 Al
concluir su primer año de gestión el gobierno del presidente Ollanta
Humala parece encontrarse en una crisis permanente a raíz de su
incapacidad de resolver un conjunto de conflictos y demandas sociales.
La represión brutal de protestas en torno a la minería en los
departamentos de Cusco y Cajamarca en los últimos meses sugiere una
tendencia autoritaria dentro del gobierno, y apunta al abandono de la
agenda de cambios con la que ganó las elecciones el líder nacionalista.
Por el contrario, el deseo de una "gran transformación" aún está
presente en las protestas difundidas por todo el país. Por lo tanto el
cambio de gabinete no resolverá el escenario de conflictos sociales si
no viene acompañado por una serie de políticas distintas.
Por: Raphael Hoetmer miembro del Programa Democracia y Transformación Global
Aunque en los últimos meses se han movilizado profesores, pesqueros,
trabajadores, mujeres y estudiantes, las protestas que tuvieron mayor
impacto fueron las relacionadas con las industrias extractivas. En el
departamento norteño de Cajamarca, las movilizaciones en contra del
megaproyecto Conga ya se han prolongado por más de ocho meses. El
proyecto, impulsado por el consorcio Yanacocha -con participación de
Newmont de Canadá y de la Corporación Financiera Internacional del Banco
Mundial- amenaza un sistema de lagunas y fuentes de agua en las alturas
de Cajamarca, mientras que la mayoría de la población afectada no ve
beneficios reales en la actividad minera.
Las protestas en Cajamarca han persistido tras la ruptura del
diálogo, a finales de 2011, entre el gobierno nacional y las autoridades
regionales, quienes se oponen al proyecto, inclusive después de que el
gobierno de Humala impusiera una serie de exigencias adicionales a
Yanacocha, entre otras la de asegurar el acceso de agua a la zona,
reemplazando las lagunas afectadas con reservas adicionales. En
respuesta a las protestas, el gobierno ha declarado ya dos veces estado
de emergencia, decenas de líderes sociales y políticos se encuentran
enjuiciados (inclusive el presidente regional Gregorio Santos), los
fondos del gobierno regional han sido bloqueados por el gobierno
central, y se han reportado continuamente casos de represión por parte
de la policía.
Al inicio del mes de julio, la polarización del conflicto desembocó
en enfrentamientos entre policías, militares y la población local, dando
paso a una violenta represión que dejó cinco personas muertas. El líder
ambientalista Marco Arana fue detenido de manera violenta (y liberado
pocos días después), y de nuevo se decretó estado de emergencia. Las
protestas continuaron, y el gobierno nacionalista optó por retroceder de
manera temporal, pidiendo al Monseñor Cabrejos y al Padre Garatea
facilitar un diálogo con las autoridades políticas y dirigentes sociales
de la zona. Sin embargo, hasta ahora ambos campos han persistido en su
posición particular frente al proyecto, y los facilitadores insisten en
que una solución va a demorar y que no depende de ellos.
La violencia en Cajamarca vino poco después de que protestas masivas
en contra de la contaminación ambiental y el aporte deficiente de la
minera XStrata al desarrollo local en la provincia de Espinar en Cusco
resultaron en enfrentamientos con la policía, dejando dos personas
muertas y decenas de heridos. Una vez más el gobierno central declaró
estado de emergencia, bloqueó los fondos del gobierno provincial, y el
alcalde provincial Oscar Mollehuanca fue detenido de manera violenta por
decenas de policías
Al mismo tiempo fueron detenidos los dirigentes principales de la
protesta, y dos defensores de derechos humanos de la Vicaría de
Solidaridad Sicuani (1). Pese a la demanda de prisión preventiva, fueron
liberados en las semanas posteriores a los enfrentamientos. En Espinar
fue instalada una mesa de diálogo con los dirigentes y autoridades
locales para buscar una salida al conflicto.
Protestas contra Conga marcan un hito dentro del gobierno y los movimientos sociales
Desde hace algunos años las disputas por el territorio y el control
de los bienes comunales – a los que llamamos conflictos
eco-territoriales (Svampa 2011) – representan la mayor parte de los
conflictos sociales en el país. (2) Su impacto en la agenda política y
social se ha encontrado en aumento durante los últimos meses. El
analista y ex viceministro del ambiente en el gobierno de Humala, José
de Echave, plantea que los conflictos se han vuelto más intensos en
varios sentidos: "Las consecuencias políticas de los conflictos son
mayores que antes. Nunca se había caído un gabinete por un conflicto
minero, y ya vamos dos en el Perú, entendiendo que el premier Valdés
también ha sido reemplazado por no haber podido resolver al caso Conga. A
raíz de Espinar, se rompió la bancada oficialista. (3) A la vez, las
protestas plantean una agenda más programática. No rechazan sólo un
proyecto determinado, sino plantean cada vez más la necesidad de
políticas distintas."
