas de la sociedad.
Esta liberalización del mercado que debilita las entidades sin fines de
lucro, las de capital local, deprime el mercado interno e impone la ley
de la selva, ha permitido, además, la proliferación de “casas de cita”,
tragamonedas, bares nocturnos lumpenizados, templos, en muchos casos en
locales que eran, en épocas anteriores, de instituciones reguladas, o
culturales, obligadas a cerrar: cines, cine clubes, librerías, partidos
políticos, etc.
Se puede decir que esta básica medida
neoliberal, el del “ajuste estructural” económico, implementada desde el
estado coaptado por el capital trasnacional y nacional monopólico, de
las dos últimas décadas, ha promovido, como efecto reflejo, casi
simultáneo, el desamparo social, la violencia, la corrupción, que son
condiciones de deterioro y obstáculo de cualquier desarrollo educativo y
cultural. Esta es la primera política cultural o, más precisamente,
anticultural, que se implementó en nuestro país en los últimos veinte
años.
La segunda política cultural es la entronización ideológica
que trajo consigo este neoliberalismo económico y que cubre el mundo
actual: el cinismo del egoísmo lapidario como valor. No es que el
individualismo no rigiera siempre el mundo manejado por los sistemas
capitalistas sino que era considerado éticamente como un antivalor y
practicado vergonzantemente, aún por las élites económicas y políticas.
Los valores aceptados socialmente seguían siendo los del pensamiento
clásico o los demoliberales: conciencia, igualdad, fraternidad,
justicia. O los seculares valores cristianos, amor al prójimo, piedad
con los pobres, etc. Con el capitalismo neoliberal éstos fueron desechos
e impuestos los de carácter economicista: competitividad,
productividad, éxito, eficacia, calidad, que fueran levantados como
valores épicos y vendidos en el mercado mundial como recetas únicas y
totalitarias. De esta manera, con la caída del muro de Berlín, la
restricción de los Estados del Bienestar, el repliegue del movimiento
social, se derrumbaron también los paradigmas histórico culturales: la
ilustración, el humanismo, la liberación social, el socialismo. Junto
con el único sistema imperante y viable, a saber, el capitalismo
unipolar, se impuso también el pensamiento único. La herencia cultural e
histórica de la sociedad civilizada, los paradigmas clásicos, son un
escollo, una rémora para la posmoderna moral del éxito y del
individualismo lapidario, es pensamiento premoderno, tradicional,
antediluviano, en tanto y en cuanto no reconoce que el bienestar
material y social dependen de la productividad y la eficiencia, y esta
última se corrobora en el mercado. Nada que no sea tu esfuerzo personal
puede generar riqueza real. La colectividad, la solidaridad, o un Estado
Social que pueda representar a éstas, son ficciones, utopías,
especulaciones impracticables. El bienestar material y social, y hasta
la riqueza, abierta y factible en este mundo de las libertades
económicas y de las oportunidades, se gana con tu competitividad puesta a
prueba entre las fuerzas de la oferta y la demanda. Si lo eres (ser
competitivo) lo mereces y si no, tienes que desarrollar esas
capacidades, no has sido todavía lo suficiente.
Así pues, los
fantasmas de todas las filosofías burguesas reaccionarias del pasado han
vuelto con fuerza, el voluntarismo, el darwinismo social, el
existencialismo, la “filosofía de la vida”, pero legitimados e
imponiéndose en la conciencia popular por el peso de la hegemonía
económica y la modernidad. El “superhombre” de Nieztsche no ha vuelto en
su forma aristocrática del derecho que, por el peso natural de su
fuerza e inteligencia, tenga que reinar obligadamente la “raza de los
señores” por sobre la “raza de los esclavos”, sino en su forma
posmoderna de la democratización posible del éxito y la riqueza, posible
y factible para cualquiera siempre que demuestre el peso de su
capacidad individual, su competitividad, su “meritocracia” . Es la forma
ideológica del capitalismo abierto, del “todos somos capitalistas”, del
“capitalismo popular”. Quienes no se han adaptado a los tiempos y
reconvertido sus capacidades están merecidamente condenados a la
marginación social. Nadie más que ellos mismos, los excluidos, son los
responsables de esa exclusión.
Este sujeto posmoderno,
masificado, uniformizado en lo banal, en la sensación de lo instantáneo,
se vende a través de los medios masivos de comunicación, la televisión,
la informática y multimedia. Se despliega imponente en los diarios
rebajados a niveles brutales, hijos de la corrupción ; y en la
publicidad; en las ofertas académicas de moda (márketing, gerencia,
publicidad); se trasluce en todos los asesoramientos para los programas
de autoayuda y microempresa, y en sus ediciones financiadas sobre
“historias exitosas” de “microempresarios”; en las ONGs que destinan
fondos en el interior del país hasta para la educación en género,
ecología e identidad étnica, pero con enfoques sospechosamente
segmentados, “propositivos”, desligados de los conflictos de clase,
reivindicaciones por la tierra, de las cuestiones estructurales del
poder capitalista; la ideología dominante se difunde en los sermones de
los gurús económicos, en los “expertos”, lobistas, consultores y
políticos sostenidos por el poder económico, y hasta en las cátedras de
maleables y “actualizados” intelectuales de izquierda que se compraron
el discurso de la modernidad para corregir sus ideas primigenias y no
quedarse al margen de la historia posmoderna y así desacreditarse en el
sistema. Se revela en la lógica del liberalismo a ultranza, sin medida
ni valores (el tragamonedas es la nueva droga masiva que no respeta
mujeres ni niños), en la pantalla virtual del chat y los videojuegos
procaces y cínicos que manipulan niños y adolescentes con desenfado, y
se manifiesta en la socialización violenta y en el lenguaje grosero que,
con naturalidad, llena todo el vocabulario de nuestros niños y jóvenes.
