Viernes 19
de Noviembre de 2010 15:56
Los pueblos indígenas de Bolivia,
Canadá, Colombia, Costa Rica, Ecuador, Estados Unidos, Guatemala, Honduras,
México, Panamá, Perú y Sudáfrica, reiteraron hoy su negativa a la minería
durante la inauguración de un foro en Lima. "La expansión minera en el
continente es consecuencia del modelo neoliberal extractivista y solo cambiando
este modelo será posible evitar los impactos de la minería" sostuvo uno de
los panelistas.
La madre tierra "no se vende" |
Fuentes: EFE y Coordinadora Andina
de Organizaciones Indígenas - CAOI
18/11/2010. Durante la apertura del
Foro de los Pueblos Indígenas "Minería, Cambio Climático y Buen
Vivir", que reúne a un centenar de delegados, el presidente de la
Confederación nacional de comunidades del Perú afectadas por la minería
(Conacami), Magdiel Carrión, dijo que su país tiene "los brazos abiertos
para todos los movimientos de resistencia que han dicho no a la minería".
"Venimos enfrentando un grave
problema de contaminación por la explotación de nuestros territorios por parte
de empresas trasnacionales", afirmó Carrión, que representa uno de los
sectores indígenas más radicales contra las actividades extractivas en Perú.
Añadió que "la razón de los
desastres naturales" se da "cuando la mano del hombre trata de sacar
los recursos de la tierra en beneficio de algunas personas".
Carrión saludó los pasos dados por
los Gobiernos de Bolivia y Ecuador a favor de la protección de sus recursos
naturales, y demandó al Estado peruano a que cumpla la ley de consulta previa,
que le da a los pueblos indígenas la facultad de decidir sobre las actividades
en su territorio y que fue devuelta por el Ejecutivo al Legislativo.
Sólo en la Amazonía, que comparten
ocho países suramericanos, hay 300 pueblos nativos que, en opinión del
presidente del Foro Permanente de las Naciones Unidas para temas indígenas,
Carlos Mamani, están desprotegidos por sus propios Estados.
"Lo que preocupa a los pueblos
indígenas es que la suerte de los pobladores (en zonas destinadas a la minería)
depende de las grandes empresas", dijo Mamani en entrevista con Efe.
El representante del Foro Permanente
agregó que "es difícil hablar de ausencia del Estado" en naciones
como Colombia o Perú, porque lo que ocurre es un vacío deliberado del Estado
para facilitar la violación de los derechos de los indígenas.
"Hay una asociación entre los
intereses de las élites que administran el poder y de las empresas
trasnacionales", indicó.
La minería creció durante este año
un 43% en Perú, con inversiones por 2.700 millones de dólares (de enero a
septiembre pasado), según cifras del Ministerio de Energía y Minas.
Mamani explicó que las comunidades
nativas promueven el respeto a la naturaleza, como la base de su filosofía del
"Buen Vivir", pues la tierra tiene una relación estrecha con el ser
humano.
El portavoz añadió que es necesario
establecer una ética de comportamiento y de uso racional de los recursos, pero
remarcó su negativa a la minería porque "la mina es muerte y
contaminación".
Durante la inauguración, que estuvo
precedida por un ritual de pago a la tierra y música folclórica, el presidente
de Conacami envió su felicitación al líder indígena Alberto Pizango, que hoy
anunció su intención de postular a las elecciones presidenciales peruanas del
próximo año.
El foro se celebrará hasta el
próximo sábado en el Museo de la Nación de Lima, con el objetivo de consensuar
una postura de las naciones nativas con miras a la convención sobre el cambio
climático anunciada para fines de este mes en Cancún (México).
Cambiar el modelo para resolver los
conflictos mineros
Foro de los Pueblos Indígenas Minería, Cambio
Climático y Buen Vivir
Museo de la Nación, Lima, Perú, 18 al 20 de noviembre
de 2010
Panel "Minería y desarrollo
extractivo. Impactos sobre los derechos de los pueblos indígenas" plantea
la articulación de estrategias en defensa de los derechos y de la Madre Tierra.
