Pronunciamiento ante difamación contra Organizaciones No Gubernamentales (ONG) en torno a los acontecimientos relacionados al proyecto minero Tía María
En las últimas semanas, diversas personalidades han emitido declaraciones referidas a los lamentables acontecimientos ocurridos en torno al proyecto minero Tía María y similares, en las que se ha intentado atribuir la responsabilidad de las protestas, entre otros, a entidades de la cooperación internacional privada y/o a ONG peruanas apoyadas por ellas. Frente a ello, la Coordinadora de Entidades Extranjeras de Cooperación Internacional – COEECI (1) debe señalar lo siguiente:
1.- Las entidades de cooperación internacional, guiadas por los Principios de Estambul, somos respetuosas del ordenamiento legal peruano, y cumplimos rigurosamente las normas y exigencias legales establecidas por el Estado peruano. En particular, debemos subrayar que el uso de nuestros fondos está bajo supervisión de nuestras sedes, de las distintas agencias de cooperación que co-financian algunos de nuestros proyectos; y de la propia Agencia Peruana de Cooperación Internacional – APCI, a la cual presentamos un reporte detallado anual. Una rápida revisión de estos reportes anuales hubiera permitido, a quienes han manifestado sus dudas o críticas al uso de fondos, verificar la inexactitud de sus afirmaciones.
2.- La COEECI orienta sus acciones en el país tomando en cuenta la “Alianza de Busán para una cooperación eficaz al desarrollo”, ratificada por el Estado peruano. La Alianza establece que los Estados deben apoyar a las organizaciones de la sociedad civil para que puedan cumplir su rol y permitir que las personas conozcan y ejerzan sus derechos, fomenten políticas y asociaciones para el desarrollo y monitoreen su implementación. Estos compromisos son parte del marco de las relaciones interinstitucionales con la APCI y otras autoridades del Estado peruano.
3.- Por ello, rechazamos enérgicamente y manifestamos nuestra preocupación por las declaraciones que intentan relacionar la actuación de las entidades de cooperación internacional privada, sus funcionarios, y en particular, el uso de sus fondos, con las protestas en curso en la provincia de Islay y en otros lugares del país. Atribuir la responsabilidad de los conflictos a agentes externos como las Entidades Extranjeras de Cooperación Internacional (ENIEX), es un camino ineficaz para encontrar salidas constructivas y pacíficas a estas situaciones de tensión y confrontación. Por el contrario, consideramos que la resolución de los mismos pasa por tomar en cuenta y tener un mejor conocimiento del contexto y los procesos locales que han llevado a estas situaciones.
4.- Uno de los roles de las entidades de cooperación internacional es contribuir, junto a entidades y organizaciones peruanas, a lograr un mayor conocimiento y ejercicio de los derechos ciudadanos, en particular de las personas con menores oportunidades y recursos. En ese marco, consideramos que el debate sobre las opciones de desarrollo del Perú (siendo una de ellas la discusión sobre el rol de la actividad minera), corresponde a los peruanos y peruanas, y frente a dicho debate, el Estado debe constituirse en garante de los derechos de todos sus ciudadanos.
5.- Sin embargo, ello no nos exime de manifestar nuestra preocupación por reiteradas situaciones de vulneración de derechos de quienes manifiestan una voz discordante frente a algunos grandes proyectos de inversión, de distinta naturaleza. La descalificación de estas voces discordantes, atribuyéndoles calificativos como los de “terroristas anti mineros”, constituyen una acusación tendenciosa, negligente e irresponsable, que no contribuye en nada a una solución del conflicto, sino que evoca con ligereza e imprudencia uno de los episodios más dolorosos de la vida republicana del Perú, en el cual se violaron masivamente los derechos fundamentales de los peruanos y peruanas. Apelamos a las autoridades responsables y a los medios de comunicación a que objeten estos calificativos que no contribuyen a un debate público alturado, e intervengan favoreciendo un debate constructivo y pacífico.
6.- Invocamos a todos los actores – las autoridades peruanas, los líderes sociales, políticos y empresariales y sus respectivos gremios – a hacer su mejor esfuerzo para encontrar una salida dialogada a los conflictos socio-ambientales (especialmente el relacionado al proyecto de Tía María) que sea respetuoso de los derechos de los ciudadanos y ciudadanas y del ordenamiento legal, evitando más pérdida de vidas y daños irreparables a la salud e integridad de las personas, que sólo acrecientan un clima de intolerancia y confrontación, que debilita la democracia.
Lima, 05 de mayo de 2015, Consejo Directivo de la COEECI
Fuente: COEECI
Notas
0 comentarios:
Publicar un comentario