Así moldeado el individuo actual, consumista y sin paradigmas,
es un sujeto sin trascendencia, desamparado; sin ideas ejes, sin norte,
sin el auxilio de ningún racionalismo filosófico o científico, el
entretejido dinamismo del mundo global, virtual o real, se le presenta
inasible y complejo, nada es simple y lineal, todo es relativo, es el
dominio de lo subjetivo. La sensación de inestabilidad, de lo volátil,
hace presa en él, la inseguridad, la incertidumbre es el otro lado de la
moneda.
La vida espiritual o el correlato espiritual de este
sujeto neoliberal, de este hombre supermoderno, pero desamparado de
cultura y de paradigmas, en sus ansias de seguridad se refugia en la
religiosidad más tradicional y conservadora –la penetración de sectas
religiosas o del Opus Dei en las élites-. Y es lógico, esa ausencia de
racionalidad científica, histórica o cultural, deviene en sujeción a los
fundamentalismos más rancios y anacrónicos..
O también, en
concordancia con la era de la tecnología y el automatismo, la oferta en
el mercado de la técnica espiritual. La transformación de sí mismo se
alcanza gracias a las técnicas psicocorporales o psicoesotéricas. Una
metaciencia ajustada al mercado. Es decir, un pragmatismo y un
eclecticismo también en la cura corporal y espiritual.
En la
posmodernidad, pues, proliferan toda clase de sectas, fundamentalismos,
supersticiones, esoterismos, la metafísica. Los gurús, los guías
espirituales, los predicadores, los metacientíficos, hacen su agosto, se
levantan como en la noche medieval a ser los salvadores del alma y del
cuerpo enfermos de la era de la tecnología y la posmodernidad.
No es
el vértigo tecnológico lo que se enjuicia –en el capitalismo es
inmanente el dinámico desarrollo de las fuerzas productivas- sino su
sujeción deshumanizante, su uso operativista y automatizado para las
necesidades del mercado y los poderes económicos, procedementalismo y
automatización puestos como cultura exclusiva y masificada en el mundo
de hoy. Ni la máquina antes ni la electrónica comunicacional hoy son
intrínsecamente malos, al contrario. La gran socialización que promueve
ésta está poniendo en jaque la camisa de fuerza de las relaciones de
apropiación privada. Las propias trasnacionales del cine, música o del
libro, de soporte convencional, se quejan de la competencia de la era
digital, abierta y casi inasible al control comercial. Como lo avizoró
Carlos Marx, la tecnología creada en el capitalismo, estimulada por los
afanes de lucro y de su supervivencia reproductiva, guarda la
potencialidad de mejorar, ahora sí, la calidad de vida, el desarrollo
material y espiritual de la generalidad de las personas. Un orden social
menos autodestructivo descubrirá su potencialidad para favorecer la
elaboración de un tejido social más progresivo y humano, un manejo
integral de información, pensamiento, ciencia y cultura, la elaboración
de planificaciones centrales y regionales. Hoy mismo, en el lado de la
reserva humana y de una emergente juventud envuelta en el proceso de los
conflictos sociales que el propio sistema en declive genera, se germina
la posibilidad de esa utilización integral e íntegra. El intercambio
cultural alternativo a través del espacio virtual: música, poesía,
pintura, artículos; los debates contra las medidas gubernamentales que
afectan el trabajo, la educación o la salud; las propuestas económicas y
políticas contestatarias a las oficiales y las que contrarían a las
formas de gobierno imperantes; el redescubrimiento del pensamiento
clásico o revolucionario y su debate. Asimismo, las campañas a través
del twitter o facebook contra personajes y programas continuistas en las
elecciones políticas y, por cierto, las convocatorias masivas a
protestas y el repliegue oportuno por medios digitales. Una juventud
acunada en la tecnología informática pero frustrada en un sistema en
descomposición irreversible, usa los medios que domina para expresar no
sólo su descontento, sino también su capacidad de organización y sus
propuestas. Ya no entona con la Generación X ó Y. Vuelve sus ojos a la
generación de sus abuelos y presta oídos a la filosofía de la lucha
social y del cambio.
La tercera política cultural es la
propiamente dicha, la política del sistema educativo formal y de la
administración del patrimonio cultural, implementadas desde los aparatos
burocráticos del estado. La política educativa se diseña desde los
90 con la dictadura fujimorista y se mantiene con todos sus componentes
por lo menos hasta el último lustro de gobierno aprista. Componente del
“ajuste estructural” neoliberal, es ejecutada por el Ministerio de
Educación con auspicio de los organismos financieros internacionales
como toda la política económica.
