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"Cuando el ánimo está cargado de todo lo que aprendimos a través de nuestros sentidos, la palabra también se carga de esas materias. ¡Y como vibra!"
José María Arguedas

miércoles, 13 de julio de 2011

Opinión libre: El mundo predica pero Perú no practica

Jorge Zavaleta Alegre (*)

En los andes se vive una tensa calma después de un mes violento. La diplomacia predica la necesidad de la consulta previa a los pueblos nativos. Pero en la práctica sus decisiones, al menos en el Perú es aún una quimera. Veamos qué sucede:

La consulta previa es un proceso de diálogo intercultural que inicia el Estado con los Pueblos Indígenas, para darles a conocer a dichos pueblos las medidas legislativas, administrativas o autorizaciones de extracción de recursos naturales ubicados en sus territorios, con el objeto de lograr su consentimiento libre, previo e informado o llegar a un acuerdo con ellos. Asimismo, garantiza su derecho de participación y opinión.

La ONU declaró el 13 de setiembre del 2007 que más de 370 millones de indígenas del planeta cuentan con un instrumento importante en el reconocimiento, la promoción y protección de sus derechos y libertades fundamentales. Esta declaración se suma a otros instrumentos como el Convenio N° 169 sobre Pueblos Indígenas y Tribales en Países Independientes de la controvertida Organización Internacional del Trabajo-OIT, que en la práctica los representantes de cada país, caso Perú, representan a las patronales más grandes y conservadores y no a las grandes masas de obreros.

Estos y otros documentos del sistema de las NNUU, tan ponderados por el orden internacional carecen de vigencia en los países que los suscriben. No hay instituciones ni legisladores probos, ni grandes movilizaciones populares que puedan romper este círculo vicioso y mafioso. El convenio con la OIT, ratificado por el Perú en diciembre de 1993 y vigente desde principios de 1995, dos años después fue echado por los suelos.

La llamada Ley de Tierras (D.L 26505) impulsó el comercio libre de tierras, empezando por las comunidades campesinas de la costa de Piura y luego se extendió a la selva, no obstante la insistencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos que instaba al Estado Peruano a cumplir con los compromisos asumidos, explica Alberto Chirif, antropólogo con más de 40 años de experiencia en temas de derechos colectivos de los pueblos indígenas y autor de varios libros.

En el Perú, durante cinco años los legisladores de avanzada han trabajado para buscar soluciones concretas desde una perspectiva intercultural. Pero el país entero constata que la intención de encontrar un Pacto Social entre los pueblos indígenas y el Estado, es una causa que va fermentando.

PUNO, BAGUA Y OTROS ESCENARIOS

En la Región Altiplánica, en junio del 2011 han muerto ocho pobladores, asesinados por las balas de la represión. La protesta popular contra el abandono secular y la exclusión de los beneficios del Estado, desbordó, después de un mes de insistente reclamo pacífico, en una violenta destrucción de instalaciones públicas, incluyendo parte del aeropuerto internacional. Las recientes protestas han sido lideradas por las naciones aymara y quechua, dos de las 44 familias etnolingüísticas del Perú de tiempos inmemoriales.

El gobierno del Apra (2006-2011), en su último mes en el poder, prefirió desatender las demandas de los andes del sur. En Azángaro, se exige la descontaminación de la cuenca del Ramis, uno de los ríos que transporta al lago Titicaca los relaves de una poderosa minería informal, donde reina el tráfico de niños, la delincuencia común, el contrabando por la frontera de Bolivia y Chile, las plantaciones de coca, tráfico de drogas y de madera. Y en la ciudad de Puno, se rechaza a un proyecto minero canadiense, que no ha contado con la consulta previa, demanda presente en la mente y la acción de los pueblos indígenas, como lo expresa el aymara Wálter Aduviri.

Similar violencia desataron hace dos años los proyectos de inversión petrolera, sin consulta previa, en la región amazónica de Bagua, con la muerte de 34 personas. El viernes 5 de junio del 2009 es una fecha de triste recordación en el país, en sus relaciones con las comunidades amazónicas. El enfrentamiento fue entre policías y más de tres mil indígenas de las etnias awajún y wampis; además de campesinos, ronderos y excombatientes del Cenepa durante el conflicto con Ecuador que habían tomado la carretera marginal. El líder indígena Alberto Pizango, se asiló en la embajada de Nicaragua como perseguido político.

DEROGACION SIN PRECEDENTES

Para Puno, el gobierno ha tenido que expedir una corrección sin precedentes. Alegando, razones de Estado, el aprismo logró que el pleno del Congreso aprobara la derogación de los controvertidos decretos legislativos 1090 y 1064, con la oposición de las bancadas del fujimorismo y del empresariado.

No obstante estos antecedentes, las comisiones parlamentarias de Pueblos Indígenas y de Educación no han podido elevar sus propuestas a la categoría de Ley, debido a la presión del Ejecutivo, que bajo la “filosofía” del Perro del Hortelano, esgrimida por el Presidente Alan García, es un primitivismo inaceptable que los pueblos se opongan a la inversión extranjera. Aprobar la propuesta de la Consulta Previa por este Congreso, hubiera significado la penalización de todos los ministros y funcionarios, incluyendo al Presidente de la República, por las muertes de Bagua y Puno.

