Jóvenes de clase media protestan en las calles de Lima contra la corrupción y piden la despolitización del Tribunal Constitucional y del Defensor del Pueblo
En menos de una semana, dos movilizaciones masivas en el centro de Lima
han lanzado un mensaje anticorrupción al Congreso y al oficialismo, en
rechazo al pacto político de cuatro partidos que acordó elegir, como nuevos magistrados del Tribunal Constitucional
y como Defensor del Pueblo, a personas no cualificadas para el cargo,
sea por militancia partidaria, incompetencia profesional o conflictos de
interés. La noche del lunes, cerca de tres mil jóvenes, universitarios
en su gran mayoría, protestaron pacíficamente durante dos horas y media y
llegaron a tres cuadras del Congreso. La policía los dispersó con
violencia después de que estuvieron casi una hora apostados allí. La
fuerza del gas lacrimógeno y los golpes con varas pudieron más.
El Parlamento se reunirá hoy en un pleno extraordinario para discutir
cómo “dejar sin efecto” las resoluciones legislativas que nombraron el
día 17 a seis nuevos magistrados del Constitucional, al Defensor del
Pueblo, y a tres directores del Banco Central de Reserva. Deben decidir
la forma de reemplazar a esos altos funcionarios, algunos de los cuales
llevan un año con período vencido o en calidad de interino. Tras las
críticas masivas, en las calles y en los medios de comunicación, han
rechazado el cargo de cuatro de los magistrados y la Defensora del
Pueblo, pero el Congreso aún espera la comunicación formal de algunos
más.
Preguntado acerca de las protestas y la reacción del Congreso, el
politólogo de la Universidad de Harvard, Steve Levitsky, dijo en Lima:
“Si los políticos creen que pueden cruzar líneas y actuar de una manera
ilegal o antiética sin pagar un precio político, lo van a hacer. Solo lo
van a dejar de hacer cuando sepan que pagarán un costo. Esta vez
pagaron un costo”.
“No se ve con mucha frecuencia en Perú una respuesta muy fuerte de la
sociedad civil. Los políticos midieron muy mal la temperatura de la
sociedad. Es sano para la democracia que una parte de la clase media y
los medios, por primera vez en muchos meses, hayan reaccionado de una
manera unida contra esa decisión del Congreso”, añadió el analista.
El pacto político que se visualizó con la elección de los cargos del
Constitucional, la Defensoría y el Banco Central ha sido denominado
popularmente “la repartija”, pues Gana Perú (partido gobernante), Fuerza
Popular (fujimorismo), Perú Posible (del expresidente Alejandro Toledo) y el Partido Popular Cristiano (de centro derecha) definieron los cupos que cada agrupación podía tener en cada entidad.
Los representantes más cuestionados fueron dos excongresistas del
oficialismo; el exparlamentario y socio del bufete de abogados del
expresidente Alberto Fujimori, preso por crímenes de lesa humanidad; y una militante de Perú Posible acusada de irregularidades como funcionaria.
Tras el desprestigio en que se ha sumido el Legislativo, el
presidente saliente del Congreso, Víctor Isla, declaró ayer: “Espero que
la nueva mesa directiva busque este clima de confianza que se
necesita”.
“Los congresistas tienen que garantizar a las personas más
calificadas porque llegar a esos cargos significa una honra y no que los
pongan de piñata”, comentó el psicoanalista Max Hernández, miembro de
la asamblea de Transparencia, la principal ONG de observación electoral
en Perú.
Los jóvenes de clase media que protestan, que no tienen un líder, ni
un solo convocante y contactan a través de redes sociales, calificaron
el pacto político como “vergüenza nacional”. Los manifestaciones
coreaban lemas distintos: ”¡Fuera los corruptos!”, “Congreso y Tribunal:
vergüenza nacional”, “Perú, te quiero, por eso te defiendo”, “Abajo los
narcoindultos”, “No nos representan”, “Ollanta mentiroso”, "El pueblo,
luchando, también se está educando". Según una encuesta nacional de GFK
divulgada el domingo, un 62% de peruanos demanda que los elegidos para
el Constitucional y la Defensoría del Pueblo sean personalidades
independientes.
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