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"Cuando el ánimo está cargado de todo lo que aprendimos a través de nuestros sentidos, la palabra también se carga de esas materias. ¡Y como vibra!"
José María Arguedas

miércoles, 12 de diciembre de 2012

Los DDHH en el 2012

Por Rocío Silva Santisteban
 
Este año ha sido muy duro para el trabajo de derechos humanos en el Perú. El año pasado fue el año de la esperanza y este ha sido el año de la decepción. El año pasado aún teníamos fe en lo que había propuesto el gobierno para este tema; creo que a finales de este año y con los 23 muertos a cuestas por conflictos sociales, con los acosos judiciales y la criminalización de la protesta, y también con la increíble y diminuta valla que se ha planteado el MINJUS dejando convertido al Plan de DDHH en apenas un pauteo de otros planes sectoriales, nos encontramos pues ante la gran decepción: marcos normativos políticamente correctos para actos reales de mínimos comunes que finalmente no garantizan la protección de derechos.

Durante este año la criminalización de la protesta social se ha concretado en nuestro país con la continuidad de normas que facultan a soldados a intervenir en protestas sociales, otros dictámenes de ley que permiten a los policías recoger los cadáveres sin presencia de fiscales y además hacer uso de la fuerza letal en caso de peligro de la “libertad” –antes solo se usaba en caso de peligro de la vida– además de innumerables denuncias penales y civiles a quienes ejercen su derecho a la protesta y asumen el liderazgo de movilizaciones, así como a los propios defensores de derechos humanos (recordemos los golpes de 10 policías a Amparo Abanto de la CNDDHH y a Genoveva Gómez, de la Defensoría del Pueblo). Hay personas que tienen 60 denuncias por los mismos hechos en diferentes jurisdicciones siendo objeto de un increíble acoso judicial. La CNDDHH, junto con otras instituciones, hemos sido demandados por sumas millonarias por jueces prevaricadores. Pero han sido los procuradores del Ministerio del Interior y los fiscales quienes se han mostrado más acuciosos para perseguir a defensores y líderes regionales y locales.

Oscar Mollohuanca, por ejemplo, alcalde de Espinar y uno de los hombres más propicios al diálogo durante el conflicto, fue detenido arbitrariamente el 30 de mayo de este año y llevado al Penal de Ica como parte de una complejización del sistema judicial debido a cambios de jurisdicción en el marco de las protestas en Espinar. Felizmente, por la presión social, al mes fue liberado. Marco Arana, miembro activo de la CNDDHH y Premio de DDHH 2004, este 4 de julio fue salvajemente detenido, golpeado, torturado y herido con fracturas en el maxilar y el esternón, sin ningún motivo para ello, simplemente porque se encontraba en la Plaza de Armas de Cajamarca, con un letrero que decía “Agua sí, oro no”, constituyendo su arbitraria detención en uno de los hitos de la estupidez de la Policía Nacional y de este gobierno. Este acto no lo vamos a olvidar.

Tampoco olvidaremos los nombres de quienes durante este año murieron a causa de su opción por protestar ante lo que ellos reclamaban como justicia. Y me refiero a Carlos Lanci Yumbato, Julio César Ticona Medina, Francisco Areque Jipa, Felipe Guevara García, Cristian Alvarado Frías, Carlos Alberto Ramos Carmen, Robert Castillo Páucar, Rudecindo Manuelo Puma, Walter Sencia Ancca, Paulino García Rojas, José Faustino Silva Sánchez, César Medina Aguilar, Joselito Vásquez Jambo y Antonio Joselito Sánchez Huamán. Por eso y por mucho más este año ha sido tremendo para los derechos humanos en el Perú.

Publicado en Kolumna Okupa del diario La República 11/12/2012

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