Latinoamérica
- Perú Viernes 11 de Noviembre de 2011 12:42
Las movilizaciones en defensa de los
derechos de las comunidades contra la imposición y los impactos de la minería
se multiplican en todo el Perú: en las regiones de Cajamarca, Ancash y Apurímac
los conflictos se agudizan. Y solo cuando estos estallan el gobierno llama al
diálogo, pero advirtiendo que "los contratos serán respetados". ¿Y
los derechos no se respetarán? ¿Dónde está entonces la "gran
transformación" respecto de gobiernos anteriores?
Por Coordinadora Andina de
Organizaciones Indígenas – CAOI
Los problemas con la minería, que
constituyen la mayor parte de los conflictos sociales en el Perú, continúan.
Las minas se instalan en las cabeceras de cuenca, afectan las actividades de
subsistencia de los pueblos indígenas (agricultura, ganadería). Desde la
dictadura de Alberto Fujimori (1992-2000), los gobiernos sucesivamente han otorgado
todas las facilidades a la inversión minera, lo que se ha traducido en impactos
ambientales y sociales, daños a la salud, despojo de territorios, etc.
Los pueblos votaron y le dieron el
triunfo al actual gobierno porque éste prometió revisar los temas mineros. En
un mitin de campaña en Bambamarca (región Cajamarca, donde el proyecto minero
Conga ha despertado un rechazo generalizado), el 2 de mayo del 2011, el hoy
presidente Ollanta Humala dijo textualmente: "Yo me comprometo a respetar
la voluntad de Bambamarca y Hualgayoc con respecto a la minería. Se va a
respetar las actividades de la agricultura, la ganadería, el agua para todos
los peruanos...".
Pero ahora el Presidente de su
Consejo de Ministros, Salomón Lerner Ghitis, dice que el proyecto minero Conga
está aprobado y solo se va a dialogar con la población. Es decir, sigue la
misma práctica de los gobiernos anteriores: se espera que estalle el conflicto
y se dialoga, pero la imposición continúa, acompañada de la represión.
Los conflictos de Cajamarca, Ancash
y Apurímac se suman a tantos otros latentes que ya han ocasionado muertes,
procesos judiciales, persecuciones, torturas, amenazas...
Ninguno de los proyectos mineros
causantes de estos conflictos ha sido sometido a la consulta de las comunidades
afectadas, como lo ordena el Convenio 169 de la OIT del cual el Perú es Estado
parte. Por tanto, todos son ilegales. Deben revisarse todas y cada una de las
concesiones mineras otorgadas y someterlas a consulta. Para eso no hace falta
una ley o un reglamento, el Convenio 169 es de cumplimiento obligatorio por sí
mismo, porque tiene fuerza constitucional.
El nuevo gobierno está en la
obligación de revisar todos los contratos y concesiones relacionados con la minería.
Tiene que cumplir con su palabra. De lo contrario, su consigna de "gran
transformación" (e incluso la de "inclusión social") será solo
un discurso hueco más. Y los pueblos están cansados de tantos y tantos años de
promesas incumplidas...
Lima, 10 de noviembre del 2011
Miguel Palacín Quispe
Fuente: Web No a la mina
Imagen: Carlín
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