Opinión libre: Crónica de un ataque anunciado.

Esta es una crónica y un resumen de los recientes sucesos ocurridos en el distrito de Sorochuco, donde la Minera Yanacocha (alias Minas Conga) se enfrenta a una familia campesina para privarla de sus tierras. Se la debemos a la cada vez más forjada pluma de nuestro reportero Franz Sánchez Cueva y contiene elementos de una entrevista a Isidora Chauca, la mujer que pudo grabar escenas del ataque del personal de la minera contra su familia (CPMII).

Sabor a tierra robada

Por Franz Sánchez
Celendín

Jaime Chaupe Lozano es un agricultor sorochuquino nacido el 1 de abril de 1960. En 1994, junto a su esposa Máxima Acuña adquirieron tierras para cultivo y pastoreo en el caserío de Chugurmayo, en el sector conocido como “Tragadero Grande - Las posadas”, en el distrito de Sorochuco. Los predios fueron comprados a Esteban Chaupe Rodriguez (Choropampa).


Sin embargo, en la medida que la actividad agrícola demandaba un traslado frecuente hacia las zonas de mayor producitivad, dependiendo de la época de sembrío, la familia Chaupe, descuidó los linderos de una amplia extensión de tierras, que alcanzan las 27 hectáreas.

Uno de esos descuidos tuvo como resultado que, en setiembre de 2010, la empresa Minera Yanacocha construyera una trocha de acceso que atravesaba el terreno de la familia. Enterado de lo ocurrido, Jaime Chaupe presentó, en enero de 2011, un reclamo a las oficinas de la minera, sin obtener nunca respuesta.


Ante esta situación, la familia entera decidió establecerse de manera permanente en el lugar, para defender las tierras que aseguran les pertenecen. “Nosotros tenemos documentos que nos amparan donde quiera que vayamos. Si no tuviéramos documentos, o si en realidad mi papá y mi mamá lo hubieran vendido... vergüenza tuviéramos, señor, de estar en este terreno…”, me cuenta Isidora Chaupe (hija de don Jaime).

Esto no impidió que, el 22 de mayo de este año, un escuadrón de 30 policías, custodiando a los representantes de Minas Conga (la filial de Minera Yanacocha), en particular al ingeniero cajamarquino Guillermo Rómulo Silva Silva, interviniera en un primer desalojo.

Según relatos de los agraviados, el contingente utilizó la fuerza desmedida contra los miembros de su familia —doce personas, incluidos los niños—, para finalmente destruir los linderos y desmontar la choza en la que vivían.

El 22 de mayo, la familia campesina quiso interponer una denuncia por estos hechos violentos, pero no fueron atendidos sino hasta el día siguiente.

La demanda interpuesta llegó recién el 25 de mayo hasta la Primera Fiscalía de Celendín, pero en ese lapso ocurrió uno de esos "milagros" propios al corrupto sistema judicial peruano: los denunciantes pasaron a ser denunciados, por el delito de “usurpación, daños y perjuicios contra Minera Yanacocha”

“Minera Yanacocha es una empresa respetuosa de la ley y realiza siempre sus mejores esfuerzos por mantener la paz y tranquilidad con nuestros vecinos...”, dice la multinacional minera en un escueto comunicado difundido a algunos medios locales que le son adictos (fáciles de identificar).

“Las camionetas pasaban y volvían a pasar por la carretera que está dentro de nuestro terreno... y, después, en el campo han hecho su plataforma. Y allí llegaban las camionetas, se estacionaban y de allí nos miraban", relata Isidora. Y el lunes 8 de agosto, "a las 6 de la tarde, esperando que se haga de noche nos atacaron”, agrega, contando la violencia que se desató durante un nuevo intento de desalojo.