La expansión minera en el continente
es consecuencia del modelo neoliberal extractivista y solo cambiando este
modelo será posible evitar los impactos de la minería, plantearon los
integrantes del segundo Panel Central del Foro de los Pueblos Indígenas
Minería, Cambio Climático y Buen Vivir, quienes destacaron la necesidad de
articular las estrategias de los pueblos afectados.
Participaron en este panel, titulado
"Minería y Desarrollo Extractivo. Impactos sobre los derechos de los
pueblos indígenas", Armand Mackenzie, indígena Innu de Canadá; Mario
Valencia, colombiano, de la Alianza Social Continental; David Pereira, del
Centro de Investigación sobre Inversión y Comercio (CEICOM) de El Salvador; y
Julia Cuadros, peruana, Subdirectora de CopperAcción. El moderador fue Javier
Sánchez, Consejero Mayor de la Organización Nacional Indígena de Colombia
(ONIC).
Armand Mackenzie relató que su
familia vivía cerca de una comunidad minera. Sus padres se dedicaban a la caza.
Pero con la minería, sus actividades empezaron a cambiar. "Mi papá trabajó
en una mina por muchos años, pero nunca pudo formar parte del sindicato porque
era un indígena", señaló.
"Debemos reconocer los avances
que significa el Convenio 169 de la OIT y la Declaración ONU sobre los derechos
de los pueblos indígenas. Son dos instrumentos legales que debemos tener en
cuenta. En este punto debemos poner mayor énfasis. Porque en comunidades como
las suyas que enfrentan los impactos de las minas, debemos recurrir a espacios
internacionales para defender nuestros derechos", subrayó el indígena
Innu.
Todos estamos pasando estas
experiencias en nuestras comunidades, que dan como resultado destrucción de
nuestras montañas, contaminación, pobreza, indicó. Por ello, "cuando llega
una minera, debemos luchar para que se respeten nuestros territorios y el
derecho al consentimiento previo, libre e informado".
Informó que la forma en que se
conducen las empresas mineras en Guatemala, Perú, Chile y otros países ha sido
tema de debate en Canadá durante un mes. "Hemos formado parte de un
proyecto de ley que habla sobre la protección de pueblos y comunidades frente a
las actividades mineras en la región. Y la misión para la revista para la que
trabajo en Canadá es denunciar los abusos de las mineras en estos países"
Las compañías canadienses,
reconoció, son las que más vulneran los derechos en los países
latinoamericanos. Son un tema pendiente en Canadá, donde siempre se habla de
responsabilidad social corporativa.
Mario Valencia, de la Alianza Social
Continental, informó que la Red Colombiana frente a la gran minería
transnacional nació en febrero de este año con 48 organizaciones, para trabajar
de manera unificada.
Fue enfático en señalar que el
problema de la minería es el problema de la sociedad y del modelo económico,
impuesto por las potencias del norte a los países del sur. "La solución al
problema de la minería, debe pasar por la solución de los problemas económicos
y sociales. Por el cambio de modelo", subrayó.
La expansión minera, explicó, tiene
que ver con la necesidad de los países ricos de controlar los recursos, el
suelo, el subsuelo y hasta la atmósfera, para que sus industrias sigan
funcionando. Para ello utiliza los tratados de libre comercio, el fomento a las
inversiones. O las bases militares y la invasión directa.
En el caso colombiano, el 30 de
octubre del 2009, Álvaro Uribe firmó un acuerdo con Estados Unidos entregándole
el control de todas las bases militares.
En esta etapa, dijo, lo que se busca
es resolver la crisis financiera y hacer que el dólar siga comprando barato
todo lo que hay debajo de la tierra (petróleo, minerales). Y los proveedores
somos los países suramericanos, desde México hasta Chile.
Hoy la minería es el mayor negocio
especulativo financiero en el mundo. Esto va acompañado con la disminución del
control de los Estados lacayos del capital extranjero, que renuncian a su papel
fiscalizador y se enorgullecen del boom minero, que es la toma de los recursos,
los territorios, la soberanía, indicó Valencia.
Agregó que los países
latinoamericanos se han vuelto expertos en eso: Perú, México y Colombia son
para el Banco Mundial los países donde hay más facilidad para hacer negocios.
