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"Cuando el ánimo está cargado de todo lo que aprendimos a través de nuestros sentidos, la palabra también se carga de esas materias. ¡Y como vibra!"
José María Arguedas

miércoles, 21 de julio de 2010

opinión libre: DERECHOS HUMANOS Y SEGURIDAD CIUDADANA



Por: Edwin Aliaga Pereyra

La seguridad ciudadana es una de las preocupaciones permanentes en el mundo. En casi todas las encuestas realizadas este tema ocupa uno de los primeros lugares; sin embargo no sigue un nutrido debate alentado por la sociedad que lleve a mejores diagnósticos y al diseño de alternativas innovadoras para asegurar lo que también es considerado en la actualidad “como un Derecho Humano”.

La seguridad ciudadana ocupa el primer lugar de la agenda nacional e internacional debido a que su antítesis, la inseguridad ciudadana, es el reclamo más constante que las personas hacen a sus autoridades. Estas circunstancias han generado las más diversas “teorías” sobre el tema, no siempre bien enfocadas hacia la determinación de las causas y su erradicación; sino, más bien hacia acciones de carácter reactivo que preventivo. Es así como, por lo general, se responde a concepciones muy “seguristas”, que le dan énfasis al tratamiento estatal y/o represivo del problema, lo cual se encuentra reflejado en que es considerado como una responsabilidad solamente policial, no obstante que, de acuerdo a disposiciones vigentes, los diversos Comités de Seguridad Ciudadana están conformados por diversas autoridades.


Diversos factores como la no distinción entre Seguridad Pública y Seguridad Nacional, la ineficacia del sistema penal, los exabruptos interesados del sistema judicial, así como la exacerbación que sobre el tema hacen los medios de comunicación, han convertido a la Seguridad Pública en problema aparentemente univoco, presentando la visión equívoca que la única alternativa es la acción policial represiva.
Muchas veces el cuestionamiento que las Defensorías de los Derechos Humanos han precisado que las medidas que aumentan la discrecionalidad de los policías o de los dispositivos que sólo proponen mayores medidas represivas, han servido para acusar que se "defienden delincuentes", y no se preocupan por los derechos de los ciudadanos honestos.

Por ejemplo, al abordar este tema, es necesario revisar y asegurarnos de cuál es el concepto que mejor identifica el problema. Seguridad Ciudadana debe entenderse "como la protección que debe brindar el Estado a las personas, respetando sus derechos y libertades fundamentales", y no así el de Seguridad Pública. La razón es que la primera coloca a la persona y no al Estado como el centro de la seguridad.
Con frecuencia y equivocadamente, algunos miembros encargados de la Seguridad Ciudadana vienen manifestando que la defensa y protección de los Derechos Humanos favorece a los delincuentes y perjudica a las víctimas del delito. Esta afirmación es errónea y no tiene fundamento jurídico que la sostenga. El argumento, sin embargo, ha ocasionado una grave confusión en la población. De ahí la necesidad de exponer algunas razones que la desmientan.

La creencia de que la defensa y protección de los Derechos Humanos beneficia sólo a los delincuentes es falsa. Todos, sin distinción, gozamos de los derechos consagrados en la Constitución, así como en los diversos instrumentos internacionales en la materia. Los niños, las personas de la tercera edad, las que viven con VIH, los indígenas, la mujeres, las lesbianas y homosexuales, los niños de la calle y los policías gozan de ellos, salvo en algunos casos en que el derecho a la libertad personal puede ser legítimamente restringido. No obstante, la privación de la libertad origina nuevos derechos.
Cualquier acusación o detención debe estar sustentada en los procedimientos que la propia Constitución ha establecido. Además debe prevalecer el derecho a la información (motivo, delito y quién acusa) a la defensa, a ser oídos y juzgados en un tiempo razonable, a no ser torturados, a la indemnización, a un trato digno por parte de las autoridades, a recibir atención como víctima y, sobre todo, a la justicia, la cual se relaciona con el deber del Estado de investigar y sancionar. Ésta debe ser efectiva, pronta y expedita.

Estas garantías que nos han legado nuestros legisladores, tienen por objeto evitar arbitrariedades de las autoridades por exceso o defecto en la aplicación de la ley. Nos dan la seguridad jurídica, de que las autoridades sólo podrán proceder en nuestra contra si se ajustan a los supuestos y procedimientos establecidos en la propia Constitución, y nos garantizan el derecho a la justicia en caso de ser víctimas de un delito; con ello se evitan hechos tan penosos como el de la justicia por mano propia.

No debe escandalizarnos el que se insista a las autoridades que respeten esos derechos, sino más bien cuando son violados. Por eso es aberrante pensar que una política de seguridad ciudadana, pueda consistir en tolerar, por ejemplo, detenciones ilegales o arbitrarias o en desconocer los derechos del detenido o procesado, o de la propia víctima. Al contrario, aquélla debe garantizar un equilibrio entre los derechos del delincuente y los de la víctima, así como con los de la sociedad en general, que espera que el delito sea investigado y sancionado para evitar la impunidad.

La defensa de los Derechos Humanos se orienta al combate del delito:
Muchas veces los funcionarios policiales, valiéndose del cargo, se olvidan de que su misión es proteger a los ciudadanos y los Derechos Humanos, y que las armas les fueron confiadas para defender a la ciudadanía y no para atacarla.
Esto no es cumplido plenamente. Un alto porcentaje de las quejas presentadas en las Comisiones de Derechos Humanos ha sido de víctimas que han quedado desamparadas ante la impunidad, la inacción o ineficiencia del sistema de administración de justicia. Muchas denuncias formuladas no han sido debidamente investigadas, otras ni siquiera se han indagado

La defensa y protección de los Derechos Humanos no son un obstáculo para combatir el delito:
Las causas de la inseguridad que vive nuestro país son diversas: corrupción, impunidad, violencia, desconfianza en las autoridades, entre muchas más. Sin embargo, algunos se han empeñado en señalar que quienes se dedican a "la protección y defensa de los Derechos Humanos" la han ocasionado y que, además, ¡no les permiten combatirla!. Esto es falso. Para muchos funcionarios públicos este argumento les sirve como pretexto para seguir ocultando su ineficiencia y, en ocasiones, su complicidad.

