Martin Khor
La muerte de Osama Bin Laden ocupó los titulares de la prensa
internacional durante varios días. Ahora se abre la discusión sobre las
acciones que la provocaron y las dudas sobre su legalidad.
Funcionarios de Estados Unidos anunciaron inicialmente que el jefe de
Al Qaeda había muerto en un tiroteo en la casa que ocupaba en Pakistán y
que había utilizado a su esposa como escudo humano. Pocos días después
se admitió que lo habían desarmado y que no había utilizado un escudo
humano. Por otro lado, no había habido disparos contra las fuerzas
estadounidenses, a excepción de una persona en la etapa inicial.
La muerte de Bin Laden se produjo unos días después del bombardeo de
la OTAN a la casa del líder libio Muamar el Gaddafi, en el que habrían
muerto un hijo suyo varios nietos.
Estos dos hechos, en Pakistán y Libia, ponen de relieve la cuestión de los
llevados a cabo por un organismo gubernamental en el territorio de
otros países. Y plantea la discusión de si es legal que uno o varios
estados maten personas, incluso dirigentes políticos, en otros estados.
Por ejemplo, cada vez más se utilizan aviones teledirigidos que, a
miles de kilómetros de distancia, disparan misiles contra edificios y
vehículos en los que se cree están las personas a las que se quiere
eliminar, provocando importantes “daños colaterales”.
Los ataques con aviones no tripulados mataron a novecientos cincuenta
y siete civiles en Pakistán el año pasado, según datos de la Comisión
de Derechos Humanos de ese país, casi tantos como los mil cuarenta y un
civiles muertos por ataques suicidas con bombas en el mismo año.
El alto número de muertes y víctimas civiles por ataques de aviones teledirigidos estadounidenses ha creado un gran rencor en Afganistán y Pakistán.
Estos días ha ido creciendo en todo el mundo el reclamo de mayor
información sobre lo que realmente ocurrió durante el asalto a la casa
de Bin Laden. Mientras, representantes de las Naciones Unidas para los
derechos humanos también pidieron a Estados Unidos que divulgaran la
totalidad de los hechos, incluso si había planes para capturarlo.
La Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos,
Navi Pillay, pidió el esclarecimiento del asesinato, destacando que
todas las operaciones de lucha contra el terrorismo deben respetar el
derecho internacional.
Dos relatores especiales de las Naciones Unidas que informan al
Consejo de Derechos Humanos, Christof Heyns y Martin Scheinin, emitieron
una declaración conjunta el 6 de mayo en la que piden a Estados Unidos
información sobre la muerte de Bin Laden.
Heyns, experto en ejecuciones extrajudiciales, sumarias o
arbitrarias, y Scheinin, en la protección de los derechos humanos en la
lucha contra el terrorismo, quieren valorar si el uso de la fuerza letal
se atuvo a las normas internacionales sobre derechos humanos. En
ciertos casos excepcionales podría hacerse un uso letal de la fuerza en
operaciones contra los terroristas, señalan. “Sin embargo, la norma
debería ser que los terroristas sean tratados como criminales sometidos a
procesos legales de arresto, juicio y castigo definido judicialmente”.
Un informe de la agencia Reuters fechado el 5 de mayo en Nueva York señala que, según algunos expertos, la legalidad del comando que mató al líder de Al Qaeda es menos clara en el marco del derecho internacional. Y si bien el presidente Barack Obama aumentó su popularidad en su país, en otros lugares la acción planteó la preocupación de que Estados Unidos haya ido demasiado lejos “en su papel de gendarme, juez y verdugo del hombre más buscado del mundo”.
También el diario alemán Süddeutschen Zeitung expresó dudas sobre la
legalidad del asesinato. “¿Qué ley contempla la ejecución de Bin
Laden?”, se interroga el editor principal, Heribert Prantl. “La ley
estadounidense exige que se lleve a cabo un juicio antes de establecer
la pena de muerte. Las ejecuciones están prohibidas en los países donde
rige el estado de derecho. La ley marcial tampoco cubre la operación de
Estados Unidos. La decisión de matar al padrino del terrorismo fue
política”.
El tema de los asesinatos selectivos se abordó en mayo del año pasado
en un importante informe al Consejo de Derechos Humanos de las Naciones
Unidas de Philip Alston, entonces Relator Especial sobre ejecuciones
extrajudiciales, sumarias o arbitrarias, en el que se critica los
ataques de aviones no tripulados dirigidos por la CIA que provocaron la
muerte de cientos de civiles.
Alston, profesor de Derecho de la Universidad de Nueva York, sugirió
que los asesinatos con aviones no tripulados conllevan el riesgo de
convertirse en crímenes de guerra porque los organismos de inteligencia
“no suelen operar en un marco que ponga un énfasis adecuado en asegurar
el cumplimiento del derecho internacional humanitario”.
En términos más generales, el informe dice que los asesinatos
selectivos han provocado un desdibujamiento y la problemática expansión
de los límites de los marcos legales pertinentes: leyes de derechos
humanos, leyes de guerra y uso de la fuerza entre los estados. “El
resultado es el desplazamiento de las normas jurídicas con una ‘licencia
para matar’ vagamente definida y la creación de un importante vacío de
responsabilidad”, señala.
Cualquier norma que Estados Unidos intente aplicar a Al Qaeda podría
ser invocada por otros estados para aplicarla a otros grupos armados no
estatales, advierte el informe.
Un aspecto muy preocupante es el incumplimiento de los estados de su
legislación sobre derechos humanos, así como de sus obligaciones
internacionales en esta materia para ofrecer transparencia y rendir
cuentas por los asesinatos selectivos.
A la luz de la creciente utilización de los asesinatos selectivos,
habría que hacer un seguimiento serio de las cuestiones y propuestas
planteadas en el informe de Alston de mayo de 2010.
Martin Khor, fundador de la Red del Tercer Mundo, es director
ejecutivo de South Centre, una organización de países en desarrollo con
sede en Ginebra.
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