Por Carlos Alonso Bedoya
No puedo dejar de sentir indignación cuando veo que Telefónica del Perú chantajea al gobierno peruano, con poner una demanda en el CIADI, si es que queremos cobrarle lo que debe en impuestos no pagados. Pues aunque niega que haya enviado una petición al Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones (CIADI), ha dado las suficientes señales como para que nos quede bien claro lo que pasaría si no renovamos su contrato o si exigimos que pague lo que debe para hacerlo: una demanda multimillonaria contra el Perú, donde poco importa si su servicio es deficiente o si ya no queremos seguir pagando tanto por él.
Y cuando me pregunto qué es lo que está a la base de esta extorsión de cuello y corbata, una vez más me convenzo de que el neoliberalismo no es un sistema económico, sino un sistema de contratos para asegurar ganancias a los señores del capital.
Será porque la “ideología de la inversión” no permite distinguir lo conveniente de lo lesivo, y con una serie de candados legales lesiona la capacidad estatal de negociación frente a la inversión extranjera.
Tratados de Libre Comercio (TLC) y Tratados Bilaterales de Protección de Inversiones (TBI) que proliferan en el Perú con el cuento de la inversión, garantizan que las empresas como Telefónica, eludan políticas públicas soberanas, como las que quiere aplicar el gobierno nacionalista a la hora de cobrar a los morosos de la SUNAT.
Y el Ciadi es la fresa en el chantillí de ese sistema, porque es el mecanismo para arrinconar al Estado. Es una verdadera arma de fuego.
Por eso hasta un acto de justicia, como es cobrarle a Telefónica los más de 3 mil millones de soles que debe al fisco, se convierte en una herejía que activa todos candados neoliberales.
Así, la jurisdicción nacional se hace a un lado para ceder sus competencias al arbitraje internacional, siendo el Ciadi (creado en 1965 y vigente desde 1966 en el Banco mundial, mediante un convenio del cual forman parte o se han adherido muchos países del mundo), el más utilizado.
Pero incluso, no siendo signatario o contratante del Ciadi, si un país tiene un TBI o un TLC vigente, de seguro que está bajo su ámbito, pues todos estos instrumentos remiten al arbitraje de inversión en caso de una controversia. En el caso de Telefónica, el Perú, además de ser firmante del convenio del Ciadi, tiene un TBI con España.
Y como sabemos, la mayor parte de los casos que van allí, se han resuelto a favor de las reclamaciones de los inversionistas. Según datos del propio Ciadi, hasta la fecha, el 44 por ciento de sus procesos arbitrales han derivado en laudos dando lugar total o parcialmente a las empresas demandantes.
Hoy en día existe una gran preocupación por los efectos perjudiciales que pueden traer para la mayor parte de países sudamericanos, los procesos arbitrales en curso en el Ciadi.
De todos los casos de arbitraje pendientes en este organismo, la mayoría están dirigidos contra países de América del Sur, siendo Argentina, el país más demandado (26 casos). No es casualidad que precisamente la región que tiene gobiernos que empiezan a hacerle frente a las trasnacionales, haciendo respetar su soberanía y valer su capacidad de negociación, sea, al mismo tiempo, la más demandada.
En el caso del Perú, hay más de 5 casos de arbitraje en el Ciadi, siendo los de Doe Run (que imcumplió su Pama en La Oroya) y el de Convial Callao S.A. (los famosos peajes de Kouri) los más saltantes.
Lo que deberíamos hacer es denunciar el convenio del Ciadi y los Tratados que nos amarran a él, porque no es verdad que tengamos que tener TBI, TLC o estar bajo la jurisdicción del Ciadi para captar inversión privada. Esa es una gran mentira. Brasil no tiene nada de eso, ni está bajo el Ciadi y es, hoy por hoy, el mayor receptor de inversión extranjera directa de la región.
Fuente: Diario La Primera, domingo 13 de noviembre 2011
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