CRISIS DE LA OIT

La sacralizada ONU señala que los pueblos indígenas son iguales a todos los demás pueblos y tienen el derecho a ser reconocidos como diferentes y ser respetados como tales.

La comisiones multipartidarias encargadas de estudiar y recomendar la solución a la problemática indígena y la educación pluricultural – presididas por las paralementarias Gloria Ramos e Hilaria Supa Huamán – han trabajado durante cinco años y ahora emiten sendas conclusiones, empezando por recodar que: “El Perú es un país pluriétnico, pluricultural y multilingüe, donde conviven varios Pueblos Indígenas u Originarios, conjuntamente con las demás personas que componen la sociedad nacional”.

El informe parlamentario de Consulta Previa rescata los logros de la educación en los pueblos amazónicos de Yachaquis o Amautas tecnológicos, y de países como Colombia y Bolivia, considerando imprescindible la cobertura de la educación bilingüe a todas las comunidades nativas y andinas en todos los niveles: inicial, primario, secundario y superior.

Desde 1980 se produjo la legalización de organizaciones indígenas ya existentes como también la creación de nuevas. Así surge la Asociación Interétnica de Desarrollo de la Selva Peruana –AIDESEP y la Confederación de Nacionalidades Amazónicas del Perú – CONAP, organizaciones que han logrado elegir al primer parlamentario (2011-2016) que luchará por sus derechos.

El congresista electo de Gana Perú, Eduardo Nayap Kinin, de la comunidad Awajún, considera que la aprobación de la Ley de Consulta Previa contribuirá a que las concesiones y la búsqueda de las riquezas naturales en la Amazonía se desarrollen de una manera justa, transparente y respetando los derechos de las comunidades indígenas.

Según la Ong. Derecho, Ambiente y Recursos Naturales, se necesita un tigre para evitar malos negocios del Perú y señala una “lista de escandalosos y perjudiciales contratos firmados por el gobierno peruano: La Brea y Pariñas, el contra Doe Run y el contrato Camisea, entre otros”.

Advierte que el acuerdo energético Perú Brasil no cuenta al menos con una planificación energética nacional que asegure recursos energéticos a largo plazo. Tal acuerdo, de junio del 2010, podrá ser denunciado recién por cualquier de las partes después de 15 años.

En el caso de la Brea y Pariñas, recuerda que nunca se supo cuánto dinero debía pagar una empresa norteamericana por el petróleo que se extraía de estos pozos. En el caso de Doe Run, no ha cumplido con varias de sus obligaciones, debiéndole al Perú varias centenas millones, sin embargo ha entablado una demanda el Estado por una suma millonaria. Y el contrato de Camisea, afecta en el precio de gas para las regiones y al Estado con menos canon y menor recaudación por la exportación.

Este tenso clima político vive el Perú, cuando faltan pocas semanas para que el Ollanta Humala asuma al poder hasta el 2016, y el país espera que su programa social, de preferencia en el sector rural, pueda ser cumplido con el pago de mayores regalías de las mineras, un mayor control de la tributación, lucha implacable contra la corrupción pública, el narcotráfico y garantías jurídicas para la inversión formal.

CONCLUSIONES

El Informe Consulta Previa sobre Derechos Fundamentales de los Pueblos Indígenas e Instrumento de Gestión Estatal para el Fortalecimiento de la Democracia, es un documento de 300 páginas, elaborado durante cinco años por 13 parlamentarios y el asesoramiento de técnicos y ONGs especializadas. Una síntesis:

-La Constitución Política protege y reconoce, como derecho fundamental de las personas, la Identidad Étnica y Cultural.

-Los Pueblos Indígenas u Originarios, pre existen al Estado peruano como tal.

-El Convenio 169 de la OIT es una norma de rango constitucional, auto aplicativa y sus disposiciones son de obligatorio cumplimiento por el Poder Legislativo, Ejecutivo y Judicial, así como para todo el resto del aparato estatal, incluyendo gobiernos regionales y locales.

-La Consulta Previa, contenida en el Art. 6° del Convenio 169 es una obligación ineludible del Estado peruano y un derecho fundamental de los Pueblos Indígenas. La Falta de mecanismos que permitan la Consulta Previa no es causal de justificación, en tanto de que ésta proviene de su propia inactividad.

-La Consulta Previa no busca discriminar mayorías, sino construir y generar consensos entre el Estado y los Pueblos Indígenas.

-Recomienda la creación de una Comisión Multipartaria encargada de la Consulta Previa a los Pueblos Indígenas. Igualmente un instrumento procesal parlamentario y fortalecer la capacidad de los congresistas, asesores y técnicos parlamentarios.

-Solicitan al Poder Ejecutivo, que implemente políticas y mecanismos de Diálogo Intercultural oportuno entre el Estado y los Pueblos Indígenas. Igual recomendación plantean a las alcaldías y consejos regionales y municipales.
Fuente: Diario Universal, 29 de junio 2011. 
(*) Periodista.

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