Lo ocurrido ese anochecer hubiera podido quedar ignorado, hubiera sido la palabra de Isidora contra la de la transnacional, de no ser un celular que blandió la joven y de cuyo manejo no estaba bien enterada. Con él registró lo que pudo de la intervención y, en un momento, una escena escalofriante: la madre de Isidora (doña Máxima Acuña) desmayada en la pampa, los niños golpeados, asustados y llorando. Es así como la minera intento lograr sus fines, sin contemplaciones y al amparo de la oscuridad.

El martes 9 de agosto, esta vez a las 6 de la mañana, el contigente policial armado y los funcionarios de la minera volvieron nuevamente al lugar, esta vez para culminar el desalojo, destruyeron la choza rehabilitada, rompieron bienes y enseres, cuyos restos inexplicablemente fueron llevados a bordo de una camioneta.

En el comunicado de Yanacocha se lee: “De acuerdo con la Ley, y en defensa de nuestra propiedad, luego de dialogar con los invasores de manera pacífica y sin violencia ni agresión física o verbal de las partes, se procedió a desarmar la choza –construida hace 5 días en la propiedad de Yanacocha- y levantar un acta dando cuenta de las pertenencias encontradas, para luego hacerlas llegar a la comisaría de Celendín”.

“Eso es totalmente falso, nunca ha habido un diálogo... Vienen agresivamente a insultarlo a mi papá…, traen a Fiscalía y dicen que hay que salir primero del terreno para que haya diálogo...”, continúa su historia Isidora Chaupe. “Por eso es que ahora él (se refiere al Ing, Guillermo Rómulo Silva) no se presenta, manda a otros... Nosotros donde quiera que nos vayamos, donde quiera que nos haga llevar, primero vamos a pedir que él nos enseñe la firma de mi papá y mi mamá, a ver si han vendido nuestros terrenos”.

Yanacocha en otra parte del comunicado, dice: “Es necesario precisar que, contrariamente a las declaraciones vertidas en algunos medios, dichas personas recién levantaron la choza el lunes 8 de agosto del presente año, por lo que no es cierto que estaban viviendo con anterioridad en la zona. De acuerdo con la información recibida por la empresa, dichas personas tendrían como domicilio regular el caserío de Amarcucho, en el distrito de Sorochuco”.

“Nosotros tenemos nuestras chozas antiguas y tenemos cimientos de casa... y todo lo que ha hecho mi papá”, refuta con indignación Isidora, a la vez que clama por apoyo, porque sienten que están solos frente a una multinacional.

“En primer lugar quisiéramos que nos arreglen todos los daños y perjucios que han hecho en nuestro terreno... Han venido acá a maltratarnos. Tengo un tío inválido, que no tiene un brazo, a él también lo han lastimado. Que nos devuelvan lo que nos han llevado. Y si queremos esos terrenos lo venderemos…, pero si no queremos no lo vamos a vender a la mina”, finaliza.

Sea como sea, por más potestad sobre la tierra tenga el agricultor y su familia, o por más dueña sea la empresa Minera Yanacocha, nada, absolutamente nada justifica actuar con los métodos violentos que se ha empleado. Aquí hay que procurar también hacer entender que la Policía Nacional, es justamente Nacional y no “Privada”, palabra que en este caso no significaría “privación” o “privada de decisión”, no quisiéramos saber por qué. Los derechos de la persona son el máximo valor que se debe respetar.

Frente a tropelía consumada ya se han pronunciado diferentes personalidades y organizaciones que defienden la vida, porque no hay que esperar a que ella esté en inminente riesgo para rechazar este tipo de vejaciones. Se han pronunciado por ejemplo la actriz Magaly Solier y el escritor Alfredo Pita, así como otros activistas que ven con mucha preocupación estas primeras señales negativas en un momento teñido de esperanza.

La empresa responsable de los desmanes cierra su comunicado con esta frase para la histeria: “Para Yanacocha es prioritario mantener siempre buenas relaciones con nuestros vecinos, de respeto mutuo y en búsqueda constante del desarrollo sostenible en su área de influencia". Sin comentarios.

Fuente: CPMII