Se trata de liberalizar
también el mercado de la educación para reducir gasto público –el ideal
de la oligarquía financiera es un estado recaudador y no interventor,
salvo para proteger sus intereses- y ajustar social y culturalmente a
los ciudadanos para ser funcionales al nuevo orden tecnológico y
posmoderno, tanto desde la educación básica en la formación de la nueva
generación informática como hacia la desmovilización del molesto sector
magisterial (cuya organización sindical y politización es perturbador al
sistema).
Con la lógica económica capitalista trata a la
organización educacional como empresa, a los docentes como medios de
producción, a los padres de familia como clientes y a los alumnos como
producto (el capital humano). Al punto que, en esta lógica, se llegó a
dar a los directores de escuela el papel de “gerentes”, ya desde la
primera década de la experimentación privatizadora de la educación. El
propio cambio de nominación, en los últimos años, de las escuelas o
centros educativos por “instituciones” educativas tiene ese mismo sesgo,
igual que los primeros decretos leyes de “autonomía” en gestión escolar
que se dieron, es decir, la promoción del autofinanciamiento educativo.
Los ensayos de capacitación del “nuevo enfoque” pedagógico desde la
década de los 90, propuso el cognitivismo –el constructivismo- que
significó una formación pedagógica subjetivista, a la par de pragmática y
utilitaria, castrada de la herencia cultural, “tradicional”. Véase la
reducción curricular en las áreas de formación humanística y científica,
carácter cognitivista de la formación educativa que, por eso, restó
fomento a las artes y al deporte, cosa que va muy acorde, además, con la
lógica de reducción del presupuesto público y a su abierto sesgo
privatista. Rasgo privatista que se expresó en normas que alentaban los
distintos “aportes” de la “sociedad civil” (padres de familia,
organismos privados), hasta el ensayo de municipalización de este último
lustro, municipalización que ha sido, por su fracaso, eliminada también
por la nueva administración.
La campaña de desprestigio a la
escuela pública, sumado a las facilidades para la fundación de escuelas
particulares con los requisitos mínimos, hizo proliferar toda clase de
escuelas privadas, para todos los bolsillos, apuntalando la educación
como un negocio más—recurso de autoempleo de muchos docentes o de
inversionistas pequeños, así como de grandes en zonas de mayores
recursos--, siendo uno de los factores del despoblamiento relativo de
los centros escolares del estado. Amén de que se dejó a la suerte de
cada institución particular el manejo curricular y la calidad educativa
-en su mayoría de bajo nivel-, así como los negociados con textos
escolares con determinadas editoriales, la venta de uniformes escolares,
etc.
Todo lo cual incrementó el costo educativo en general,
rebajó el nivel del aprendizaje (la reiterada posición rezagada en
América Latina, en comprensión lectora, lo revelan así) que, asimismo,
incluye el bajo fomento de las artes y el deporte en las escuelas. Se
incrementó la violencia y la deserción escolar y, consecuentemente, se
ha producido una mayor elitización educativa.
La devaluación del
“insumo” maestro para considerarlo en un rol secundario –mero
”facilitador” y no intermediario de la herencia histórica y cultural de
la sociedad civilizada-, la proliferación de institutos de formación
pedagógica por la desregulación económica del modelo, han contribuido a
la rebaja del nivel docente, propugnándose así su inestabilidad laboral y
la rebaja de salarios. La evaluaciones implementadas supuestamente para
agarrar al toro por las astas de la deficiencia de la educación
pública, según esta propuesta, especialmente el factor maestro, se
reveló falsa y punitiva, por el carácter unilateral de las pruebas y
porque, la “meritocrática” nueva Carrera Pública Magisterial aprobada en
el último lustro (hoy igualmente en observación), que anunciaba elevar
el estímulo económico, no apela a un presupuesto suficiente y su
espíritu central apunta a la flexibilización laboral.
Las
consecuencias han sido la caída del nivel salarial docente, aumento del
porcentaje de maestros con título pedagógico desempleados, elevación del
estrés y carga emocional, en consecuencia desmejoramiento de la calidad
docente. Desmejoramiento de la calidad docente al que las evaluaciones
han contribuido, al ser resultadistas y propugnar un docente
“especialista” y no el de formador integral, el del auténtico pedagogo.
De ahí la apertura -irrespetando la carrera profesional- del ingreso de
“otros profesionales”, ajenos a la actividad educativa con tal que
dominen su “disciplina”. Todo en el contexto de una concepción
pragmatista de la educación. Y abarrotando, con esto, aún más el mercado
laboral magisterial y contribuyendo a la inestabilidad social del
docente, estrategia última de la propuesta.
De manera que si
bien hasta los años 80 la educación, inserta en sociedades de herencia
oligárquica, se debatía en crisis endémica, tenía una serie de falencias
de inserción, era inequitativa y no había solucionado, ni mucho menos,
la propuesta de una educación que permitiera el desarrollo de un hombre
libre y soberano como era el ideal de los proyectos educativos clásicos;
tenía, sin embargo, postulados avanzados como los de Paulo Freire y
experiencias exitosas como la cubana o también experiencias de
alfabetización como en Nicaragua. Entre los 70 y 90 la tasa de
alfabetización, verbigracia, estaba evolucionando en América Latina.
