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José María Arguedas

martes, 11 de noviembre de 2014

CIDH expresa su preocupación por criminalización de la protesta social

CIDH EXPRESA SU PREOCUPACIÓN POR CRIMINALIZACIÓN DE LA PROTESTA SOCIAL, EL USO INDEBIDO DE LOS ESTADOS DE EMERGENCIA Y LA INTERVENCIÓN DE LAS FUERZAS ARMADAS EN EL CONTROL DEL ORDEN INTERNO

El 31 de Octubre de 2014, FEDEPAZ participó a la Audiencia General convocada por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos sobre “Situación de Derechos Humanos y Estados de Emergencia en el Perú”. La audiencia tuvo lugar de 9:00 a.m. a 10:00 a.m. en la Sala Rubén Darío del Edificio GSB de la Organización de Estados Americanos en Washington, USA, en el marco del 153º Período Ordinario de Sesiones de la CIDH. La delegación de FEDEPAZ estuvo conformada por David Velazco Rondón, su Director Ejecutivo, y por Santiago Manuin Valera, Presidente del Consejo Permanente de Pueblos Awajún-Wuampisa.

David Velazco expuso el tema de la criminalización de la protesta social en Perú a través de cuatro cuestiones fundamentales: el uso indiscriminado de la fuerza policial y militar, la instrumentalización del derecho penal para perseguir a los dirigentes de las protestas, la campaña de difamación a los defensores de derechos humanos y la inexistencia de justicia y reparaciones para las víctimas de la criminalización.

Explicó como la política sistemática de criminalización por parte del Estado, se va manteniendo gracias a medidas legislativas como la Ley 30151: que permite la impunidad en casos de violaciones de derechos humanos y, el Decreto Legislativo 1095: que autoriza la intervención de las Fuerzas Armadas para el mantenimiento del orden interno, sin o con declaración de Estado de Emergencia por parte del Ejecutivo. Más allá, analizó como la práctica del hostigamiento judicial sigue siendo la forma principal de criminalización, y como recientes medidas legislativas han continuado permitiendo la contratación, por parte de las empresas, de miembros de la Policía Nacional del Perú para que les brinden servicios de seguridad privados, estableciéndose así una situación de facto de privatización inconstitucional de las fuerzas de seguridad públicas. Finalmente trató de cómo estas medidas tienen un impacto más severo en el caso de las poblaciones y comunidades indígenas, que muchas veces han sido presentadas por representantes del Estado como salvajes y opuestos al desarrollo.

Santiago Manuin reiteró el concepto de que los pueblos indígenas no son enemigos del desarrollo, sino más bien enemigos de aquel desarrollo que no respecta los territorios ancestrales y los bosques en los cuales los pueblos indígenas viven. Manuin terminó su intervención informando a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos los hechos del “Baguazo” (junio de 2012), donde una legitima protesta social por parte del pueblo Awajún se transmutó en brutal represión por parte de las Fuerzas Armadas.

Fedepaz solicitó a la CIDH que exhorte al Estado Peruano a que: a) permita canales institucionales para el ejercicio pleno de la ciudadanía ambiental, b) derogue el Decreto Legislativo 1095 y la Ley 30151, eliminando la participación de las fuerzas armadas y la declaración de estados de emergencia como herramientas de control del orden interno en situaciones de conflictividad social, c) capaciteen el manejo de disturbios a los miembros de la policía, d) garantice el debido proceso a las personas investigadas y/o procesadas en el contexto de la protesta social y, e)asegure la reparación de los afectados por el uso abusivo de la fuerza en situaciones de protesta social.

Asimismo, solicitó que la CIDH considere la situación de Perú en el Informe, que viene elaborando, sobre uso indebido del Derecho Penal contra Defensores en la Región y en el Comunicado de Prensa que acostumbra a difundir después de un período ordinario de sesiones.

En el tiempo asignado por la Comisión para contestar, los representantes del Estado, de diferentes maneras, negaron que exista una voluntad de criminalizar las protestas de los pueblos indígenas, brindando como ejemplo de la voluntad de dialogo la creación de la Mesa de Desarrollo de las cuencas del Pastaza, Tigre, Corrientes y Marañón, para solucionar el conflicto social relacionado a la explotación petrolera del Lote 192 en la Amazonía Peruana; sin embargo, David Velazco explicó que las poblaciones indígenas se habían decepcionado de dicha Mesa de Diálogo porque en 6 meses el Estado no había asumido compromisos concretos para resolver la problemática, al punto tal que dos días antes de la Audiencia, esto es el 29 de octubre, habían realizado la toma pacífica del aeropuerto de Andoas para evidenciar la falta de voluntad política del Estado en la solución de los problemas que los aquejan.

El Comisionado James Cavallaro, Relator para Perú, expresó su preocupación por lo que consideró un uso desmedido de las habilitaciones para la intervención de las fuerzas armadas en el control del orden interno. Asimismo, su preocupación por acusaciones fiscales en la que se solicita penas de cadena perpetua contra defensores de derechos humanos y miembros de pueblos indígenas sólo por el hecho de participar en protestas sociales.

Ya para finalizar la Audiencia, la Comisionada Rosa María Ortiz expresó su preocupación por la delicada situación de criminalización de la protesta social en Perú y sobre el proceso penal seguido a los indígenas awuajun por los hechos en Bagua, Amazonas, del 5 de junio de 2009, particularmente sobre la situación jurídica de Santiago Manuin. También solicitó a Fedepaz y al representante del Pueblo Awajún a seguir informando a la Comisión sobre laevolución de la problemática de la criminalización en Perú.

En la web de la CIDH: (http://www.oas.org/es/cidh/multimedia/sesiones/153/default.asp)es posible encontrar elregistro en video de la Audiencia aquí citada.

Fuente: FEDEPAZ

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