Las muertes de seis compatriotas en Juliaca y las de numerosos otros caídos también en conflictos socioambientales pesarán en las conciencias de los integrantes de la gris y desprestigiada mayoría del Congreso próximo a terminar, con más pena que gloria, sus funciones.
Esos legisladores son de alguna manera culpables indirectos de esas tragedias, porque no estuvieron a la altura de sus deberes y de su juramento de servicio a la Patria y los electores, al no haber cumplido con aprobar con mayor antelación la Ley de Consulta.
Tampoco tuvieron el coraje ni la decisión que exigía la gravedad de la crisis social del país, para hacer respetar sus fueros cuando, aprobada esa ley por amplia mayoría tras la desgracia del “Baguazo”, el gobernante obsesionado en servir a intereses foráneos observó la legislación y la mandó al limbo, a la congeladora.
El agónico Congreso está a punto de cesar para dar paso a uno nuevo, sin haber decidido, por la falta de voluntad o por la intención aviesa de la mayoría, la ratificación de la Ley de Consulta, ignorando las observaciones presidenciales que la desnaturalizaban, o, en todo caso, la aprobación de una nueva con modificaciones emanadas de la soberanía del Poder Legislativo.
El resultado de la ausencia de esa ley ha sido la exacerbación de los conflictos y su represión sangrienta, así como en el caso de Puno, la aplicación de la consulta previa por la fuerza de la protesta social, que ciertas voces tratan de satanizar y descalificar con alegatos que lindan con el racismo.
Hay quienes, como el líder de la protesta aimara de las provincias del sur de Puno y una diputada indígena nacionalista, piensan que todavía están a tiempo los parlamentarios para reivindicarse ante la ciudadanía y ratificar la Ley de Consulta en la legislatura extraordinaria de la próxima semana, dedicada a temas de menor importancia que la citada legislación.
Por cierto, la actitud censurable de la mayoría parlamentaria que motiva estas líneas de ninguna manera exime de responsabilidades al gobierno que provocó los conflictos con su política del “perro del hortelano”, al entregar concesiones mineras y petroleras sin tener en cuenta la opinión ni los intereses de las comunidades andinas, amazónicas y costeñas.
El gobierno que se va no solo es responsable de haber provocado la violencia y las muertes por no solucionar con el diálogo los conflictos sociales, sino también por haberse negado a la consulta previa pese a que lo obligaba el Convenio 169 de la OIT que, al haber sido firmado por el estado peruano, tiene fuerza de ley interna según la Constitución nacional.
La necesidad de una ley específica es producto, en tal sentido, de la argucia gubernamental que alega no poder aplicar la consulta previa por no existir una legislación específica que la hiciera operativa.
Fuente: diario La Primera, jueves 30 de junio 2011
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