Tras largos años de reforma educativa y de experiencia neoliberal, y
tras las metas por alcanzar “calidad educativa”, ésta, según todas las
mediciones, ha empeorado. Y precisamente porque para esta propuesta
mercantilista de la educación no existen los problemas sociales, no
existe el contexto social de descomposición y pobreza, ahí no se
encuentra el problema, sino en la solución individual o la iniciativa
privada.
Ante la falencia educativa y ante la pregunta, ¿por
qué no aprenden nuestros niños y jóvenes?, la respuesta neoliberal fue
amañada, ideológica, una farsa, ya que cualquier reflexión racional, de
cara a la realidad, respondería que no aprenden nuestros niños y jóvenes
porque, en primer lugar, están desnutridos (5 de cada 10 niños peruanos
sufren anemia y 2 de cada 10, desnutrición crónica, una de las más
altas en América Latina, según la Encuesta Demográfica y de Salud
Familiar- ENDES) Y es colosal cómo, en estas dos últimas décadas,
consecuente con la ideología practicada, no se dio prioridad a una
política de ayuda alimentaria –cohesionada, mínimamente eficaz-- para
los niños de las escuelas públicas; sí se fue pródigo, en cambio, cuando
de clientelaje político se ha tratado. Los niños no aprenden porque los
colegios públicos con sesgo privatista han incrementado los gastos de
los padres de familia, afectando todavía más el precario ingreso
familiar y, consiguientemente, la permanencia de los chicos en la
escuela o manteniéndolos muy precariamente en ella; los niños y jóvenes
no aprenden porque la metodología pedagógica impuesta –pragmática,
reduccionista, segmentada, carente de estructura lógica-histórica de las
materias—ha rebajado y anarquizado la enseñanza, además porque los
profesores de por sí con carencias, no están estimulados ni capacitados
integralmente, más bien maltratados y tratados punitivamente, más allá
de su inestabilidad laboral recurrente. Los niños no aprenden porque en
un país de mercado desregulado y corruptela estatal, los medios de
comunicación, vendidos y comercialmente desbocados, son particularmente
denigrantes, amorales, sin “autocensura”. Los niños no aprenden porque
se ha incrementado la violencia social que infesta a vista y paciencia
todos los espacios sociales con sus valores tan difundidos
mediáticamente y tan poco contrarrestados, el oportunismo, el
ventajismo, entronizados cínicamente, sin ningún reparo social.
El Plan Lector
implementado en este lustro como avanzada de formación pedagógica –la
importancia de la lectura- ha tenido siempre el sello y el espíritu de
la educación neoliberal. Ha importado más la metodología individualista y
subjetiva, la obtención informativa, la velocidad en la comprensión
lectora, antes que la reflexión humanística y el tomar en cuenta la
calidad de los textos en un plan de selección literaria. El pragmatismo
en la producción de textos y de lecturas tomando casi como exclusiva
referencia el entorno inmediato y cuasi anulando la selección de
literatura clásica e histórica, nacional y mundial. Si bien el plan ha
incrementado la cantidad de horas de práctica lectora, lo ha hecho sin
importar la filtración cuantiosa de textos de contenido comercial, que
junto también a la responsabilidad del maestro y la presión por cumplir
en cantidad más que en calidad, está la presión ejercida por grandes
editoriales en este mercado desregulado y en un estado no interventor.
Las que han medrado especialmente en los colegios privados de todo
nivel, inflando los precios para sobornar a autoridades del colegio, en
perjuicio de los padres de familia. El estado en cambio sí ha hecho
presencia para los contratos de edición de textos escolares para el
sector público, textos por lo demás mediocres, no sólo por el contenido
estrecho ajustado a la metodología educativa neoliberal sino hasta en
cosas tan elementales como las ortográficas, falencias que se han
denunciado.
En el terreno de la educación superior,
desde el control de las universidades públicas por la intervención
militar en la década de los 90, se vivió el mismo proceso: reducción del
presupuesto, normas para la obtención de “recursos propios”, reducción
de remuneraciones docentes y evaluación estandarizada y humillante para
éstos. El recorte curricular del bagaje cultural y humanístico en las
carreras profesionales son otro efecto desculturizante y acientífico de
la educación superior en el modelo neoliberal.
La proliferación
de institutos privados superiores –ya lo comentamos, sin control de
calidad ni regulación- y la desordenada creación de universidades
privadas, facilitadas por decretos leyes de la misma modalidad que para
la creación de cualquier tipo de negocio privado, condujeron a la
anarquía académica y descenso de la formación profesional. Por el afán
de lucro se ofertó una multiplicidad de especialidades profesionales y
de postgrado, incluida la formación profesional a distancia; al punto
que muchas carreras profesionales difieren unas de otras dependiendo de
la universidad de la cual proceden los egresados. Para no hablar de las
irregularidades legales y corrupción en estas instituciones, así como de
la sobreexplotación al alumno-cliente.
Los efectos generales
en la esfera de la educación superior saltan a la vista: mayor
elitización provocada por la dificultad de acceso aun a las
universidades “públicas”- los “ingresos propios” han elevado las tasas
de matrícula y los pagos que realizan los postulantes, manteniendo
incluso un sistema injusto de preuniversitaria para obtener ingresos-;
rebaja del nivel de formación profesional; desnaturalización del rol de
las universidades como foro universal, cultural y científico;
despolitización y aculturación del estudiante universitario.
