 La
historia del país fue marcada con oro. Los españoles llegaron a
colonizar la región con el solo objetivo de volverse ricos, apropiándose
del oro que los indígenas la usaban para representar sus dioses o en la
orfebrería originaria. Los territorios indígenas y sus habitantes
fueron víctimas de una ambición foránea por el metal precioso. Siglos
después la historia se repite. Ayudado por los altos precios y la
demanda internacional de minerales, empresas transnacionales han
desatado un "boom" por la explotación de minerales.
Por Luis Vittor por ALAI, América Latina en Movimiento
La expansión de la minería ha abierto un nuevo escenario donde se
debaten sus impactos y papel en el desarrollo del país. En este marco,
hay una amplia exposición de argumentos sobre el tema desde diferentes
visiones: del Estado, de las empresas y de las comunidades afectadas,
son actores con posiciones, intereses y demandas entre sí. Un breve
resumen de estas visiones es lo que pretendemos compartir con la
finalidad de que el lector pueda transitar por territorio minado donde
hay ganadores y perdedores.
La última década hemos vivido una intensa manifestación que grafica
la cultura de los actores alrededor de la minería y del extractivismo en
general. Basta prestarle atención a los contenidos que se difunde por
los medios de comunicación donde se exponen los argumentos de estos tres
actores que interactúan: de quienes "promueven y regulan" las
actividades extractivas (el Estado), de quienes desarrollan la actividad
(la industria minera) y quienes se sienten afectadas (comunidades
locales).
El Estado central:
El Estado precisa que los recursos mineros son propiedad de la nación
y que las actividades mineras son de utilidad pública e interés
nacional. Por tanto, se promueve su extracción bajo la forma de
concesiones, ofreciendo a los inversionistas una serie de garantías
(estabilidad jurídica). La minería está obligada a pagar tributos y
regalías, así como a cumplir con las regulaciones ambientales y
–recientemente- con la consulta previa a los pueblos indígenas. Esta
apuesta ha sido sostenidamente apoyada por gobernantes en los últimos 20
años (Alberto Fujimori, Alejandro Toledo, Alan García y recientemente
Ollanta Humala).
Dentro del Estado, el Ministerio de Energía y Minas
(MEM) es el ente rector de la política minera. En general, este sector
concibe a la minería como una de las actividades que llevará a lograr el
desarrollo sostenible del país. Considerando el potencial geológico y
la producción minera, el MEM define al Perú como país minero[1]. Valora
que la minería "es uno de los pilares fundamentales de la economía
peruana" y "los recursos que la minería genera deben ser el motor
impulsor del desarrollo de las otras actividades económicas de las
regiones"[2].
El anuario del MEM da cuenta que en el 2011 las concesiones mineras
alcanzaron 23.6 millones de hectáreas (18.49% del territorio país).
Capturó inversiones por US$ 7,202 millones. La producción minera ubicó
al país como uno de los primeros en el ranking latinoamericano. Las
exportaciones mineras representaron el 59% del total de exportaciones
(US$ 46,268 millones). Empleó directamente a 177,431 personas y habría
beneficiado a 2.8 millones de personas en total (entre empleo indirecto y
familias de trabajadores). Se recaudó aproximadamente US$ 1,964
millones por canon, regalías y derechos de vigencia minera.
Estas cifras podrían darle sentido a los planteamientos del Estado
sobre la minería. Sin embargo, hay un debate sobre la contribución de la
minería al desarrollo. Por ejemplo, cuánto del crecimiento de la
minería ha contribuido a reducir la pobreza en el país. En general, la
pobreza se ha reducido. Un último reporte[3] confirma que en el periodo
2007-2011 la pobreza se ha reducido en 14.6% (del 42.4% al 27.8%) a
nivel país, pero en la región andina –donde se ubican las principales
actividades mineras- la pobreza aún alcanza el 41.5%.
A nivel de regiones mineras, Huancavelica –con larga historia minera-
continúa siendo la región más pobre; mientras que Cajamarca –donde hay
gran minería hace 20 años- es la tercera región con mayor incidencia de
pobreza. Aunque las cifras de la economía minera son innegables, las
cifras de la pobreza podrían contradecir el planteamiento de la
contribución de la minería al desarrollo y más bien apuntar las
limitaciones que tiene para mejorar las condiciones de vida o que los
beneficios de la minería no está llegando a todos los peruanos.
