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"Cuando el ánimo está cargado de todo lo que aprendimos a través de nuestros sentidos, la palabra también se carga de esas materias. ¡Y como vibra!"
José María Arguedas

domingo, 9 de noviembre de 2014

Ni un muerto más


Con Fidel Flores van 46 personas fallecidas en conflictos sociales
y 32 por arma de fuego

La Coordinadora Nacional de Derechos Humanos expresa su más enérgica condena ante la ejecución extrajudicial de Fidel Flores Vásquez en Cajamarca a manos de un efectivo policial durante el desalojo de su vivienda familiar el pasado 30 de octubre. Esta muerte no es un caso aislado: con Fidel Flores son 46 (*) los civiles muertos durante el gobierno de Ollanta Humala en situaciones de conflicto social y 32 de ellos por uso de arma de fuego de las fuerzas armadas y policiales. Ninguna de las víctimas portaba armas, inclusive dos eran niños y tres recibieron tiros por la espalda.

Por ello, además de garantizar el acceso a la justicia y una reparación inmediata de los deudos de Fidel Flores Vásquez, es necesario que el Estado adopte las reformas necesarias para evitar que más civiles mueran por la actuación abusiva de las fuerzas del orden.

En particular es necesario:

Garantizar que la Policía Nacional del Perú cuente con el entrenamiento y el armamento adecuado para sus efectivos a fin de realizar operaciones de control del orden interno respetando los derechos humanos de la población, así como regular de manera precisa los procedimientos para el uso de las mismas y fiscalizar que estos protocolos se ejecuten de manera estricta.

Acabar con la impunidad total que actualmente impera en este campo, con especial atención a la responsabilidad de los mandos policiales y militares involucrados, generando un protocolo para la investigación de casos de uso abusivo de la fuerza y capacitando a los jueces y fiscales. El Ministerio del Interior y el Ministerio de Defensa deberían colaborar plenamente en las investigaciones.

Derogar las normas que favorecen la impunidad de los abusos policiales y reducen los estándares para el uso de la fuerza, especialmente, la Ley 30151 y el Decreto Legislativo 1095.

En lo inmediato, es necesario que el Presidente de la República, Ollanta Humala Tasso, exprese la indignación que ha manifestado a los medios frente a los abusos policiales con acciones concretas: un gesto importante al respecto sería destituir al ministro de Interior Daniel Urresti, bajo cuya gestión ya han perdido la vida siete civiles.

Lima, 7 de noviembre del 2014

Secretaría Ejecutiva
Coordinadora Nacional de Derechos Humanos

(*) según la Defensoría del Pueblo

Fuente: Coordinadora Nacional de Derechos Humanos

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