Por Rodrigo Montoya Rojas
Con este artículo cierro mi primera aproximación a los hechos que anuncian lo que será el gobierno de Ollanta Humala. Pareciera que el modelo económico no cambiará, que la “inclusión” será la bandera que flamee en su “hoja de ruta”, sin que nadie haya respondido a las preguntas quién incluye a quién y para qué. No basta el discurso para reemplazar en los próximos años la secular exclusión por la inclusión, aparentemente entendida hasta ahora como la atención paternalista a los pobres, siguiendo el ejemplo Brasileño del Partido de los Trabajadores. La cuestión de la nación aimara y los problemas no resueltos después de la rebelión de Bagua (2008-2009) siguen en lista de espera aunque para la coalición que gobierna es una mala, pésima, señal haberle entregado las comisiones de Pueblos andinos, amazónicos y afro descendientes, y de “cultura” a los “sabios Fujimoristas”, siguiendo la vieja tradición colonial-criolla de considerar esos temas como de última categoría.
Está ya sobre el tapete la cuestión de la consulta a los pueblos indígenas como requisito para abordar y tratar de resolver los graves problemas que afectan la vida misma de esos pueblos; es decir, sus condiciones materiales de vida, de cultura, de lengua y de libertad. El piso previo es el acuerdo 169 de La OIT, firmado por el estado peruano, que obliga a esa consulta. El fondo del tema se reduce a un punto capital. ¿Para qué se consulta? Si es para que los indígenas hablen y se diga luego que se les oyó y nada más o para tener en cuenta su punto de vista y el derecho que tienen de defender sus derechos. La clase política criolla quiere que la consulta previa “no sea vinculante”, lo que en jerga legal significa que no sirva para nada. Si se quiere ser coherente con una voluntad de cambio real, le corresponde al gobierno de Humala salir de la trampa de las empresas multinacionales, aprobar la consulta previa y aceptar que si los pueblos indígenas no quieren que una carretera, una hidroeléctrica o un centro petrolero, destruyan sus territorios, corresponde al buen gobierno aceptar esa posición y a otra cosa mariposa. Como he escrito muchas veces, lo que está en juego es la vida de los pueblos. ¿Preferimos que las empresas multinacionales sigan llenándose de dinero, o que los pueblos indígenas que organizaron ese espacio amazónico en miles de años, vivan decentemente? Si el camino escogido es este último, en buena hora, alas y buen viento, para no sufrir más a políticos como Alan García y Hernando Soto y sus “perros del hortelano”.
Ha quedado también pendiente la cuestión de la Constitución Fujimorista de 1993. “Que no la toquen”, clama la derecha con todas sus pieles porque sabe lo que perdería si con un mínimo de dignidad y honradez un buen gobierno cambie las reglas del juego para que, por ejemplo, el capital extranjero no vuelva a tener los mismos derechos que el capital nacional.
En las primeras tres semanas ha habido algunos gestos que merecen consideración y aplauso. El nombramiento de Susana Baca, una cantante y mujer maravillosa en el “Ministerio de Cultura” significa para el gobierno un extraordinario desafío para romper la colonialidad del poder. Que una mujer de apellido Quispe (Tania) dirija la SUNAT, clave para el pago de impuestos, es una buena señal. La rabia que tiene la derecha por ese nombramiento expresa su inmenso racismo. Me alegro de que el primer apellido de la guía telefónica de Lima llegue por primera vez a una institución como la SUNAT. Por el contrario, el silencio sobre Susana, expresa indiferencia, porque la derecha tiene la sartén por el mango en eso de “llevar la alta cultura” a los pueblos que por analfabetos o poco educados serían “incultos” y probablemente no tema cambio serio alguno. ¿Podrá Ollanta Humala hacer un buen gobierno en el preciso sentido de Guamán Poma de Ayala?
Fuente: Diario La Primera, sábado 27 de agosto del 2011.
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