Todos sabemos que una de las causas más comunes de la inseguridad es la corrupción. Debemos entender que ésta no sólo significa aceptar o pedir una dádiva, sino dejar de hacer cuando se está obligado a ello.
El no arrestar a quien debió ser detenido genera impunidad; deja sin castigo cuando debía haberlo. La impunidad también se manifiesta cuando los ciudadanos no denunciamos algún delito que sabemos se ha cometido ya sea por miedo, ignorancia, o desconfianza en las autoridades; cuando el policía no detiene por ineficacia, incapacidad, complicidad o desconocimiento; cuando las autoridades no hacen debidamente su trabajo, entre otros casos.
Esto genera violencia. Al no ver satisfecho ese derecho, dejamos en la víctima del delito un deseo de "justicia" frustrado que muchas veces se traduce en afanes de venganza, que se cobrará tal vez por propia mano. Esta situación genera desconfianza en las instituciones de administración de justicia. Menos ciudadanos acudirán a ellas a denunciar, mientras que los delincuentes seguirán haciendo de las suyas a la sombra de la impunidad.

El reto, tanto de las instituciones de seguridad pública como de la sociedad en general, es romper el círculo vicioso que forman la corrupción, la impunidad, la violencia y la desconfianza.

La defensa y la protección de los derechos humanos pugnan por una política de Seguridad Ciudadana que actúe sobre las causas de la criminalidad y privilegie la prevención e investigación del delito.

Se ha dicho de manera insistente que para combatir la delincuencia y elevar los niveles de seguridad es necesario aumentar la sanción penal, el número de policías, el número de patrullas y tolerar la violación a los Derechos Humanos, entre otras. Esta creencia deja de lado las verdaderas causas de la criminalidad, y se olvida de la necesaria modernización de las instituciones de administración de justicia, mediante un esfuerzo global que garantice el acceso y trato igualitario a la población; que se erradique la desconfianza mutua entre esas entidades y se busque la complementariedad de ellas y la coordinación contra el delito.
Una política de seguridad ciudadana seria debe atacar las causas de la criminalidad y prever medidas en el ámbito social, de la infraestructura, la educación y la participación de la sociedad, para prevenir o combatir todo factor criminal y así dificultar la comisión de delitos.

Para hacer frente a este desafío hay que humanizar y hacer más eficaz la respuesta del Estado, con la capacitación y profesionalización de los componentes de la policía. Para ello se requiere:

· Que la formación del policía se oriente hacia el respeto al orden legal y de los Derechos Humanos de los ciudadanos.
· Dignificación de la actividad policial. El policía es un servidor público encargado de la seguridad, pero sobre todo es una persona con una actividad que merece justa valoración social y, por tanto, debe ser correspondida con el respeto a sus Derechos Humanos y la satisfacción de sus necesidades elementales.

· Evaluación del trabajo policial no sólo por sus resultados, sino por los medios empleados. Esta apreciación será permanente, y en ella no sólo habrá de intervenir el Estado, sino también la sociedad que debe convertirse en un actor coadyuvante de las distintas etapas que implica una estrategia de Seguridad Ciudadana. Los mecanismos e instrumentos de la actuación policial deben regularse según el criterio "mayor eficacia-menor costo". En este sentido, su actuación debería estar sustentada también: "Prevención en la medida de lo posible y represión en la medida de lo estrictamente necesario".
· La participación de la sociedad en la evaluación de sus necesidades, así como en los planes de Seguridad Ciudadana.

· Adopción, por parte de la policía, de códigos de conducta o ética y, que no queden solamente escritos en sus reglamentos, sino que sea una práctica permanente y responsable.

La seguridad ciudadana no sólo es un problema de la policía. La colaboración de todos los actores sociales es urgente, especialmente cuando vemos que las debilidades en este rubro son fuente de una violencia e impunidad que afectan la vida, la integridad, la libertad y el derecho a la justicia de las personas y, en general, el de todos a llevar una vida libre de temores y sobresaltos.

Para que la lucha contra la delincuencia sea eficaz, las acciones deben ser legítimas, esto es, respetar la Constitución y con ello los Derechos Humanos, no sólo por el bien de la legalidad, sino por el de la sociedad, para que recupere ese espacio tan natural que le ha sido arrebatado: LA CALLE.

Está claro que el Estado es la entidad responsable por la seguridad de los ciudadanos, pero la historia reciente ha demostrado que la producción de seguridad puede tomar como horizonte ciertas claves excluyentes e incluso siniestras, o puede reposar en políticas que con los ojos abiertos a una realidad compleja e interconectada respondan con una perspectiva de Derechos Humanos, a través de instituciones profesionales competentes ante los patrones violentos y de criminalidad que surcan a una sociedad.

En el marco internacional de los derechos humanos la responsabilidad del Estado se expresa no sólo en el deber de respetar los Derechos Humanos internacionalmente reconocidos; sino también, en actuar con la debida diligencia para prevenir, sancionar y erradicar aquellas prácticas lesivas contra las personas por parte de algunos funcionarios públicos o particulares, cualquiera sea el ámbito en el que ocurra.

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