Abuso colosal

El caso de Máxima Acuña Chaupe

Foto Grufides

La Sala Penal de Apelaciones de la Corte Superior de Justicia de Cajamarca ha declarado inadmisible el recurso de casación interpuesto por la empresa Yanacocha que pretendía que volviese a cero el proceso contra la campesina Máxima Chaupe y su familia a quienes la justicia declaró inocentes en diciembre pasado de los delitos de usurpación luego de un largo proceso. De ese modo, una vez más, la justicia impide toda pretensión de desalojo de esta humilde familia del predio de solo 4 hectáreas, ubicado frente a la Laguna Azul, una de las áreas que serían afectadas por el proyecto Conga, convertida en el emblema de una desigual batalla entre una modesta familia y una empresa poco cuidadosa de las formas y de los contenidos.

Esta precisión se hace solo unas horas después de que la campesina denunciara que efectivos policiales en compañía de elementos de la empresa de seguridad contratada por la empresa minera destruyeran las obras de ampliación que realizaba dentro de su propiedad. El jefe policial de Cajamarca ha desmentido la presencia de la PNP en esta incursión, una explicación difícil de creer tomando en consideración la relación material tejida entre dicha empresa y la policía documentada en varias denuncias periodísticas. Horas después de saberse este pronunciamiento judicial, la familia afectada ha vuelto a denunciar que efectivos policiales se encontraban tapando los linderos y las zanjas que separan los terrenos que serían de propiedad de minera Yanacocha y de la familia Chaupe.

Foto Chungo y batán: Compas Sra. Santos, Milton y Sra. Máxima.

La empresa, desconociendo los dos recientes fallos de la justicia, argumenta que actúa en defensa posesoria, un argumento inconsistente en la medida en que, como los hechos evidencian, la destrucción de las obras de la familia Chaupe se hizo vía la irrupción de personas que luego se retiraron, en una operación que no fue ordenada por un juez, se hizo uso de la violencia y se destruyeron bienes.

Los hechos indican que la parte legal de este litigio ha llegado a su fin y que la familia de Máxima Acuña Chaupe ha podido acreditar tanto su propiedad como su posesión, garantizada esto último por la comunidad campesina de Sorochuco, afín a la empresa, que en su momento les otorgó un certificado de posesión de esa zona así como de formar parte de esta como comuneros.

Lo que está ahora en juego es el respeto a las resoluciones judiciales emanadas de autoridades revestidas de poder para dirimir los conflictos entre privados. Lo que refleja esta resistencia a los fallos judiciales es una cultura del abuso que en el pasado ya tuvo consecuencias en la reputación local de la empresa y de la cual se han conocido varias autocríticas y propósitos de enmienda. En la medida en que una empresa propietaria de 5,700 hectáreas continúe con este acoso a una familia propietaria de 4 hectáreas sin considerar el veredicto judicial, el clima social en Cajamarca no ingresará a un proceso de distensión. Finalmente, la policía debe demostrar que está del lado de la ley y dar claras señales, visuales e institucionales, de que ha dejado atrás toda relación de favoritismo que lo aleja y hasta enfrenta a la sociedad. No debe repetirse el doloroso episodio vivido el año pasado en Cajamarca que acabó en el asesinato del ciudadano Fidel Flores Vásquez, un colosal abuso rechazado por el país.

Esbirros de yanacocha

Fuente: Diario La República, 5 de febrero de 2015.
Fotos: Grufides.