El malestar de que la minería no está beneficiando a todos llevó a
que diversos sectores sociales y políticos plantearan más tributos al
sector y una mejor redistribución del mismo. Incluso, García y Humala
hicieron promesas electorales para aplicar más impuestos a las sobre
ganancias mineras pero habiendo llegado al gobierno sólo acordaron con
las empresas contribuciones voluntarias.
La industria minera:
El actor representativo es la Sociedad Nacional de Minería, Petróleo y
Energía (SNMPE) cuyos fines son promover la minería, fomentar la
inversión y defender la economía de mercado[4]. Considera que la
inversión privada es fundamental para el crecimiento económico con
inclusión social. En este sentido, alega que los sectores que representa
se constituyeron -en el 2011- en los "ejes promotores del desarrollo
del país, a pesar del ataque sistemático que sufrieron por parte de
grupos opositores a la inversión privada", y particularmente que el
"sector minero se consolidó como el mayor generador de divisas para el
Perú" [5]. Comparte, en general, la visión y argumentos del Estado sobre
el rol de la minería en el desarrollo del país.
Es el sector con altos índices de ganancias. En el 2011 un grupo de
21 empresas mineras obtuvieron utilidades por US$ 5,192 millones,
mientras que en el 2010 sus utilidades fueron US$ 5,780 millones debido a
los altos precios de los minerales[6]. Las empresas que más han ganado
en ambos periodos son Southern Perú y Cerro Verde. Otros sectores han
criticado la no participación del Estado en las ganancias mineras. Por
ejemplo, la minera Antamina habría dejado de pagar al Estado US$ 270
millones por una exoneración de impuestos por reinversión, al amparo de
un contrato de estabilidad tributaria que suscribió en 1998[7]. Frente a
los planteamientos de cambios en el marco legal, la industria se ha
opuesto a las reformas bajo el argumento de que estas afectarían la
competitividad del sector en comparación con otros países mineros de la
región.
Por otro lado, la industria considera que la inversión privada es la
aliada que ayudará a derrotar la pobreza. En este sentido, el sector se
ha esforzado por visibilizar la importancia y contribución de la minería
en la última década; asimismo, ha adoptado una nueva estrategia en su
contribución al desarrollo. La nueva estrategia incluye la propuesta de
responsabilidad social y la creación y/o alianza con organizaciones
privadas de promoción del desarrollo. El objetivo, tener un entorno
social favorable para el desarrollo de la industria.
Los resultados, del papel añadido de la minería, se pueden observar
en la Memoria 2011 de la SNMPE. 108 páginas son dedicadas a reportar
decenas de proyectos sociales que ejecutan las empresas en áreas de
influencia de sus operaciones. Entre 2006 y 2010 habrían invertido S/.
2,285 millones en el programa de solidaridad con el pueblo o aporte
voluntario (unos US$ 862 millones al tipo de cambio actual). Un total de
2,389 proyectos sociales fueron ejecutados en 18 regiones del país.
Sin embargo, la última década la industria ha recibido denuncias por
sus impactos negativos y fuertes resistencias a nuevas inversiones de
parte de las comunidades afectadas. La SNMPE ha respondido que esta
movilización social es propiciada con la finalidad de "boicotear el
dinamismo económico del país y el desarrollo del sector minero"[8] en
particular por "grupos violentistas". En este escenario, la industria
demanda al Estado la aplicación de medidas para "garantizar el principio
de autoridad, el orden público y el respeto a las leyes".El crecimiento
económico, la contribución tributaria y voluntaria de la minería, el
empleo y las inversiones son contrapuestos a las demandas y denuncias de
las poblaciones afectadas.
Las comunidades afectadas:
Un tercer actor son las comunidades afectadas. Incluye a comunidades
campesinas y poblaciones locales, teniendo diferentes formas de
representación. La diversidad es representada a nivel local en comités y
frentes de defensa. Su papel principal es la demanda de respeto a sus
derechos y de denuncia de los impactos negativos de la minería. La
movilización social es su principal estrategia.