Una reconstrucción del primer año de gobierno de Humala revela que su
administración ha sido determinada, en gran medida, por la relación con
las empresas mineras. En uno de los primeros actos del gobierno, se
anunció públicamente un aumento en los impuestos del sector minero para
respaldar los programas sociales que Humala pretendía impulsar. Sin
embargo, todo indica que el presidente se comprometió a un respaldo
firme a favor de la minería, inclusive en casos de proyectos
controversiales que se encontraban postergados o en problemas de
implementación. Bajo los gobiernos de Toledo y García, proyectos en
Ayavaca, Huancabamba, Tambogrande, Cajamarca e Islay no lograron
prosperar por la oposición de las poblaciones locales. En este contexto,
Conga se presenta como una prueba para que el gobierno nacionalista
pueda mostrar su compromiso con el modelo económico actual, desplegando
una serie de estrategias distintas que permitan un avance en donde los
gobiernos de derecha no pudieron.
A la vez, la oposición a Conga marca un hito para el proceso de
reconstrucción de la organización social peruana. Aparte de la duración y
fuerza de la lucha, se destaca que las distintas tendencias políticas
dentro de la protestas han sabido mantener la unidad en la acción
durante meses. El Comité Unitario de Lucha garantizó, además, un
escenario de protestas ejemplarmente pacíficas, simbólicas y
controladas, evitando confrontaciones directas con las fuerzas del
orden, pese a provocaciones de todo tipo.
También se ha mantenido un nivel de coordinación entre los dirigentes
sociales, la mayoría alcaldes de la zona de influencia del proyecto y
el propio presidente regional (el ex dirigente social Gregorio Santos),
quienes se han sumado continuamente al campo opositor del proyecto. Y
con la Marcha Nacional por el Agua (que se realizó en febrero) y una
iniciativa de ley para declarar el agua como un derecho humano y
proteger las cabeceras de Cuenca, la lucha cajamarquina se volvió
nacional y ahora encierra un fuerte contenido programático. Además, para
respaldar la protesta social, fueron realizadas investigaciones,
publicaciones y campañas mediáticas que cuestionaron de manera
contundente el discurso del gobierno que afirma que la disponibilidad
del agua no se encuentra en peligro por el proyecto. Todo esto muestra
la lucha de Cajamarca como un enorme avance cualitativo para los
movimientos sociales peruanos en términos organizativos, políticos y
programáticos.
¿Gobierno minero-militar?
Lo ocurrido en los últimos meses presenta grandes interrogantes sobre
el rumbo del gobierno nacionalista. El reconocido analista político
Santiago Pedraglio se preguntó, tras el violento arresto del alcalde de
Espinar Oscar Mollehuanca, si estábamos viendo la conformación de un
gobierno minero-militar (4), mientras que José Carlos Ubilluz de la
Universidad Católica planteó de manera provocadora que nadie debería
sorprenderse, y que más bien era hora de despertarse del sueño
democrático: "Todo aquél que se oponga al avance del capital, incluso si
lo hace en nombre del medio ambiente y la salud de las comunidades, es
enemigo del estado y será tratado como tal" (5).
Sin lugar a duda, Cajamarca y Espinar parecen indicar una forma de
tratar las protestas y los conflictos sociales como algo que se debe
criminalizar y reprimir. Esto va más allá de la judicialización de los
líderes sociales o de la construcción de marcos legales que lo
facilitan. También incluye las declaraciones de estados de emergencia,
el amedrentamiento a las autoridades locales y regionales por parte del
gobierno central, y las campañas de deslegitimación (hasta satanización)
de las protestas en los medios masivos de comunicación y por políticos
oficialistas y de derecha. A ello se suma la creciente militarización de
las protestas, el uso de seguridad privada por parte de las empresas, y
los convenios que facilitan que la policía preste servicios de
seguridad a empresas extractivas. Esta política ya ha costado la vida de
quince ciudadanos partícipes de las protestas desde que Ollanta Humala
asumió la presidencia.
Por esto no resulta exagerado que Pablo Sánchez de Grufides (6) de
Cajamarca sostenga que: "Hay un accionar y pensar militar que sostiene
la intervención del gobierno, y que pone a la institucionalidad
democrática misma en juego". Sánchez llamó la atención a los maltratos e
insultos cotidianos por parte de la policía y los militares durante las
protestas en Cajamarca. Los vídeos de una policía pateando una olla
común y golpeando a las mujeres que preparaban comida para los
manifestantes, y de otro policía respondiéndole a una mujer campesina
que exigía una explicación a la violencia ejercida contra ella: "porque
son perros, concha su madre", son sólo dos de decenas de ejemplos. Jaime
Borda, activista de la Vicaría de Solidaridad Sicuani, quien fuera
detenido arbitrariamente en un puesto policial dentro de una propiedad
de la empresa XStrata, plantea: "me ha sorprendido y preocupa
enormemente que diez años después del fin de la dictadura, la policía
sigue actuando de la misma manera."