El
proyecto neoliberal de educación es sistémico y ha negado un auténtico
proyecto educativo nacional que, precisamente, empate con un
reordenamiento social y económico alternativo al imperante y que
responda a la necesidad de desarrollo y progreso social realmente
democrático.
Si los recursos productivos y la educación formal
se han tratado como meros medios de drenaje rentista, rebasando
principios básicos de la legalidad democrática, medioambiental y de los
derechos sociales y humanos, otro tanto ha ocurrido con la administración del patrimonio cultural.
Y no es ni mucho menos una política sólo experimentada en el Perú,
viene ocurriendo por ejemplo aún en México, un país con fuerte tradición
cultural nacionalista, carácter que José Vasconcelos le dio
postrevolución. Y, no obstante, desde la firma del Tratado de Libre
Comercio, se viene propugnado cambios legislativos para adecuarla a la
gestión empresarial del manejo cultural. “El neoliberalismo ha condenado
a desaparecer no sólo a los pobres de México sino también a sus
culturas. Para el neoliberalismo no existe el Desarrollo Cultural que no
es otra cosa que el desarrollo espiritual del pueblo, lo que puede
existir acaso es el “folklore” que puede dejar dólares a la economía vía
el turismo” “El patrimonio cultural solo puede ser útil en tanto sea
generador de divisas. El México antiguo es para los turistas y no para
la identidad de los mexicanos...” (La política cultural del estado
mexicano de cara al s. XXI, www.toltecayotl.org).
Ya desde los
90, después de las políticas de ajuste, el decremento relativo del
presupuesto del estado abandonó las políticas de preservación y fomento
del desarrollo cultural e, igual que en los sectores productivos, alentó
la inversión de capital trasnacional en el sector. Pero el capital no
ingresa allí donde su inversión no le reporte rentabilidad y, salvo que
esté presente un estado regulador, no considerará la preservación de los
monumentos arqueológicos, por ejemplo, como prioridad. Ningún sector le
reporta más que la explotación del patrimonio arqueológico y turístico
en general. Y allí fue el sector donde con todas las ventajas ingresó
con más fuerza el capital. Los demás sectores del patrimonio cultural y
del arte, cine, literatura, música, etc., siempre han sido dominio de
las verdaderas industrias culturales internacionales.
Con la creación del Ministerio de Cultura
-el último año del régimen pasado- se ha pretendido unificar todas
estas acciones de sesgo privatista, en un solo haz de política cultural
neoliberal, absorbiendo todas las instancias culturales, incluyendo las
dependientes del Ministerio de Educación, ya muy ocupado en liberalizar
la educación como para ocuparse por el sostén a la manera tradicional de
los otros sectores culturales como las que se encargara el Instituto
Nacional de Cultura. La creación de un ministerio que desarrolle la
gestión privatizadora en ese “marco de la modernización del estado”.
La secuela de esto ha sido la mayor marginación presupuestal para la
preservación y conservación o promoción del patrimonio cultural, tanto
de los monumentos arqueológicos, documentarios o de las expresiones
artísticas –a pesar de los mayores recursos del fisco en el lustro
pasado- de manera que, como complemento de ello se desarrolló una
política aparatosa y monumentalista (infraestructural), como la
edificación del Teatro Nacional, verbigracia, que –pasada la inversión
pública en su construcción- apuntaba a su autofinanciamiento, con
gestión del capital privado. Criterio exclusivamente infraestructural
que esconde la mezquindad hacia el gasto permanente y prioritario en el
cuidado técnico y el mantenimiento del patrimonio, como hemos sido
testigos con la rapiña que han sido objeto las entidades que preservan
los documentos históricos: Biblioteca Nacional, Archivo General de la
Nación. Todo lo cual se hizo autoritariamente y de facto, expresándose
en la pose personalista, muy ajustada al egocentrismo del mandatario
anterior.
La introducción del concepto Industrias Culturales
–empleadas por lo demás en otras latitudes de política neoliberal-
rebela este enfoque en el manejo cultural del país, tal como el mundo de
los negocios lo vio históricamente cuando descubrió su veta rentable,
la “cultura de masas”, la mercantilización cultural, la cultura del
entretenimiento-. Sólo que en países como el nuestro el lugar de las
“industrias culturales” ya están copados por las multinacionales del
cine, música, editoriales. Por eso la ilusión de que con el “moderno”
acicate de ”industria cultural” los hacedores de cultura nacional:
escritores, cineastas, músicos, etc., puedan también tener su lugar
dentro del contexto de las políticas del “libre mercado”, es eso, una
ilusión, salvo que sean parte de un proceso social hacia un estado
nacional, y su lucha se convierta -no en una lucha exclusiva mercantil-
sino en la forja de una política cultural, nacional y regional, que
reivindique la cultura como riqueza social, como desarrollo espiritual
de los pueblos, involucre a éstos en el acceso y creación cultural.
Veamos la experiencia vivida por algunos sectores del patrimonio cultural y de las “industrias culturales”.
