Opinión libre: Conflictos sociales, elecciones y democracia

Por Miguel Jugo Viera

Un hecho particularmente propio de estas elecciones generales, ha sido la permanencia de conflictos sociales muy álgidos, en los días previos a celebrarse los comicios electorales tanto en LA PRIMERA como en la segunda vuelta.

El sábado 02 de abril, 8 días antes de LA PRIMERA vuelta electoral, concluyó en Arequipa, luego de más de 15 días, el conflicto entre los pobladores de Islay y el proyecto minero denominado “Tia María”, en el que además murieron 3 personas y 20 quedaron seriamente heridas. El 31 de Mayo, 5 días antes de la “segunda vuelta electoral”, se ha levantado la huelga en Puno, luego de casi 20 días.

Como denominador común, para ambos casos, está el hecho de que no existen muchas esperanzas que en el nuevo contexto político se resuelvan los problemas, cuya solución demandan la población de la provincia de Islay en Arequipa y la de prácticamente todo el altiplano en Puno. En este último caso, un sector de las comunidades aymaras, han suspendido la medida por 7 días a fin de garantizar se lleve adelante el proceso electoral. Entonces es evidente que nos encontramos frente a la incógnita, de cómo abordará los conflictos sociales el gobierno entrante. Demás está reiterar que, cualquiera que sea la estrategia gubernamental para enfrentar los problemas sociales, hay la necesidad de que ésta debe contemplar como instrumento básico el diálogo y la negociación. Desde la sociedad civil se han planteado algunas alternativas, cuya importancia debe ser destacada. Entre ellas están la Ley de Consulta Previa a las poblaciones indígenas; la elaboración de un Plan de Ordenamiento Territorial regional para determinar dónde pueden o deben desarrollarse las actividades extractivas, y dónde no deben ponerse en marcha.

Otra valiosa alternativa constituye la de declarar la Intangibilidad de zonas con alto valor hídrico para enfrentar los problemas de disponibilidad y calidad del agua, sobre todo las que tiene mayor riesgo ambiental y ecológico, para planificar los usos y proteger las fuentes naturales del agua.

Hay que recordar que diversas instituciones de la comunidad internacional, de la sociedad civil mundial y de los gobiernos de muchos países del globo afirman, cada vez con más fuerza, que el agua es un derecho humano fundamental que permite garantizar otros derechos. Es urgente que el Estado, impulse medidas que mitiguen y prevengan la contaminación ambiental y la de los recursos naturales.

No hemos escuchado a la candidata Keiko Fujimori, referirse a los conflictos sociales, ni tampoco se encuentra escrito en su plan de gobierno. En el caso de Ollanta Humala, hay algunas afirmaciones muy generales sobre el tema.

Por ello, es necesario resaltar que solo un tratamiento eficiente de los problemas de fondo que están en la base de los conflictos sociales, será la única forma de mostrar confianza en la población. De lo contrario no habrá ninguna confianza en la población que vive estos problemas y las dudas persistirán a la hora de elegir.

En esa misma línea, adquieren vital importancia los comunicados de la Red Muqui, y los de otros colectivos, en materia de tratamiento a la industria extractiva. Éstos se convierten en una buena pauta para conducir los conflictos, de manera ordenada, a una solución integral, respetando los derechos fundamentales de la población.

Fuente: diario La Primera, sábado 4 de junio 2011