La CNDDHH expresa su pesar ante la nueva ejecución extrajudicial de un manifestante, el joven estudiante Ever Pérez Huamán (25), victimado por la Policía Nacional del Perú – PNP durante las protestas contra la empresa Pluspetrol en Pichanaki (Junín) ayer 10 de febrero. Con él son 40 los manifestantes ultimados por las fuerzas del orden en lo que va del gobierno de Ollanta Humala Tasso.
De acuerdo a la información recogida de los pobladores, la protesta se estaba desarrollando con el bloqueo de la carretera central desde el día 9 y no se había producido ningún incidente violento. Ayer alrededor de las siete de la tarde la PNP comenzó a botar los alimentos de las personas al río, disparando gases lacrimógenos y usaron armas letales en plena ciudad, e introduciéndose a varias viviendas familiares donde sustrajeron enseres y causaron destrozos. Como resultado del uso abusivo de la fuerza policial se han reportado cerca de 40 heridos, de los cuales varios son niños y niñas. Se ha denunciado además que los efectivos policiales impidieron el tránsito de la ambulancia que debía trasladar a los heridos más graves, violando así la obligación de darles auxilio inmediato. Ante estos hechos de violencia policial se generaron disturbios, y un grupo de manifestantes incursionaron en una dependencia militar usada como depósito por la empresa Pluspetrol, causando daños.
Consideramos plenamente legítima la protesta que se viene desarrollando en Pichanaki, después de haber tratado infructuosamente de entablar un proceso de diálogo con las autoridades estatales durante meses, y ante el temor fundado de que se repliquen en el lote 108 las nefastas prácticas ambientales y sociales desplegadas por Pluspetrol en los lotes 1AB y 8, ante la total impasividad del Estado.
Durante décadas el Estado ha permitido que la empresa Pluspetrol genere una tragedia ambiental, pobreza y enfermedad para los pueblos indígenas que viven en las cuatro cuencas del Trigre, el Marañón, el Corrientes y el Pastaza. ¿Acaso resulta ilógico temer que lo mismo pueda ocurrir en el Lote 108, más aún en el actual contexto de reducción de estándares e institucionalidad ambiental?
Demandamos que los responsables de estas acciones sean sancionados, y que se garantice una reparación inmediata a los afectados. Así mismo exigimos que se respete el derecho a la protesta social, siendo inaceptable el uso de armas letales para el control de disturbios, y el uso de la fuerza contra personas que protestan de manera pacífica, o la represión indiscriminada en pleno centro poblado.
Secretaria Ejecutiva
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