Congreso. Ley de Consulta Previa fue
aprobada por singular unanimidad. Primera ley de este Parlamento otorgó voz a
nativos en decisiones que los afecten. Opinan que ayudará a aliviar
conflictos sociales.
Marco Sánchez.
El Pleno del Congreso aprobó por
unanimidad la Ley de Consulta Previa a los Pueblos Indígenas, que obligará al
Estado a pedirles su opinión en decisiones que los afecten directamente,
como las actividades de extracción minera.
113 votos avalaron la primera ley aprobada por
este Parlamento y el texto presentado por la bancada oficialista Gana Perú, con
aportes de todos los grupos. Se establece que “el acuerdo entre Estado y los
pueblos originarios como resultado del proceso de consulta es obligatorio para
ambas partes”.
Ello le da carácter de vinculante al
proceso, aunque también se fija que en caso de no existir acuerdo el Estado
puede tomar medidas para garantizar los derechos colectivos de estos pueblos.
La decisión final sobre las medidas legislativas
o administrativas corresponderá finalmente a la entidad estatal.
“Es vinculante, porque se tiene que cumplir la
palabra empeñada entre comunidades y Estado. Hará a las comunidades parte del
desarrollo”, sostuvo el oficialista Freddy Otárola, titular de la
comisión de Constitución que presentó el dictamen en base a cinco proyectos.
Menos
conflictos sociales
El legislador awajún Eduardo Nayap
agradeció la votación y dijo que ayudará a que no se produzcan más ‘Baguazos’,
campesinos ni policías muertos, y se cumplirá el compromiso de inclusión
social.
En el debate, Carlos Bruce (Concertación) dijo
que la ley no solucionará conflictos sociales, pero ayudará y que los
funcionarios del Estado deben ir a los pueblos.
Mauricio Mulder anotó que la norma se aprueba
en un contexto político (fue promesa electoral de Gana Perú) y que ahora deberá
verse “si el gobierno podrá conducir los conflictos o claudicar”.
Saludable
consenso
En realidad, congresistas de todas
las bancadas destacaron la aprobación de la ley y consideraron que se ha
atendido una “deuda histórica” que el Estado tenía con los pueblos indígenas y
originarios.
Marisol Pérez Tello, de
Alianza por el Gran Cambio, dijo que el Parlamento ha demostrado ser capaz de
buscar acuerdos y consensos para aprobar leyes que beneficien a sectores
históricamente excluidos de las decisiones del Estado.
Asimismo, María Omonte, vocera de
Alianza Parlamentaria, coincidió en que el Congreso ha demostrado capacidad de
respuesta frente al reclamo de sectores hasta el momento desatendidos.
De otro lado, la Defensoría
del Pueblo también saludó la aprobación de la Ley de Consulta Previa y
consideró necesario iniciar una campaña para explicar sus alcances en todo el
país.
El encargado de la Defensoría,
Eduardo Vega, dijo que el Congreso demostró una “gran responsabilidad” al
respaldar la iniciativa que permitirá prevenir conflictos.
“Ha sido un debate donde hubo una vocación de atender esta deuda histórica con las poblaciones indígenas”, subrayó.
“Ha sido un debate donde hubo una vocación de atender esta deuda histórica con las poblaciones indígenas”, subrayó.
“No frenará
las inversiones”
Los 20 artículos de esta ley
desarrollan el derecho a consulta para comunidades nativas y campesinas y fija
“el proceso de diálogo intercultural”. Una disposición final que deroga un
decreto supremo sobre consulta en actividades mineras fue observada por el
fujimorismo, APGC y Solidaridad. Juan Carlos Eguren advirtió como riesgo la
paralización de las inversiones, pero Freddy Otárola replicó que la ley “no
cierra las inversiones y permite escuchar a las comunidades”.
El gobierno de Alan García había observado la
ley aprobada por el Congreso anterior, con el pretexto de que daba derecho de
veto a las comunidades ante proyectos de inversión. El convenio 169 de la
Organización Internacional del Trabajo, firmado por el Perú, lo establece como
derecho.
Fuente: Diario La República, miércoles 24 de agosto 2011
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