El patrimonio arqueológico
El patrimonio cultural de los recursos naturales y arqueológicos, ha
sido reducido al turismo predador. Desde esta perspectiva ha llevado a
una focalización de las “ofertas turísticas” más rentables,
especialmente el Santuario Nacional Machu Picchu, descocándolo de su
esencia de ícono de la identidad nacional. Ya desde hace años la red
hotelera y el servicio de trenes que se ha ido tendiendo en función
exclusiva del cliente (el turista extranjero), ha irrespetado el paisaje
y la vida natural de la zona, de las comunidades aledañas, para no
hablar de la connotación racista en el trato al campesino y al visitante
peruano, más allá de que éstos no estén en condiciones, en general, de
entrar al circuito de ofertas costosas de estos servicios. El estado ha
estado ausente para regular el exceso de estas empresas, para integrar
en un proyecto reivindicatorio a las comunidades campesinas aledañas y
para dar alternativas de acceso decente al propio connacional.
Ese mismo concepto que emplea cualquier negocio de cualquier rubro en el
sentido de que el móvil siempre es “la satisfacción del cliente” (es
decir, del que compra la oferta turística, fundamentalmente el visitante
extranjero) se ha manejado para establecer la cantidad de visitantes al
sagrado Mausoleo. Las consultoras privadas que han manejado este asunto
con aceptación del estado –y que en este último lustro han desconocido
completamente el vigente Plan Maestro 2005-2015 sustentada en las normas
de la Unesco, que establecen una capacidad de carga turística máxima de
2500/día, que suficientemente autofinancia y además previene la
preservación del patrimonio—, tales consultoras elaboran sesudos
estudios que han establecido cargas de más de 3400 y proyectándose a
6800 visitas por día. Proceso de sobreexplotación focalista - no alienta
un desarrollo integral del circuito turístico nacional-, con la secuela
del deterioro progresivo del Santuario. Además, con esta misma
perspectiva de lucro, amplía las áreas circundantes copándolos con
hoteles y otras instalaciones que atraviesan la ciudad inca, el camino
del inca, etc., e, insólitamente, poniendo en duda la propiedad del
Estado en estos terrenos de la “zona turística expandida”,
considerándolos privados o privatizables.
“Se puede mejorar
diversos aspectos de gestión específicamente turística –concluye un
informe de Manuel Dammert, responsable técnico del vigente Plan Maestro
2005-2015 de Machu Picchu-, para una más adecuada gestión de los
visitantes, y con más amplia presencia del empresariado nacional y las
comunidades campesinas, pero sin esa extraña ampliación de áreas
turísticas a las que se niega propiedad del estado, sin excluir a los
porteadores, y sin transformar el Itinerario cultural de caminos inca en
una ruta de hotelería.” “No es solo que la Unesco vuelva a venir en
enero del 2012, y existe la probable declaratoria de poner a Machu
Picchu en la lista de los sitios del Patrimonio en riesgo. Sobre todo se
trata que el Cusco y los peruanos afirmemos uno de los más importantes
sitios sagrados del mundo andino como parte de la afirmación nacional y
desarrollo descentralizado, con los cambios que el país ha iniciado.”
(M. Dammert, Machu Picchu: puesta en valor o depredación, diario La
Primera, 06.08.2011)
La cultura literaria
Es
recurrente la mayor pauperización de la cultura literaria en el país y
el abandono a su suerte de los creadores y artistas, a pesar del
esfuerzo y capacidad de éstos que de manera individual o asociados
crean, imprimen, fomentan foros y movimientos culturales a lo largo del
país. Las causas han estado en el acentuado deterioro social y de
valores ideológicos, sumado al decremento educativo que ya hemos
evaluado (el Plan Lector aunque ha incrementado la demanda de lectura,
ha sido demanda de baja exigencia cultural formativa gracias a la
concepción constructivista implementada y al contexto de oferta
comercial del que se posesionaron determinadas editoriales por el
liberalismo económico -y, en esa razón, de la vista gorda de los las
entidades oficiales, empezando por el Ministerio de Educación-, oferta
comercial que cae como anillo al dedo a la concepción pragmatista de
cultura de la propuesta neoliberal). Se suma a esto el poco serio
fomento cultural. Promolibro, manejado en la línea muy respetuosa del
“rol subsidiario del estado”, es decir, no entrar allí donde el mercado
puede “satisfacer” la demanda -léase las empresas privadas- ha sido
mezquino presupuestariamente en fomentar la lectura y el libro peruano,
aunque no muy mezquino, precisamente por eso, en el manejo burocrático
de sus funcionarios.
Además, en ese contexto de estrechamiento
del mercado cultural, la política de liberalización de las importaciones
(Ley del Libro) ha dado más de los mismo, beneficiando a las grandes
distribuidoras y editoriales internacionales y al libro extranjero. Por
el contrario, los incentivos, en ese contexto, poco ayudaron a las
empresas editoras nacionales, editoriales nacionales que son
precisamente las que están en la mejor disponibilidad de publicar al
autor nacional y promocionar a los nóveles. Nada de eso ocurrió, al
contrario, para no morir de inanición, tuvieron que banalizar su oferta
literaria (Coello; Sí se puede) a la par que las empresas
internacionales que nos abundan con libros esotéricos, de autoayuda o
literatura ligera.
