La Confederación Nacional de Comunidades Afectadas por
la minería (Conacami) denunció que la Organización de las Naciones
Unidas dio un duro golpe a la defensa de los pueblos indígenas al apoyar
la decisión del Relator Especial, John Ruggie, que elimina los
mecanismos de vigilancia sobre las operaciones que ejecutan las empresas
transnacionales en perjuicio de las poblaciones nativas.
Reafirmó que estas medidas dadas por John Ruggie no garantizan la protección y respeto de los derechos, pues apela a fórmulas voluntarias que en la práctica no han funcionado.
Ante esto, la Conacami recordó que el Grupo de Trabajo sobre las Transnacionales (GT ETN) dijo que estos mecanismos son utilizados por las empresas como cortina de humo para ocultar su actuación abusiva y desviar cualquier tentativa de adoptar mecanismos de control obligatorio. La organización indígena informó que estas observaciones fueron presentadas oportunamente por el Grupo de Trabajo sobre las Transnacionales a través de una declaración firmada por más de 30 organizaciones y movimientos sociales de América Latina y Europa.
El documento se basa en el trabajo de investigación y denuncia de las violaciones de derechos humanos en América Latina por parte de empresas transnacionales europeas para la preparación de las tres sesiones del Tribunal Permanente de los Pueblos (TPP), realizadas entre 2006 y 2010. Las sesiones del TPP concluyeron que las violaciones de los derechos por parte de las empresas son de naturaleza sistemática, y no eventos aislados, los cuales se encuentran amparados por un sistema jurídico compuesto por tratados de libre comercio e inversiones.
Reafirmó que estas medidas dadas por John Ruggie no garantizan la protección y respeto de los derechos, pues apela a fórmulas voluntarias que en la práctica no han funcionado.
Ante esto, la Conacami recordó que el Grupo de Trabajo sobre las Transnacionales (GT ETN) dijo que estos mecanismos son utilizados por las empresas como cortina de humo para ocultar su actuación abusiva y desviar cualquier tentativa de adoptar mecanismos de control obligatorio. La organización indígena informó que estas observaciones fueron presentadas oportunamente por el Grupo de Trabajo sobre las Transnacionales a través de una declaración firmada por más de 30 organizaciones y movimientos sociales de América Latina y Europa.
El documento se basa en el trabajo de investigación y denuncia de las violaciones de derechos humanos en América Latina por parte de empresas transnacionales europeas para la preparación de las tres sesiones del Tribunal Permanente de los Pueblos (TPP), realizadas entre 2006 y 2010. Las sesiones del TPP concluyeron que las violaciones de los derechos por parte de las empresas son de naturaleza sistemática, y no eventos aislados, los cuales se encuentran amparados por un sistema jurídico compuesto por tratados de libre comercio e inversiones.
Fuente: Diario La Primera, domingo 26 de junio del 2011.
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