Los miembros del gobierno y parlamentarios oficialistas están enfrascados en pugnas electoreras que los peruanos deploran y que van cobrando cariz de telenovela o simple sainete; mientras siguen sin resolverse las demandas urgentes de la ciudadanía, cuyas preocupaciones se agrandan con un grave anuncio que puede agudizar el problema de las alzas de precios, con su secuela de daño a la economía ciudadana y a la estabilidad económica del país.
Un grupo de empresas azucareras de la región de Lambayeque han tomado la decisión de entrar en huelga indefinida para exigir al Presidente de la República que deje sin efecto sus observaciones y apruebe una ley de protección patrimonial -que protege a esas empresas de acciones de acreedores- por otro año; norma aprobada por acuerdo multipartidario en el Congreso.
Independientemente de las discrepancias que la norma pueda generar y de los juegos de intereses que puedan entrecruzarse en el complejo tema, lo cierto es que, una vez más, el Poder Ejecutivo ha dejado crecer un problema hasta que se ha convertido en un dolor de cabeza para la sociedad y el país entero.
Porque la citada huelga, justa para quienes la han decidido y para las organizaciones lambayecanas que proyectan sumarse a la protesta, significará una menor producción de azúcar, una merma de la oferta de tan indispensable alimento en los mercados y, por tanto, previsibles acciones especulativas que harán encarecer el producto, según lo indican la lógica económica y, sobre todo, la experiencia sufrida en situaciones similares.
Sin caer en el alarmismo, tal situación no solo agudizará las alzas de precios, que continúan en una cadena fatal iniciada con aumentos claves como los de los combustibles y la energía eléctrica, sin que los responsables hayan tenido la responsabilidad y la eficiencia de buscar otro tipo de soluciones a los problemas que las provocaron.
Se debe tener en cuenta que la escalada alcista y especulativa daña sobre todo a quienes en situaciones de crisis quedan absolutamente desamparados, los que menos tienen, sin reservas de ningún tipo para capear temporales económicos, y el malestar social que ello cause puede tener consecuencias de gravedad imposible de pronosticar.
Urge, por tanto, que quienes han recibido del pueblo la misión de gobernar, tomen medidas y soluciones prontas, en lo concreto para la grave problemática del sector azucarero que, en medio de intereses poderosos de índole política y económica, sigue sin resolverse al cabo de varios años de soluciones analgésicas que no van al fondo de la cuestión.
Lo exigen no solo los trabajadores azucareros, hartos ya de tanta incertidumbre, sino un país entero que no quiere volver a los días negros del caos económico y social que todos hemos decidido dejar atrás.
Un grupo de empresas azucareras de la región de Lambayeque han tomado la decisión de entrar en huelga indefinida para exigir al Presidente de la República que deje sin efecto sus observaciones y apruebe una ley de protección patrimonial -que protege a esas empresas de acciones de acreedores- por otro año; norma aprobada por acuerdo multipartidario en el Congreso.
Independientemente de las discrepancias que la norma pueda generar y de los juegos de intereses que puedan entrecruzarse en el complejo tema, lo cierto es que, una vez más, el Poder Ejecutivo ha dejado crecer un problema hasta que se ha convertido en un dolor de cabeza para la sociedad y el país entero.
Porque la citada huelga, justa para quienes la han decidido y para las organizaciones lambayecanas que proyectan sumarse a la protesta, significará una menor producción de azúcar, una merma de la oferta de tan indispensable alimento en los mercados y, por tanto, previsibles acciones especulativas que harán encarecer el producto, según lo indican la lógica económica y, sobre todo, la experiencia sufrida en situaciones similares.
Sin caer en el alarmismo, tal situación no solo agudizará las alzas de precios, que continúan en una cadena fatal iniciada con aumentos claves como los de los combustibles y la energía eléctrica, sin que los responsables hayan tenido la responsabilidad y la eficiencia de buscar otro tipo de soluciones a los problemas que las provocaron.
Se debe tener en cuenta que la escalada alcista y especulativa daña sobre todo a quienes en situaciones de crisis quedan absolutamente desamparados, los que menos tienen, sin reservas de ningún tipo para capear temporales económicos, y el malestar social que ello cause puede tener consecuencias de gravedad imposible de pronosticar.
Urge, por tanto, que quienes han recibido del pueblo la misión de gobernar, tomen medidas y soluciones prontas, en lo concreto para la grave problemática del sector azucarero que, en medio de intereses poderosos de índole política y económica, sigue sin resolverse al cabo de varios años de soluciones analgésicas que no van al fondo de la cuestión.
Lo exigen no solo los trabajadores azucareros, hartos ya de tanta incertidumbre, sino un país entero que no quiere volver a los días negros del caos económico y social que todos hemos decidido dejar atrás.
Diario La Primera, domingo 9 de enero 2011
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