Ante tal deterioro social y abandono
cultural, las editoriales pequeñas son un punto aparte de gestión
empresarial y literaria, pero también expresión de sobrevivencia de esa
condición social del país. Son prácticamente fuentes heroicas de
autoempleo y autopublicación –financiamiento propio de autor en
impresión, además de distribución- de la gran cantera de escritores y
poetas peruanos de la ancha base social, limeña y regional, muchos de
gran talento pero invisibilizados.
Las grandes editoriales, no
obstante favorecidas con las exoneraciones, responden a la demanda de
los sectores sociales de élite –aún más en este proceso de mayor
elitización-- y para algunos mercados con posibilidad de gasto como los
colegios privados o colegios religiosos semiprivados. Naturalmente no
promueven al autor nacional –ni el estado estuvo presente para proponer
determinadas condiciones de fomento del autor peruano- o a lo más lo
hacen con los ganadores de premios que organizan internacionalmente
favoreciendo a autores que provienen generalmente de esas mismas élites y
que se ajustan a la demanda de producción literaria comercial del mundo
actual.
La piratería no es, aunque la agrava, la causa de la
crisis editorial nacional. Aquella es también consecuencia de la
desregulación del mercado y del deterioro social, lo que sumado a las
facilidades de la tecnología actual, ha campeado en el disminuido
mercado interno. Así como las grandes editoras campean, por sus altos
precios, en los sectores favorecidos. Estrujadas entre ambas se debaten
las editoriales formales locales.
La tarea está clara para el
nuevo periodo, como en los demás sectores culturales: exigencia de un
estado nacional que desarrolle tanto el mercado interno como la
industria local, apuntalando al desarrollo social, así como reasumir su
rol, por décadas muy abandonado, hacia el fomento integral de la
cultura. En esta labor el escritor, el creador, tiene un rol que jugar,
no en la mira pequeña de demandas coyunturales o muy específicas como
si, gracias a la vanidad -como decía José Carlos Mariátegui, propio del
artista- reclamara una posición de sector privilegiado, sino en la mira
del compromiso con la suerte, los derechos y las reivindicaciones del
pueblo del que forma parte. La suerte malquista del escritor sin seguro y
sin pensión y que se muere de hambre y muere abandonado, es la suerte
de millones de peruanos en la condición de país castigado, situación que
mejorará o hará digna la vida, si el escritor también, como sujeto
social, organizándose y luchando con su pluma y con su talento,
contribuye a aupar esta perspectiva abierta de cambio social.
El cine nacional
Las demandas al estado de incremento de presupuesto (o cumplimiento de
lo previsto en ley) para el fomento descentralizado de la producción
nacional de cine –o de audiovisuales-, así como mecanismos regulatorios
de fomento para hacer más competitivo el cine nacional ante el cuasi
monopolio de las películas de Hollywood, eran demandas recurrentes desde
mucho tiempo. Pero con la creación del Ministerio de Cultura, en el
último año de gobierno aprista, se dio un salto cualitativo para atrás.
Se pretendió consumar las políticas neoliberales como en los otros
sectores económicos y sociales. Se promovió la promulgación de una ley
en el Congreso favorable a los “majors” (las grandes distribuidoras)
estableciéndose que, a condición de bajar a 0% su tasa de impuestos,
realicen, en la práctica, un aporte voluntario o donativo para
contribuir con los fondos para promover el cine nacional. Junto a la
disolución de CONACINE –entidad más representativa del cine nacional- y
su sustitución por una entidad burocrática y autoritaria, conllevó a la
pérdida de presupuesto y al manejo caprichoso de los incentivos para el
cine nacional: suspensión arbitraria, hermetismo, cambio de jurados a
última hora, en los premios y concursos previstos, como lo denuciaran
diversos comunicados de la Unión de Cineastas del Perú.
”Por suerte esta iniciativa (la ley favorable a los majors) no llegó a prosperar…, porque hubiera significado la privatización
del apoyo cultural al decretarse adicionalmente la pérdida del
presupuesto de CONACINE”, dice un comunicado de la UCP del 28.07.2011.
Pero ya la propia Presidenta de la Comisión de Cultura del Congreso se
había pronunciado en diciembre de 2010: “No cabe duda tampoco de que la
ley aprobada por el Pleno es una ley lobbista promovida por las llamadas
“majors” (las cinco grandes distribuidoras). Con esto se completa la
dominación de nuestra cinematografía por Hollywood y sus empresas,
quienes, además de no pagar impuestos por el ingreso de las copias de
películas, transferirán a su matriz central US$ 5 millones adicionales
al año…, continuando, asimismo, con su política de relegar y maltratar
la presencia del cine nacional en las pantallas. Esta es una ley inédita
promovida por estas empresas”. Y el mismo comunicado de la UCP
concluye: “la creación del Ministerio de Cultura …no resultó muy
beneficiosa para la comunidad cinematográfica, pues la fusión por
absorción del CONACINE, establecida en el Decreto Supremo inicial del
ministerio, ha significado para todo efecto práctico la desaparición del
organismo oficial, recayendo las atribuciones y decisiones de la ley en
un funcionario, que ni siquiera pertenece al sector, acompañado de una
decorativa y finalmente irrelevante Comisión Consultiva Nacional de
Cinematografía (COCONACINE).”
