Opinión libre: Un engañoso canon minero

El pago que realizan las empresas mineras al Estado por dicho tributo está sujeto al impuesto a la renta y a una serie de deducciones y beneficios a favor de las trasnacionales, advirtió investigador Jorge Manco.

Las empresas mineras que operan en el país no solo se benefician de los altos precios internacionales de los minerales que les permite recaudar cuantiosas ganancias, sino que además se han visto favorecidas por una legislación tributaria permisiva que permite que el canon minero que pagan al Estado se desprenda del impuesto a la renta.

En la práctica el canon minero se financia con los diversos impuestos generados en la cadena de valor, que van desde las regalías, impuesto a la renta, aranceles y otros, advirtió, Jorge Manco Zaconetti, investigador de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos.

Así, el Estado ha determinado por ley que el 50% del impuesto a la renta pagado por las empresas mineras se transforma en canon minero que se distribuye en un 10% en el distrito productor donde opera la unidad minera, 25% entre los municipios distritales de la provincia donde se extraen los recursos mineros, un 25% para el gobierno regional que incorpora el 5% para la universidad pública, y el resto, un 40%, entre los gobiernos locales del departamento donde se explotan los recursos mineros.

“Por ello afirmamos que el canon minero no constituye un real canon pues su fuente es el impuesto a la renta, es decir una renta derivada, que está sujeta a una serie de deducciones y beneficios que tienen las empresas mineras en razón del marco atractivo para obtener la inversión privada sobre todo transnacional”, cuestionó el investigador.

Entre los beneficios tributarios que gozan las empresas mineras se encuentran –indicó Manco Zaconetti- la reinversión de utilidades que permite deducir hasta el 80% del impuesto a la renta con fines de reinversión -como es el caso de las mineras Antamina y Cerro Verde-, la exoneración del pago del selectivo al consumo a los combustibles residuales o diesel utilizados en la generación eléctrica al servicio de las empresas mineras.

A lo anterior se aúna –consideró- el blindaje de los llamados contratos de estabilidad jurídica, tributaria y administrativa que justifica indebidamente el no pago de las regalías mineras por parte de un importante número de empresas del sector.

Incrementar tasa de regalías

Si bien las regalías mineras no resultan significativas como el canon minero, el comportamiento del 2010 en relación al 2009 ha sido de un aumento significativo al pasar de 339 millones de nuevos soles a 605 millones en el 2010 con tendencia al aumento, pues en la medida que finalicen los contratos de estabilidad tributaria las empresas estarían obligadas a pagar las llamadas regalías mineras, indicó Manco Zaconetti.

Recalcó la necesidad de una mayor participación del Estado en la renta minera debido a las cuantiosas ganancias que viene obteniendo las empresas del sector y para ello recomendó incrementar las tasas de regalías mineras pasando del 3% al 6% a las empresas donde el valor de los concentrados supera los US$ 120 millones anuales.

En esa línea, consideró que las empresas que abonan actualmente el 2%, en las que el valor del concentrado es superior a los US$ 60 millones anuales pero inferior a los US$ 120 millones pasarían a pagar el 4%, y las empresas donde el valor del concentrado resulta menor a los US$ 60 millones anuales abonarían el 2% en lugar de pagar el 1%.

“Mediante este mecanismo elevando las tasas de regalías el Estado obtendría mayores ingresos aprovechando el ciclo todavía boyante de los precios internacionales. Además s necesario que el Estado negocie con todas las compañías del cogollo minero (Antamina, Cerro Verder, Barrick, Tintaya, Yanacocha) para el abono de regalías que adeudan al Estado desde el 2005 “, afirmó.

Derechos de vigencia

Además de incrementar la tasa de regalías, el especialista recomienda para aumentar los ingresos fiscales un sustancial aumento de los derechos de vigencia de las concesiones mineras que, al fijarse a 3 dólares por hectárea –consideró-, resultan baratas para una serie de empresas de la gran y mediana minería y sobre todo para los especuladores que con mínimos programas de inversión minera pueden retener los derechos mineros sobre las concesiones por más de 15 años.

“Se trata de elevar los derechos de vigencia para que constituya una barrera de entrada en un sector donde las concesiones mineras se han incrementado superando los 23 millones de hectáreas en todo el país, constituyéndose en una fuente renovada de conflictos por la ausencia de la necesaria zonificación del espacio territorial respondiendo dónde se puede desarrollar actividad minera y dónde debiera evitarse su presencia”, concluyó.

“Con la renegociación de los convenios de estabilidad tributaria, con mayores tasas de regalías, elevando sustantivamente los derechos de vigencia a los nuevos proyectos mineros, y estabilizando el aporte minero como el 3.75% de la utilidad neta, el Estado tendría una mayor participación en la renta minera”, aseguró Manco Zaconetti.

Fuente: Diario La Primera, martes 5 de julio 2011.