Por José de Echave
Especialista en minería
No hace mucho el Banco Mundial presentaba un informe en el que
señalaba que el costo de la degradación ambiental en el Perú equivalía
al 3.9% del Producto Bruto Interno. ¿Cuánto le cuestan al país los
conflictos ambientales? ¿Cuánto nos ha costado el colapso de los relaves
mineros de Caudalosa Chica en los ríos de Huancavelica o los años de
contaminación del Corrientes, Pastaza o el Marañón por las petroleras?
¿Cuánto nos cuesta Madre de Dios o La Oroya y los daños a la salud
ocasionados por Doe Run? ¿Cuánto nos cuestan los cinco mil pasivos
ambientales mineros regados por el país?
Cualquier propuesta seria de gobierno debería partir de la premisa
que la gestión ambiental es una estrategia central para generar
desarrollo. Sin embargo, uno de los balances más negativos de los
últimos gobiernos tiene que ver precisamente con lo ambiental, y por lo
que vienen presentando los actuales candidatos no hay muchas razones
para ser optimista sobre lo que pasará en los próximos cinco años.
Pese a que la política ambiental en nuestro país es relativamente
nueva, no solo no termina de consolidarse sino que muestra una peligrosa
tendencia de retroceso: un buen ejemplo son los recientes decretos de
urgencia que intentaron favorecer proyectos de inversión flexibilizando
requisitos ambientales. Este hecho muestra que la política ambiental
sigue siendo vista como un obstáculo para la inversión y que se pretende
pasar por encima de los procedimientos establecidos.
De nada ha servido crear un Ministerio del Ambiente con facultades
recortadas, sin recursos ni respaldo político. Una de las críticas a la
gestión del ministro Brack es precisamente el haberse prestado al juego
de un gobierno que carece de sensibilidad en el tema y su falta de
decisión para liderar la política ambiental que el país requiere con
urgencia.
Se necesita un giro de 180°. El propio Banco Mundial reconoce que las
políticas que se siguen en el Perú han tenido como efecto el
debilitamiento de las normas ambientales. Debemos desarrollar y no
recortar la política ambiental. Algunas pistas: necesitamos terminar de
construir una verdadera autoridad ambiental autónoma que recupere
credibilidad y que asegure la supervisión e implementación de
instrumentos rigurosos para la protección ambiental.
Se necesita abordar con urgencia el tema del agua que se ha
convertido en una fuente de serios conflictos entre regiones: los
recursos hídricos con los que cuenta el país no son bien utilizados ni
se distribuyen adecuadamente. Además, en el tema del agua debemos
abordar dos problemas graves: la disminución alarmante del recurso y su
contaminación.
Una nueva gestión ambiental implica el fortalecimiento de las
capacidades de prevención de impactos, más aún en un escenario de cambio
climático; necesitamos evaluaciones ambientales rigurosas; límites
máximos permisibles de emisiones que se actualicen a los mejores
estándares internacionales; que se implementen los instrumentos de
ordenamiento territorial y zonificación económica y ecológica.
Una política ambiental seria logrará, entre otras cosas, atraer
inversión responsable que un país serio necesita. La otra inversión, la
que no acepte someterse a los criterios de certificación ambiental, no
la necesitamos. Miremos el ejemplo de La Oroya y el caso Doe Run, para
darnos cuenta de los riesgos que debemos evitar. Una verdadera política
ambiental es la mejor garantía de desarrollo económico.
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