La minería causa impactos físicos en los territorios de las
comunidades. La contaminación ambiental (de tierras, del aire, del agua)
son los efectos que demuestran el impacto negativo de la industria
sobre los medios de subsistencia de las comunidades, que
tradicionalmente dependen de actividades agrícolas y ganaderas.
Asimismo, se ha logrado demostrar los efectos de la minería sobre la
salud humana, principalmente causados por la contaminación de
fundiciones (La Oroya e Ilo) o por el desarrollo de la actividad minera
junto con poblaciones urbanas (caso Cerro de Pasco). La expansión de la
minería también ha causado desplazamiento de poblaciones indígenas de
sus tierras (casos de Tintaya, Yanacocha, Antamina, Las Bambas,
Morococha).
Por otro lado, la expansión minera está pasando a ocupar
las zonas fronterizas o de la Amazonía. De igual manera, se está
expandiendo a zonas ecológicamente sensibles (páramos, bosques de
neblina, bofedales, lagunas) que pueden poner en riesgo el desarrollo de
las actividades productivas de las comunidades de las cuencas andinas,
así como la biodiversidad, la calidad y disponibilidad del agua. El caso
más emblemático de la actualidad es el desarrollo del proyecto minero
Conga que desaparecería cuatro lagunas y afectaría cinco cuencas
hidrográficas de la región Cajamarca. Las poblaciones locales se oponen
al proyecto minero de la Newmont que busca extraer oro.
La posición de las comunidades se puede dividir en dos grandes
grupos. El primero, que se ve obligado a convivir con la actividad
minera; donde las comunidades denuncian infinitamente los impactos
ambientales y en la salud de los pobladores , por los que exigen
compensaciones y mayores contribuciones de la minería al desarrollo y la
mitigación de sus impactos. En el otro grupo se encuentran las
comunidades donde la minería tiene proyectos y/o se encuentran en fase
de exploración y estudio de impactos ambientales. En este caso, gran
parte de las comunidades se oponen al desarrollo de proyectos mineros.
En algunos casos, incluso, han realizado consultas vecinales para
decidir la inclusión o no de la minería en sus modelos de desarrollo
local (Tambogrande, Rio Blanco, Tía María, entre otros).
El movimiento de las comunidades afectadas está llevando al debate el
modelo de desarrollo centrado en el extractivismo minero, petrolero y
gasífero. Aunque el debate es incipiente en el nivel central, a nivel
local es cada vez creciente las reafirmaciones a los modelos propios de
desarrollo que han sustentado ancestralmente la vida de las comunidades.
Por otro lado, desde las comunidades, forzadas a convivir con la
minería, se plantea la necesidad de revisar el marco que regula las
obligaciones ambientales, sociales y económicas de la minería. Sin
embargo, hay resistencia al debate de estas reformas en la industria y
el Estado.
Finalmente, la movilización de las comunidades ha sido respondida por
el Estado con una política de criminalización judicial de líderes
sociales y sus organizaciones representativas, así como la represión
policial y militar de las protestas. Estas prácticas se incrementaron en
el gobierno de Alan García (2006-2011) donde fallecieron 174 personas
en el marco de protestas sociales. El actual gobierno de Ollanta Humala
las continúa aplicando y en tan sólo diez meses lleva 12 muertos por
protestas sociales[9]. Los últimos sucesos en la provincia cusqueña de
Espinar grafican el uso de estas políticas y prácticas sin límites.
El balance: más de un centenar de conflictos mineros
En el 2005, un informe del Banco Mundial[10] caracterizaba a la
minería como un sector donde hay una "falta de confianza entre sus
principales actores" y al mismo tiempo "propenso a ser escenario de
conflictos sociales". El informe graficaba el contraste al afirmar que
este contexto hace que la "industria minera sea tanto fuente de
esperanza como su propia víctima".
El informe resalta, sobre la base de los aportes macroeconómicos de
la minería, la importancia de este sector para la economía peruana; sin
embargo, precisa también que las expectativas de desarrollo son minadas
por el daño ambiental que ocasiona y por las limitaciones en el uso y
redistribución de los ingresos mineros, lo que estaría desatando los
conflictos que podrían desalentar la expansión minera.
