 Cuando
el remolino de los acontecimientos locales y globales tiende a
convertir la cotidianeidad en caos, opacando los caminos, la resistencia
de los abajos es el mejor norte para no perdernos en la turbulencia.
Esas resistencias permiten comprender tanto las estrategias de las
clases dominantes como los notables aprendizajes de los sectores
populares, indígenas y campesinos, rurales y urbanos, y el modo como
están resolviendo los errores del pasado y como están enrumbando la nave
de los procesos emancipatorios.
Raúl Zibechi publicado en La Jornada
Los guardianes de las
lagunas, las rondas campesinas, los frentes de defensa, provinciales y
departamentales y los comandos unitarios de lucha son algunas de las
expresiones organizativas de estos movimientos. Los paros locales, las
consultas comunales, los bloqueos de rutas para impedir la actividad de
las trasnacionales mineras, las marchas y enfrentamientos directos con
las fuerzas policiales y militares, son las formas de lucha empleadas
por las comunidades y pueblos en la defensa de la vida contra los
proyectos de muerte de empresas y gobiernos.
Los estados de excepción y la militarización de varias provincias se
saldaron con 17 muertos entre diciembre de 2011 y septiembre de 2012
según la Asociación Pro Derechos Humanos (Aprodeh). El gobierno de
Ollanta Humala aplica el Decreto 1095 emitido por el anterior gobierno
de Alan García que autoriza la intervención de las fuerzas armadas en el
control del orden interno y califica a los que protestan como grupo
hostil, mientras las violaciones a los derechos humanos cometidas por
las fuerzas represivas son juzgadas en tribunales militares.
La justicia altera las jurisdicciones de los procesos contra los
manifestantes, trasladando los juicios a otras provincias a las que los
familiares tienen grandes dificultades para trasladarse. Las grandes
mineras como Yanacocha y Antamina realizan convenios con el Estado para
emplear efectivos policiales en labores de seguridad privada, mostrando
cuál es el papel de los estados en este periodo de acumulación por robo,
destrucción y guerra. En el distrito de Kañaris, en la norteña sierra
de Lambayeque, en un solo día, el 25 de enero, la policía hirió a 24
campesinos durante un bloqueo de rutas para evitar que la canadiense
Candente Copper siga adelante con su proyecto de explotar tres
yacimientos de cobre.
Las estrategias represivas del arriba se combinan con políticas
sociales que en las regiones en conflicto se denominan Mesas de
Desarrollo a cargo de Ministerio de Energía y Minas. Hasta ahora se
instalaron en los departamentos de Apurímac, Cusco y Lambayeque, donde
existen proyectos mineros, con la finalidad de llevar la presencia del
Estado y mejorar la calidad de vida de la población y generar desarrollo
y trabajo, según confesó el viceministro de esa cartera, Guillermo
Shinno (Agencia Andina, 22 de enero de 2013). Pero el verdadero objetivo
de estos programas sociales, que no son exclusivos de los gobiernos
progresistas es, en boca de Shinno, evitar que estos elementos radicales
sigan trabando las inversiones y el desarrollo del país.
El último informe del Observatorio de Conflictos Mineros en el Perú
establece que 19 por ciento del territorio nacional fue concesionado a
la minería y que los conflictos sociales vinculados a la minería se han
convertido en conflictos políticos de envergadura. El informe concluye
que la estrategia de abordaje de los conflictos desde el Estado no ha
variado mucho: la principal hipótesis que se maneja desde el Estado y
que intenta explicar los conflictos es la del complot, es decir, que
todos los conflictos responderían a las mismas causas y desarrollan
idénticas estrategias antimineras (cooperaccion.org.pe, 17 de diciembre
de 2012).
Luego de más de un año de resistencia al proyecto aurífero Conga, el
centro de la protesta se ha trasladado al distrito de San Juan de
Kañaris, en el norteño departamento de Lambayeque, que tiene 96 por
ciento de su superficie concesionada a la minería. Kañaris tiene 15 mil
habitantes en 38 caseríos, dos tercios de los cuales sólo hablan
quechua. El 30 de septiembre la población organizó una consulta
ciudadana en la que 95 por ciento de la comunidad rechazó los proyectos
mineros y el 20 de enero realizaron un paro regional con apoyo del
Comando Unitario de Lucha de Lambayeque.
Cuatro elementos a tener en cuenta. El primero es que la consulta se
ha convertido en método de lucha, pero no tiene ninguna relación con el
sistema electoral: busca mostrar la cohesión comunitaria contra la
minería, no es un mecanismo estatal sino comunitario y popular a través
del cual se afianzan posiciones y aliados. El segundo es la aparición de
nuevas formas de acción como las que encarnan los guardianes de las
lagunas, estrechamente vinculados a las rondas campesinas, quienes
acampan por turnos a 4 mil metros de altura, desafían los vientos y el
frío, la represión y a las empresas, para proteger las fuentes de agua y
vida.
El tercero es que estos movimientos territoriales están formando una
camada de dirigentes jóvenes, con elevada presencia femenina, fuerte
ligazón comunitaria y sólido control de las bases. Por último, como
apunta Hugo Blanco, los grupos locales tienen ventajas porque son más
representativos de las luchas reales y son los pasos iniciales para un
reagrupamiento por abajo. Lo que el sistema político califica como
fragmentación y localismo incapaces de modificar la correlación de
fuerzas es un modo de eludir la burocratización y la cooptación propias
de las grandes estructuras organizativas, porque los de abajo quieren
controlar más y más a sus dirigentes.
La coordinación se da en las luchas, durante las que se abren
espacios de interconexión para potenciar las acciones, que luego se
disuelven para que no sean apropiadas por extraños. Son algunas de las
lecciones aprendidas por los-de-abajo-en-movimiento en las dos últimas
décadas, para garantizar la cohesión comunitaria, sin la cual no hay ni
habrá cambios.
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