Por Gabriel Mazeei
El informe “El derecho a la consulta previa libre e
informada de los pueblos indígenas” presentado ayer por la Fundación
para el Debido Proceso Legal (DPLF) y Oxfam, dio a conocer que la
actividad extractiva de los recursos naturales ha triplicado el número
de conflictos sociales, pasando de 88 a 234 conflictos sociales en el
interior del país. El 70 % de este tipo de controversias son de carácter
socio-ambientales, según estadísticas de la propia Defensoría del
Pueblo.
Para el coordinador Regional del Programa de industrias extractivas de OXFAM América, Javier Aroca, la ausencia de diálogo y de voluntad política ha permitido casos lamentables como Tía María, Río Blanco (Ex Majaz), Bagua, entre otros, en donde ocurrieron la mayor cantidad de muertes.
“El Estado sigue haciendo caso omiso al cumplimiento del Convenio 169, que está vigente desde 1995, en el que claramente se contempla la ley de consulta previa a las comunidades que viven en el terreno, del cual es materia de la actividad extractiva”, mencionó Aroca. Según el representante de OXFAM, esta situación refleja el mal manejo de los recursos naturales y un modelo de gobierno alejado de la realidad de las comunidades campesinas, indígenas y amazónicas. “Hoy en día, la política gubernamental está enfocada al fomento intensivo de inversiones privadas, se dan concesiones sin consultas previas para la construcción de grandes obras de infraestructura y la explotación minera, maderera y de Hidrocarburos, en las zonas donde se encuentran la mayoría de la población indígena y campesina”, criticó.
Por su parte, el director de Políticas de Derecho, Ambiente y Recursos Naturales (DAR), César Gamboa, recalcó la importancia de la ley de consulta previa, como un nuevo elemento de la democracia participativa. “El derecho internacional recoge esta herramienta de consulta. Y esta debe darse incluso antes del diseño del proyecto de la empresa”, indicó.
Gamboa cuestionó la actual gestión del presidente García, por la cual no contempla la participación de las comunidades afectadas y, como consecuencia, deja a las empresas manejarse libremente. “En muchas oportunidades, la empresa extractiva hace su propio estudio de impacto ambiental, sin las exigencia de un Estado que le diga que tiene que fomentar la participación de las comunidades que viven en el lugar donde se realizará el proyecto”, enfatizó.
Propuso al próximo gobierno solucionar los conflictos sociales, creando un registro de las juntas directivas de todas las comunidades del país. “De esta manera, cuando una minera quiera invertir en un proyecto extractivo, deberá ver en dicho registro las comunidades que pertenecen al territorio materia de inversión e inmediatamente consultar y diseñar el proyecto junto a ellos”, finalizó.
Fuente: Diario La Primera, sábado 9 de julio del 2011
Para el coordinador Regional del Programa de industrias extractivas de OXFAM América, Javier Aroca, la ausencia de diálogo y de voluntad política ha permitido casos lamentables como Tía María, Río Blanco (Ex Majaz), Bagua, entre otros, en donde ocurrieron la mayor cantidad de muertes.
“El Estado sigue haciendo caso omiso al cumplimiento del Convenio 169, que está vigente desde 1995, en el que claramente se contempla la ley de consulta previa a las comunidades que viven en el terreno, del cual es materia de la actividad extractiva”, mencionó Aroca. Según el representante de OXFAM, esta situación refleja el mal manejo de los recursos naturales y un modelo de gobierno alejado de la realidad de las comunidades campesinas, indígenas y amazónicas. “Hoy en día, la política gubernamental está enfocada al fomento intensivo de inversiones privadas, se dan concesiones sin consultas previas para la construcción de grandes obras de infraestructura y la explotación minera, maderera y de Hidrocarburos, en las zonas donde se encuentran la mayoría de la población indígena y campesina”, criticó.
Por su parte, el director de Políticas de Derecho, Ambiente y Recursos Naturales (DAR), César Gamboa, recalcó la importancia de la ley de consulta previa, como un nuevo elemento de la democracia participativa. “El derecho internacional recoge esta herramienta de consulta. Y esta debe darse incluso antes del diseño del proyecto de la empresa”, indicó.
Gamboa cuestionó la actual gestión del presidente García, por la cual no contempla la participación de las comunidades afectadas y, como consecuencia, deja a las empresas manejarse libremente. “En muchas oportunidades, la empresa extractiva hace su propio estudio de impacto ambiental, sin las exigencia de un Estado que le diga que tiene que fomentar la participación de las comunidades que viven en el lugar donde se realizará el proyecto”, enfatizó.
Propuso al próximo gobierno solucionar los conflictos sociales, creando un registro de las juntas directivas de todas las comunidades del país. “De esta manera, cuando una minera quiera invertir en un proyecto extractivo, deberá ver en dicho registro las comunidades que pertenecen al territorio materia de inversión e inmediatamente consultar y diseñar el proyecto junto a ellos”, finalizó.
Fuente: Diario La Primera, sábado 9 de julio del 2011
0 comentarios:
Publicar un comentario