El reemplazo del Primer Ministro Oscar Valdés por el Ministro de
Justicia Juan Jiménez – quien tiene un perfil más abierto al diálogo –
es un claro reconocimiento del agotamiento del camino de la fuerza como
método único para viabilizar los grandes proyectos de inversión. Sin
embargo, transformar el escenario de conflictos sociales en el país
requiere de políticas distintas que permitan que el Estado asuma su rol
de garante de derechos por encima de su papel de facilitador de
inversiones. Las propuestas para estas políticas están presentes en las
agendas y plataformas de la sociedad civil y protestas como las de
Cajamarca y Espinar. Sin embargo, su ejecución requiere de una voluntad
política firme de la que parece carecer el presidente Humala. La
detención arbitraria y violenta del periodista cajamarquino Jorge Chávez
el 28 de julio indica más bien la continuidad de la política de
criminalización de las protestas.
¿Conga va o no va?
Mientras tanto la gran pregunta "Conga va o no va" sigue sin
respuesta. Una perspectiva histórica al conflicto da indicios de que
puede ser muy difícil que el proyecto prospere, por lo menos durante los
próximos años, principalmente por tres razones. Primero, la brutal
actuación de la policía y la prepotencia de los representantes de la
empresa minera en sus actuaciones públicas. Las protestas ya no sólo son
en contra del proyecto Conga, sino para defender la dignidad regional,
como evidencian las impresionantes imágenes de los funerales de las
víctimas de la represión. Este tipo de lucha tiene una base social
mayor, y se nutre de una identidad e indignación colectiva difícil de
quebrar.
En segundo lugar, las rondas campesinas – el eje vertebral de la
protesta cajamarquina – siguen ejerciendo un control territorial
significativo en la zona de influencia de la minera. En décadas pasadas
lograron derrotar al abigeo y luego impidieron que la organización
Sendero Luminoso entrara al norte del país. En palabras del reconocido
reportero Gustavo Gorriti: "La fuerza del campo en ese departamento
donde se supone que hay mucho y falta tanto, es su organización. (...)
Pensar que se los va a avasallar con prepotencia y amenazas es añadir la
estupidez a la ignorancia" (7). Finalmente, contrario a lo que plantean
los medios masivos en el país, tras décadas de minería, en Cajamarca (y
particularmente en la provincia de Hualgayoc) la población sabe
perfectamente porqué debe oponerse a nuevos proyectos mineros.
En este escenario vale la pena preguntarse si Newmont y
particularmente la Corporación Financiera Internacional del Banco
Mundial deberían persistir en el proyecto. ¿Cuáles son los costos
económicos, sociales y de imagen que están dispuestos a asumir? ¿Debería
permitirse la minería en zonas tan vulnerables y con poblaciones en
contra de ésta? ¿No termina dañándose inclusive la imagen de la propia
industria minera de esta forma? Queda claro que en realidad es el Estado
peruano el que debería ofrecer los mecanismos y marcos políticos para
tomar estas decisiones. El caso Conga deja en evidencia que los
instrumentos que el Estado peruano maneja están claramente agotados.
Notas
(1) Institución vinculada a la Iglesia Católica.
(2) La Defensoría del Pueblo habla de conflictos socioambientales. Para ver los informes: www.defensoria,gob.pe/temas.php?des=3.
(3) En protesta contra la violencia en Espinar renunciaron a la
bancada oficialista de Gana Perú dos representantes de Cusco (Verónica
Mendoza y Rubén Coa), uno de Cajamarca (Jorge Rimarachín), y los líderes
históricos de la izquierda Javier Diez Canseco y Rosa Mavila. Ellos
esperan constituir una bancada propia (para lo cual necesitan una
adhesión adicional) que persiste en la agenda de la gran transformación.
(4) Ver: peru21.pe/2012/06/01/impresa/espinar-gobierno-minero-militar-2026735
(5) Ver: derechoshumanos.pe/2012/07/¡despierte-de-su-sueno-democratico/
(6) El Grupo de Información y Formación para el Desarrollo Sostenible
(7) Ver: www.idl.org.pe/notihome/notihome01.php?noti=278.
Raphael Hoetmer es miembro del Programa Democracia y Transformación
Global www.democraciaglobal.org y colaborador con el Programa de las
Américas www.cipamericas.org
| 
0 comentarios:
Publicar un comentario