Jueves 13 de Enero de 2011 13:18
Presentan
el VII Informe del Observatorio de Conflictos Mineros en el Perú: "Más
de 21 millones de hectáreas del territorio peruano se encuentra
concesionado, es decir 16.73%".
Por Magali Zevallos
12/01/2011. El VII Informe del Observatorio de Conflictos Mineros
(OCM) presenta un balance de la expansión minera en el Perú, con el
nuevo mapa político regional y municipal -en las regiones que son
mineras o donde pretende ingresar la minería- han sido elegido
autoridades regionales que han cuestionado el rol de esta actividad,
como: Cajamarca, Cusco y Junín, y en el caso específico de Piura, ha
planteado dos temas: "no a la minería en cabecera de cuenca" y el
"respeto a los resultados de las consultas ciudadanas".
Este nuevo escenario político coloca en el debate las competencias de
los gobiernos regionales sobre el otorgamiento de concesiones mineras.
Actualmente, son dos presidentes regionales electos (Piura y Cusco) que
han pedido facultades sobre el tema de otorgamiento de concesiones, y
que las regiones no pueden seguir al margen de decisiones de gran
impacto local y regional. El resultado de estas elecciones, justamente
en lugares mineros, demuestra que los conflictos no sólo se deben a
temas económicos (recaudación del canon), "lo social y ambiental son
temas importantes para las poblaciones", señala Jose De Echave,
Coordinador General del Observatorio.
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| Minería: espeluznante panorama |
En el caso de Cajamarca, con la victoria de Gregorio Santos, una de
las regiones mineras más ricas de Perú, que alberga las principales
reservas de oro, puso en guardia a las empresas que operan en la zona y
que mantienen una relación tensa y conflictiva con las comunidades
locales. Así, se presenta un nuevo panorama político al presidente
García para el último semestre que le queda por gobernar. El actual
régimen es un gran impulsor y promotor de la actividad minera, bajo el
slogan Perú país minero, las concesiones otorgadas a esta actividad se
duplicaron entre el 2006 al 2010, pasando de 11 millones de hectáreas a
más de 21 millones de hectáreas de territorio concesionado. En los
últimos seis meses estas concesiones han aumentado en aproximadamente
1,5 millón de hectáreas.
Según el informe OCM segundo semestre 2010, más de 21 millones de
hectáreas del territorio peruano se encuentra concesionado, es decir el
16.73%, alcanzado un nuevo récord histórico de concesiones mineras que
ocupan gran parte del territorio nacional, siendo Arequipa la región más
concesionada por extensión (hectáreas) del país, con más de dos
millones setecientos mil hectáreas. Puno ocupa el segundo lugar y le
sigue Cajamarca."No pretendemos afirmar que la totalidad de las
concesiones otorgadas en el Perú se vayan a convertir en operaciones
mineras.
Sin embargo, estas concesiones representan un derecho que se entrega a
las empresas y que desde un inicio ejercen presión sobre los
territorios y los recursos que existen. La evidencia demuestra que
muchos conflictos mineros se gestan en la fase inicial de las
actividades de las empresas", dice De Echave.Las concesiones en las
zonas que son materia de estudio para el Observatorio de Conflictos
mineros, con cifras a noviembre de 2010, Apurímac es porcentualmente el
más concesionado: 55%, Cajamarca: 45.5%, Piura: 28.5%, Junín: 24.6%,
Cusco: 16.4%. A mayor expansión más conflicto enfatiza De Echave, hace
referencia al último reporte (noviembre) de la Defensoría del Pueblo,
"se registraron 120 conflictos socioambientales, un 70% tenían relación
con la actividad minera". Responde que eso se debe a que las poblaciones
y comunidades tienen una mayor conciencia de sus derechos.
El informe OCM sostiene que una herramienta clave que permite
prevenir este tipo de conflictos es el ordenamiento territorial, el
proceso participativo de Zonificación Ecológica Económica y el uso de
los recursos como el agua y la tierra. "El rol de las nuevas autoridades
debe orientarse a garantizar que no se afecte el acceso al agua (en
cantidad y calidad) de la población y que las negociaciones de tierras
se den en condiciones equitativas y justas". El informe concluye que la
agenda pendiente en minería es promover un trabajo regional que implique
el respeto de los derechos de las comunidades, el cumplimiento estricto
de los estándares ambientales, y la ejecución eficiente de los recursos
que provengan de una actividad minera que apunte al desarrollo
sostenible de las poblaciones.
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