Por Carlos Bedoya
No me cabe ninguna duda que uno de los anuncios más importantes del presidente electo de Perú, Ollanta Humala, este 28 de julio tendrá que ver con la materialización del derecho a la consulta en el Perú. Es decir, cumplir cabalmente con lo que manda el Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) y, por fin, contar con el consentimiento de las comunidades indígenas, campesinas o nativas a la hora de dar luz verde a la extracción de minerales, petróleo, gas, la construcción de centrales hidroeléctricas, el tendido de cables de trasmisión o la colocación de gasoductos en sus territorios.
A
decir verdad, no basta con firmar un convenio internacional o poner una demanda
judicial para que se garantice un derecho en el Perú. La población ha aprendido
que los derechos se conquistan. Y es de esta manera que el movimiento indígena
amazónico y las comunidades afectadas por la minería de la sierra y la costa
ganaron, pagando con sangre, la derogación de decretos, leyes o la retirada de
alguna concesión que vulneraba sus derechos o atentaba con su propia vida.
El
Baguazo del 2009 es quizá el mayor símbolo de esa conquista y también marca el
inicio del fin del periodo posfujimorista denominado “transición democrática”
que no pudo responder a las exigencias de la población con sus mesas de
diálogo, acuerdos nacionales, presupuestos participativos o planes concertados
de desarrollo. Pero, además, el Baguazo representa el momento en que
definitivamente los pueblos indígenas amazónicos del Perú se constituyeron como
un actor político capaz de torcerle el brazo a un gobierno al que no le
interesó incluirlos y respondía con balas a sus protestas.
Y
junto a otras luchas, como las de Majaz en Piura, Tía María en Islay, Inambari
en Carabaya o Paquitzapango en Satipo, han demostrado que los marginados por el
Perú oficial, los considerados como “ciudadanos de segunda clase” o “perros del
hortelano” no sólo a la hora de distribuir el crecimiento sino también de
participar en las políticas que los afectan directamente, decidieron irrumpir
en la escena pública y tomar lo que les pertenece.
Hoy
que empieza un nuevo periodo político con el inicio de un gobierno popular
podemos decir que ellos son los que han ganado. Y lo han hecho porque son
quienes han impuesto a su candidato como presidente en varios sentidos.
Provincias a Lima, pobres a ricos, campo popular a clase dominante, izquierda a
derecha, etc.
Basta
mirar el resultado de la votación válida obtenida por Ollanta Humala en las
zonas de conflicto social. Según la Oficina Nacional de Procesos Electorales
(ONPE), en el distrito de Cocachacra de la provincia de Islay en Arequipa
(conflicto Tía María) votó por Humala el 70.86 por ciento de la población en
primera vuelta, y en segunda vuelta el 80.44 por ciento. En la provincia de
Carabaya (conflicto Inambari), Humala alcanzó el 63.89 por ciento de la
votación válida en primera vuelta, y el 72.61 por ciento en la segunda. De
igual forma, en Espinar, Cusco (conflicto agua para Majes), 61.77 y 76.11 por
ciento, en Tayacaja, Huancavelica (conflicto por la universidad), 65.88 y
76.90 por ciento, en Barranquita, Lamas, San Martín (conflicto contra Grupo
Romero), 69.89 y 73.90 por ciento.
En
todos estos pueblos, como en la mayoría de lugares en los que se desarrollan
conflictos socioambientales, laborales o de asuntos de gobierno, Ollanta Humala
ganó desde la primera vuelta. Por eso es que el nuevo gobierno es popular. Por
su origen. Porque Humala ha podido encarnar electoralmente las luchas del
pueblo y el poder de la calle. Y él lo sabe y lo ha dicho. Ha dicho en el mitin
de cierre de su campaña y en la entrega de credenciales que le hiciera el
Jurado Nacional de Elecciones (JNE) que no está comprometido a ningún interés
ni poder económico y que si se ha metido a política es para servir al pueblo, a
la gente.
Es
por eso que en este nuevo periodo no es de extrañar que los conflictos sociales
se trasladen a Lima. Que las poblaciones en lucha no se queden en la toma de
una carretera o puente de su localidad, sino que vengan a la capital a pedir al
gobierno que eligieron que atienda sus demandas. Pues es importante entender
que la disputa con los perdedores aún no ha concluido, que los intereses
económicos de los sectores más reaccionarios con mucho poder en el Perú siguen
siendo muy fuertes como para vencerlos solo con una elección.
De
ahí lo importante que es, en especial para los dirigentes sociales, entender el
carácter del periodo que se ha iniciado tras la victoria de Ollanta Humala. Y
aquellos que desde la ingenuidad o la mezquindad sostienen que el movimiento
social, sindical o indígena ha sido derrotado porque ellos no pudieron
representarlo o no alcanzaron a entrar en una lista parlamentaria, se
equivocan. El movimiento social ha ganado una batalla más el 5 de junio. Y el
reto es lograr a partir de ella avanzar hacia la solución del problema de
fondo: repartir equitativamente y para siempre el poder en el Perú.
Fuente: Diario La Primera, jueves 7 de julio 2011.
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