Y es que, sintomáticamente, quien
como Director General de Industrias Culturales y Artes ha tenido
protagonismo en todo este proceso de halo privatista en lo relacionado
al cine nacional, ha sido un economista, experimentado funcionario
público que ya había sido influyente asesor en el Ministerio de la
Producción y en el manejo de las políticas de Turismo del régimen
saliente. “Es pertinente tomar en cuenta estos antecedentes –concluye el
comunicado de la UCP del 27.07.11- cuando existe una corriente de
opinión, de la que es parte el ministro saliente Juan Ossio, de reunir
la cultura y el turismo en un solo ministerio”. Se refiere, claro está,
al criterio puramente mercantil como se manejó el rubro del turismo con
el patrimonio cultural en las otras áreas.
La nueva gestión que
ha sustituido a alguien que era ajeno al sector por un cineasta
–Christian Wiener- en la dirección general de Industrias Culturales, en
cuyas propuestas trasluce la convicción de convertir al estado en eje
para el crecimiento democrático del cine nacional y recuperar su
perspectiva artística y de identidad nacional y multicultural, augura
mejores perspectivas para el cine peruano. Porque no hay otra forma de
pretender el desarrollo nacional del cine que no sea la dualidad
promoción estatal y arte. El cine nacional sólo puede legitimarse como
alternativa -ante el posicionamiento de facto de las grandes industrias
culturales internacionales- con un cine que reivindique su identidad
nacional y la diversidad cultural o regional, en una lucha por recuperar
la naturaleza del arte como fuente de enriquecimiento espiritual,
humanización y contribución al desarrollo social. Precisamente porque la
alternativa puramente lucrativa dominante en el mundo es la que ha
traído la desigualdad de desarrollo entre los países y la enajenación y
deshumanización cultural.
Hay una actitud cínica o una
confusión de algunos productores o actores mediáticos peruanos que, ante
el alejamiento del público de las salas, pretenden que el remedio sea
ser más machaconamente comercial pues el público “sólo quiere pasar un
buen momento y basta”, que el cine peruano está mal “porque todos
quieren ser Felline”. Cuando es precisamente lo contrario. La escuela de
cine del Cusco de los años 50-60 señaló el camino a tomar con un cine
documental, y asimismo de ficción, pero de profundo raigambre andino, o
popular, que fue el fervor del público cusqueño y también limeño.
“Cuando se estrena “Kukuli” en el cine Le París –dice uno de sus
integrantes, el camarógrafo Luis Vignati- las colas eran enormes. Por
primera vez se veía en el cine a gente campesina…, a gente de los
barrios periféricos de Lima… Era la primera cinta hablada en quechua…”
Pero aun cuando en los 80, o en períodos recientes, se ensayó buen cine
hemos visto la respuesta del público, como la vemos en otras regiones de
América Latina. Lo que ocurre es que el cine nacional mendicante tiene
una ínfima participación en el circuito de cine en el Perú. Y además se
pretende competir recurriendo a propuestas manidas, gastadas, que
apelan, muy huachafamente, a los patrones de sexo y violencia del cine
americano, con el ingrediente de lo grotesco como sello propio.
El fomento para una cobertura bastante mayor de participación en la
pantalla nacional, unida necesariamente a una mejor propuesta de
identidad cultural y artística, harán no sólo “competitivo” el cine
nacional, sino que contribuirá a una verdadera cultura de masas y a un
acercamiento auspicioso a otros países de nuestra región latinoamericana
y, porque no, mundial.
Epílogo
La política
neoliberal ha significado una amenaza letal, y lo sigue siendo, para el
desarrollo cultural del país, pero porque lo ha sido para las
condiciones materiales y sociales de existencia. Así como lo viene
siendo en el mundo. Deprimió no sólo la condición educativa y cultural,
moral y ética, así como el patrimonio cultural heredado y el quehacer
artístico de las instituciones locales, sino que está afectando el
ecosistema particularmente de las culturas vivas, de los pueblos
originarios ubicados en las zonas de explotación de los recursos
naturales. Amenaza del ecosistema que, naturalmente, no sólo depreda a
las culturas vivas, sino que, con ellas, involucra la existencia humana
en general.
Pero el efecto de desequilibrio humano ecológico se
ve también en la ciudad, además del campo, no solo por la pauperización
social, se da también transversalmente, afectando todo el espectro de
la sociedad, con el perjuicio que las empresas liberalizadas hacen
contra la calidad alimentaria y de salud –recientemente la penetración
de transgénicos-, con la complicidad de un estado que desprotege
militantemente a los ciudadanos.
No obstante, nuevas
condiciones se abren que pueden permitir enrumbar hacia un
reordenamiento social más racional y humanizado. Y aquí, otra vez, antes
que sea demasiado tarde, la responsabilidad es transversal. Aunque el
protagonismo fundamental es de los pueblos y sus organizaciones y, en
esa carrera, los cultores del arte y la literatura tienen un rol
decisivo que jugar.
Arturo Bolívar Barreto es poeta, narrador, luchador social. Ha publicado Historia singular del profesor Chicho Rivasplata y otros cuentos (1997), la novela Gotita (2002), el libro de poesía Creciente hora nuestra (2010); así como artículos y comentarios.
Fuente: Revista Rebeliòn (1 / 11 / 2011)
Publicaciòn autorizada por el autor.
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