Desde esta perspectiva el país estaría ganando con la minería. El
sector del estado y la industria minera se valen de los aportes
macroeconómicos para justificar la necesidad de más minería. Es común
ver reportes estatales o empresariales que se centran en mostrar números
de más minería, más crecimiento, más contribución de la minería –por
ejemplo- en términos de ingresos tributarios para el Estado.
Ahora, si esta contribución obligada de la minería es justa o no por
extraer recursos agotables, a la luz de los costos ambientales y
sociales que genera, es otro debate pendiente. La sociedad en general ha
demandado que la minería debe pagar más por las sobre ganancias que
está obteniendo, pero la industria considera que más impuestos hace
menos competitivo al país para atraer inversiones y los gobiernos han
cedido a este argumento.
Por otro lado, mientras las cifras macroeconómicas han mejorado para
las actividades extractivas en general los conflictos alrededor de estas
actividades se han multiplicado en el país. Entre mayo del 2004 y
febrero de 2007, la Defensoría del Pueblo había registrado 23 conflictos
socioambientales que involucraban a las industrias minera[11]. Sin
embargo, esta cifra se incrementó exponencialmente a la fecha. En abril
del 2012, la Defensoría registró 243 conflictos, de los cuales el 59.7%
(145 casos) son conflictos socioambientales[12].
Los conflictos tienen diversas causas. En su informe, la Defensoría
identifica al menos cinco causas: i) temor justificado de la población a
la potencial contaminación que pueden ocasionar las actividades
extractivas; ii) percepción como injusta por las poblaciones excluidas
de las ganancias de las empresas; iii) falta de confianza de la
población en el Estado para prevenir la contaminación; iv) percepción de
la población de que las actividades extractivas son incompatibles con
la agricultura; v) los impactos negativos de las actividades
extractivas, principalmente en el suelo, agua, biodiversidad, servicios
ambientales, etc.
Finalmente, se puede concluir que los que ejercen el poder político y
económico apuestan por mantener el modelo extractivo que, desde la
perspectiva rentista, ha colocado al país como uno de los abanderados
del comercio de minerales de América Latina. Aquí se minimizan los
impactos negativos (ambientales, sociales, culturales y económicos)
sobre las poblaciones locales pero sí se resalta lo "positivo" que se
centra casi únicamente en las cifras macroeconómicas, dentro de ellas el
de las exportaciones.
Los afectados y sus comunidades demandan límites a la minería y
reformas sustanciales al modelo minero. Los impactos negativos son sus
principales argumentos y –en algunos casos- el modelo de desarrollo
local es puesto en contraposición a los proyectos mineros. No hay
argumentos economicistas pero si hay consideraciones ambientales y de
derechos relevantes para la vida comunitaria.
Publicado en Boletín ECOS N° 19 – Junio-Agosto 2012. FUHEM ECOSOCIAL.
http://www.fuhem.es/ecosocial/boletin-ecos/numero.aspx?n=19
[1] Perú país minero: http://www.minem.gob.pe/descripcion.php?idSector=1&idTitular=159&idMenu=sub149&idCateg=159
[2] Perú 2011. Anuario Minero. Reporte estadístico. Ministerio de Energía y Minas.
[3] http://www.inei.gob.pe/DocumentosPublicos/Pobreza_Nota_Prensa_093_INEI.pdf
[4] http://www.snmpe.org.pe/portal/contenido/38/fines/id.38
[5] Memoria Anual 2011. SNMPE.
[6] http://www.larepublica.pe/25-05-2012/empresas-mineras-ganaron-mas-de-us-5-000-millones
[7] http://ipsnoticias.net/nota.asp?idnews=94532
[8] Diario Gestión, 08 de enero de 2010. Pág. 25
[9] http://elcomercio.pe/politica/1420915/noticia-conflictos-dejaron-10-muertos-desde-que-inicio-gobierno-humala
[10] Riqueza y sostenibilidad: dimensiones sociales y ambientales de la minería en el Perú. Banco Mundial. 11 de abril de 2005.
[11]
Informe Extraordinario. Los conflictos socio ambientales por
actividades extractivas en el Perú. Defensoría del Pueblo. 16 de abril
de 2007.
[12] Reporte de conflictos sociales N° 98. Defensoría del Pueblo. Abril 2012.
Fuente: Web No A la mina
| 
0 comentarios:
Publicar un comentario