Las muertes causadas por la desidia criminal de quien
nos gobierna, que llenan de indignación al país entero, de ninguna
manera deben quedar impunes. Por más que el principal responsable apele a
su destreza en la palabra para tratar de convertir, con cínica
alquimia, la indignación popular contra el régimen insensible que
encabeza, en una supuesta intriga política contra el gobierno de su
sucesor, evidentemente para lavarse las manos.
En el afán de eludir sus indudables culpas, ha llegado a insinuar, a coro con los sectores más oscuros del conservadurismo, que el cambio de gobierno a una administración de signo popular, ha dado pie a que se desaten supuestos “oscuros intereses” que quieren espacios de poder y para ello presionan al nuevo gobierno. Le faltó decir, como ciertos cronistas de la derrota y la mentira, que los conflictos expresan supuestamente contradicciones en el campo de la nueva administración.
En la medida de la gravedad de la responsabilidad del Presidente saliente, la pertinencia legal de una acusación constitucional en su contra es defendida por quienes piensan que hay elementos que pueden convertirse en indicios y evidencias para que vuelva a enfrentar a la justicia, por las muertes que elevan la cuenta fatal de su administración a casi cien en cinco años, un promedio nada envidiable para gobiernos surgidos de las urnas.
De cualquier manera, un pueblo entero lo señala con el dedo como responsable, por haber visto cómo el gobierno dejaba pasar, como otras veces, semana tras semana, meses y hasta años, sin resolver la demanda social de los pueblos puneños contra la minería que envenena el agua, los cultivos y el ganado, matando la tierra y el lago que son la esencia de su identidad para obligarlos a emigrar por necesidad de supervivencia.
El país entero asistió al indignante espectáculo de un presidente que prefería la palabrería hueca, las palabras floridas sobre obras supuestamente realizadas y el disfrute de la sensualidad del poder, al cumplimiento del deber de mantener el país en paz; para después, cuando los conflictos lo desbordaban, dar nuevamente la orden de disparar a matar, que es difícil que se haya cumplido de no haber venido de la cumbre de la cadena de mando.
No sería, por cierto, LA PRIMERA vez que tiene cuentas con la justicia quien apeló a la prescripción para eludirla, por acusaciones de corrupción en su primer gobierno, del que quedan matanzas por dilucidar y por las que jamás ha sido absuelto, como gusta afirmar con medias verdades y mentiras completas.
Esperemos que esta vez no vuelva a primar la impunidad y el principal culpable de las muertes, las de Puno y las de Huánuco, sea esta vez castigado, sea con la condena judicial, sea con la condena social del repudio ciudadano.
En el afán de eludir sus indudables culpas, ha llegado a insinuar, a coro con los sectores más oscuros del conservadurismo, que el cambio de gobierno a una administración de signo popular, ha dado pie a que se desaten supuestos “oscuros intereses” que quieren espacios de poder y para ello presionan al nuevo gobierno. Le faltó decir, como ciertos cronistas de la derrota y la mentira, que los conflictos expresan supuestamente contradicciones en el campo de la nueva administración.
En la medida de la gravedad de la responsabilidad del Presidente saliente, la pertinencia legal de una acusación constitucional en su contra es defendida por quienes piensan que hay elementos que pueden convertirse en indicios y evidencias para que vuelva a enfrentar a la justicia, por las muertes que elevan la cuenta fatal de su administración a casi cien en cinco años, un promedio nada envidiable para gobiernos surgidos de las urnas.
De cualquier manera, un pueblo entero lo señala con el dedo como responsable, por haber visto cómo el gobierno dejaba pasar, como otras veces, semana tras semana, meses y hasta años, sin resolver la demanda social de los pueblos puneños contra la minería que envenena el agua, los cultivos y el ganado, matando la tierra y el lago que son la esencia de su identidad para obligarlos a emigrar por necesidad de supervivencia.
El país entero asistió al indignante espectáculo de un presidente que prefería la palabrería hueca, las palabras floridas sobre obras supuestamente realizadas y el disfrute de la sensualidad del poder, al cumplimiento del deber de mantener el país en paz; para después, cuando los conflictos lo desbordaban, dar nuevamente la orden de disparar a matar, que es difícil que se haya cumplido de no haber venido de la cumbre de la cadena de mando.
No sería, por cierto, LA PRIMERA vez que tiene cuentas con la justicia quien apeló a la prescripción para eludirla, por acusaciones de corrupción en su primer gobierno, del que quedan matanzas por dilucidar y por las que jamás ha sido absuelto, como gusta afirmar con medias verdades y mentiras completas.
Esperemos que esta vez no vuelva a primar la impunidad y el principal culpable de las muertes, las de Puno y las de Huánuco, sea esta vez castigado, sea con la condena judicial, sea con la condena social del repudio ciudadano.
Fuente: Diario La Primera, domingo 26 de junio del 2011.
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