Consideremos dos semblanzas oficiales; una del Perú actual y
otra de la India. Dice
la primera: “Desde tiempos inmemoriales, la vida del país está ligada a la
minería. El Perú es líder mundial en
actividad minera, quinto destino en
inversiones para exploración minera.
Tiene una cartera de proyectos
superior a los 24 mil millones de dólares. Actualmente la actividad extractiva, aunque venida a menos por la crisis
internacional, sigue siendo la
vedette de la economía nacional. El 2008 concentró el 62% de las exportaciones, que aportaron el
5,2% del PBI.”
La segunda señala: “Aproximadamente medio millón de ingenieros, físicos y otros científicos se gradúan cada año en
Podemos
apreciar la visión de los gobernantes de ambas
naciones respecto a las prioridades de sus políticas de desarrollo: El Perú apostando
históricamente por una política primario exportadora
consistente en extraer y exportar salitre, extraer y exportar guano de la isla, extraer pescado para exportar harina de
pescado, extraer y exportar mineral, extraer y exportar
gas natural. La India
apostando por exportar inteligencia. He aquí el contraste
de las políticas impulsadas por Alan García
y sus antecesores, y la política visionaria del primer
ministro indio Pandit Jawaharlal Nehru, quien comprendió
los beneficios de vender inteligencia al resto del orbe, y focalizó sus esfuerzos en mejorar la educación superior e
impulsar los centros de investigación, logrando un alto dinamismo científico y
tecnológico que le permite hoy participar exitosamente
en las condiciones de extrema competitividad del mundo globalizado.
Países emergentes como Nueva Zelanda, Australia, Chile, Brasil, entre otros, van por ese mismo camino. Brasil, bajo la conducción de Lula Da Silva, es considerada hoy la octava economía más importante del mundo y la mayor de AL. Qué decir de los países emergentes del Asia Pacifico que hace tres o cuatro décadas, partiendo de una situación económica más precaria que la nuestra invirtieron en educación superior con el fin de dotarse de una base científico tecnológica que les permitiera aprovechar los profundos cambios que traía consigo la sociedad del conocimiento, para lograr sustentar su desarrollo con autonomía en el concierto mundial en base a incorporar un alto valor agregado a los bienes y servicios que producen y comercializan.
Cuando se analizan los espectaculares resultados logrados por algunos países, suele utilizarse el término “milagro”. Así se habla del milagro alemán y japonés después de la terrible conflagración mundial; milagro de los tigres asiáticos, milagro chino, milagro finlandés, milagro hindú, milagro brasileño, etc. Así interpretado, nuestra endémica postración se debería a que aún no somos bendecidos por un milagro, y por lo tanto, debemos esperar que ese hecho divino y extraordinario suceda. En las actuales condiciones, esto nunca sucederá.
El pasado año, el Perú destinó a la educación superior sólo el 2,8% del PBI, lo que en la práctica significa un permanente retroceso de la responsabilidad del Estado con
¿Milagro?, por supuesto que no. Sólo decisión de invertir en políticas educativas de largo plazo apostando por el futuro, responsabilizando a las universidades la formación de cuadros rigurosamente calificados que conduzcan el proceso del desarrollo social sustentable. Alan García lleva ya cerca de nueve años de gobierno, ¿qué tiempo ha dedicado en sus discursos para explicar al país su política respecto al rol estratégico que deben jugar las universidades públicas, como promotoras de equidad, de generación de conocimiento y como verdadero instrumento de liberación de nuestra dependencia de las potencias dominantes?
Por el contrario, en lugar de potenciar la universidad pública, hay una política de agresión traducida en sistemáticos recortes presupuestales, estrangulamiento de su finanzas a través del SIAF, violación de la autonomía universitaria, recorte de la gratuidad de la enseñanza, confiscación de los ingresos directamente recaudados por las universidades, desprestigio e incumplimiento del Programa de Homologación, etc. ¿Cómo puede explicarse que más de 25 mil docentes universitarios tengan que verse obligados a realizar una huelga nacional indefinida para exigir al gobierno que cumpla con la ley? Esta situación interpela a la clase política con respecto a su visión de la universidad pública.
En este escenario, es preciso notar, paralelamente, que nosotros los universitarios también debemos asumir nuestras responsabilidades. Asegurar mayores recursos para la universidad no es suficiente y no garantiza un cambio, sin una profunda reforma de sus estructuras y procesos, para sacarla de su marasmo, de sus cuatro paredes, de la autocomplacencia, de la sobreexplotación “marketera” de sus hombres ilustres. El derecho al trabajo no puede ser manto protector de la mediocridad. Tiene que haber un firme compromiso de los universitarios de recuperar su rol critico, desarrollar sistemas de autoevaluación y acreditación como procesos de responsabilidad social, superando los falsos procesos de calificación de variables estadísticas, como si se tratara del control de calidad de una mercancía y no de una casa de estudios, compuesta por seres humanos, cuyos objetivos son distintos a la lógica del mercado. Debemos acabar con la cultura del aprovecha- miento y el individualismo egoísta, el tecnocratismo y el utilitarismo, y reemplazarla por la cultura humanista y tolerante que debe acompañar a un profesional, como ciudadano comprometido con su sociedad y su país.
(*)Profesor de
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