El 40% del territorio colombiano está solicitado en concesión por las
trasnacionales.
Los impactos ambientales de la
minería a cielo abierto son irreversibles, advirtió. Despojan territorios y
reprimarizan la economía. Es una actividad excluyente: donde hay minería a
cielo abierto, solo hay eso, ninguna otra actividad.
"Solo podemos detenerlos con la
movilización, la lucha y la mayor unidad. Los pueblos indígenas solos, los
trabajadores solos, los campesinos solos, no podrán. Con la creación de la red
colombiana nos hemos puesto de acuerdo en un solo punto de consenso: defender
la soberanía de nuestro territorio y recuperar el control de las riquezas
naturales. Lo que se plantea es una lucha: o se quedan las transnacionales con
nuestros territorios o nos quedamos nosotros, los dos nos cabemos",
concluyó.
David Pereira informó que en El
Salvador no hay minería metálica a nivel de industria. "Hay una férrea
lucha de las comunidades con la presión de empresas transnacionales que quieren
entrar a nuestros territorios y tienen permiso de exploración".
Relató que han desarrollado un
proceso de debate y sensibilización, articulando a las organizaciones en la
Mesa Nacional contra la Minería Metálica. Hicieron movilizaciones, se tomaron
los cerros donde las empresas estaban explorando. Las comunidades lograron
expulsar a dos empresas.
Inicialmente –recordó- hubo
diferentes planteamientos: unos hablaban de moratoria, otros de reformar la
ley, otros más de centrarnos en la minería a cielo abierto. Pero los impactos
son los mismos, así que decidimos que la lucha era: no a la minería metálica.
Empezamos la pelea en octubre de 2005. A mediados del 2006, luego de mucho
invitar al Ministro del Medio Ambiente, este por fin asistió a un foro.
El ministro en reunión privada
reconoció que estamos en pañales sobre el conocimiento de los impactos de la
minería. "Ustedes nos han abierto los ojos con sus estudios. Ustedes hagan
una propuesta de ley que prohíba la minería metálica y yo gestiono el respaldo
de los diputados de mi partido, dijo... En diciembre sacaron al ministro. Pero
ya muchos sectores, incluso la iglesia, se habían sensibilizado".
En El Salvador, destacó, estamos
ante la posibilidad de lograr una ley que prohíba la minería metálica. Pero se
podría anular este logro porque países vecinos sí la tienen. Como sucede con
Guatemala, que afectará el río más grande de nuestro país. Son cuencas
compartidas, por eso nos planteamos la lucha contra los impactos de proyectos
mineros transfronterizos. Y estamos en la tarea de construir alianzas
regionales.
Para Julia Cuadros, la riqueza del Foro
se basa en la diversidad de realidades y experiencias. CooperAcción acompaña
cuatro casos: Río Blanco, Las Bambas, Doe Run y Tintaya.
El Perú, informó, vive una alta
conflictividad social. Según la Defensoría del Pueblo, el 50% de los conflictos
en el Perú son socioambientales y de ellos 80% son por industrias extractivas
(70% por minería). La causa fundamental es la expansión territorial de la
minería, porque afecta derechos de comunidades indígenas, campesinas y urbanas,
con las que la minería compite por agua y tierra, dos recursos escasos.
Advirtió que hay zonas que nunca
estuvieron pensadas para la minería y ahora están siendo concesionadas:
Apurimac, la Amazonia. Y que para ello el modelo económico requiere
flexibilizar las normas, desaparecer los controles. Y so pretexto del Tratado
de Libre Comercio, se dieron más de cien decretos legislativos, algunos de los
cuales vulneraban directamente derechos indígenas: ese fue el origen de la
Masacre de Bagua de junio del 2009. El Ejecutivo, además, ha vetado el dictamen
de ley de consulta aprobado por el Congreso de la República, finalizó.
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Área de Comunicaciones
Coordinadora Andina de
Organizaciones Indígenas - CAOI
Ecuador-Colombia-Perú-Bolivia-Chile-Argentina
Dirección: Jr. Carlos Arrieta # 1049
Santa Beatriz, Lima - Perú
Telefax: 0051-1-2651061
Sitio web: www.minkandina.org
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