Frente al reconocimiento del Congreso de la República a los Comandos Chavín de Huántar

LA COORDINADORA NACIONAL DE DERECHOS HUMANOS FRENTE AL RECONOCIMIENTO DEL CONGRESO DE LA REPÚBLICA A LOS COMANDOS CHAVÍN DE HUÁNTAR

La Coordinadora Nacional de Derechos Humanos frente al reconocimiento del Congreso de la República que declara Héroes de la Democracia a los comandos de la operación Chavín de Huántar, expresa lo siguiente:

1. Consideramos muy importante el reconocimiento público a los miembros militares y civiles que en el marco del Conflicto Armado Interno (CAI), que atravesó nuestro país, pusieron en riesgo sus vidas y muchas veces la perdieron, por salvar otras vidas humanas y defender nuestra debilitada institucionalidad democrática.

2. Comprendemos en el marco de esta necesidad de reconocimiento y memoria del país la declaratoria aprobada por el Congreso de la República de “Héroes de la Democracia” a los comandos de la operación Chavín de Huántar; de igual manera, esperamos que este evento resulte el inicio del reconocimiento de todas y todos los héroes civiles, policiales y militares que ofrendaron sus vidas por sacarnos de la espiral de violencia y terror que durante el CAI hizo peligrar nuestra existencia como país.

3. Diferenciamos, una vez más, la decidida acción de los comandos Chavín de Huántar de la actuación inmediatamente posterior de los denominados “gallinazos”, quienes -de acuerdo a sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos- deben ser identificados, procesados y sancionados por la ejecución extrajudicial de Eduardo Cruz Sánchez (1) .

4. El cumplimiento de la sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, debe cerrar definitivamente cualquier discusión sobre la materia y servir para continuar con los reconocimientos que resulten necesarios, a fin de mantener una memoria sobre las situaciones límite que nunca más deben ocurrir en nuestro país.

5. Exhortamos al Congreso de la República, al Poder Ejecutivo y a los partidos políticos a asumir con responsabilidad esta necesidad de reconocimiento y memoria, sin buscar réditos políticos ni dividir más a las y los peruanos, pues hablamos de peruanos y peruanas que pusieron sus vidas en riesgo en defensa de un bien común, como es la convivencia en paz y libre de amenazas de terror.

Finalmente,desde la Coordinadora Nacional de Derechos Humanos hacemos un llamado al Presidente de la República, Poder Ejecutivo, Congreso de la República y Poder Judicial para redoblar esfuerzos y atender las secuelas del Conflicto Armado Interno, en el marco de la construcción de paz y justicia para todos y todas.

Coordinadora Nacional de Derechos Humanos

Lima, 20 de abril de 2017

Notas

1. http://www.corteidh.or.cr/docs/casos/articulos/seriec_292_esp.pdf []

Lima: Coordinadora Nacional de Derechos Humanos Presenta Carta al Diario Perú 21

Lima, 03 de noviembre de 2016

Señora

CLAUDIA YZAGUIRRE

Defensora del lector

Diario Perú.21

Jr. Miró Quesada 247, piso 6, Lima 1

Presente.-

De nuestra consideración:

La saludamos a nombre de la Coordinadora Nacional de Derechos Humanos (CNDDHH), plataforma institucional que agrupa a 78 organizaciones a nivel nacional que defienden y promueven los derechos humanos en el país. El motivo de nuestra carta es para manifestarle nuestro más profundo rechazo a la historieta publicada el día de hoy 03 de noviembre, fecha en que se conmemora los 25 años de la dolorosa matanza de Barrios Altos, en el diario Peru21.

Nuestro rechazo se debe a que:

(1) La lista de ambigüedades y tergiversaciones es demasiado extensa y deja entrever que las víctimas eran militantes de Sendero Luminoso o habrían podido serlo, pese a que la Corte Suprema en 2009 señaló expresamente que “no estaban vinculados a las acciones terroristas del PCP-SL ni integraban dicha organización criminal”. En el mismo sentido se había expresado ya en 2003 el Informe Final de la Comisión de la Verdad y Reconciliación. Desconocer esto es injuriar su memoria.

(2) Se afirma además que el grupo Colina era un comando de inteligencia del Ejército Peruano (lo cual es cierto y está debidamente probado por el Poder Judicial). Sin embargo, después señalan que se trataba de un grupo paramilitar; esto es falso, este destacamento militar funcionaba dentro de las Fuerzas Armadas, no fue paramilitar y fue parte de un aparato de poder organizado bajo el dominio de Alberto Fujimori Fujimori.

(3) En el supuesto negado de que hubieran sido miembros del grupo terrorista Sendero Luminoso, el proceder del destacamento Colina bajo órdenes del régimen fujimorista constituyó un repudiable crimen contra la humanidad, inadmisible en cualquier circunstancia. El silencio al respecto es perturbador.

Por todo lo expuesto, exigimos a Usted se pronuncie y a que el Diario Perú21 pida perdón público e inmediato a las víctimas y sus familiares, rectifique la información publicada y tome las medidas necesarias para que esta situación no se vuelva a repetir nunca más. La responsabilidad de la prensa en la difusión y discusión responsable de lo ocurrido durante el conflicto armado interno es un elemento fundamental para el fortalecimiento de la democracia moderna a la que aspira ser nuestro país.

Atentamente,

JORGE BRACAMONTE ALLAÍN

Secretario Ejecutivo

Detenidos en protestas contra Las Bambas podrían enfrentar nueve meses de prisión

Detenidos injustamente en las protestas contra Las Bambas podrían enfrentar nueve meses de prisión

Policía habría plantado evidencias para incriminarlos, según afirma Derechos Humanos Sin Fronteras.

Por Moisés Navarro (*)

(Cusco) Ruth Luque Ibarra, abogada de Derechos Humanos sin Fronteras (DHSF), afirma que las últimas tres personas que aún quedan detenidas por las protestas del 28 de setiembre contra el proyecto minero Las Bambas podrían enfrentar injustamente nueve meses de prisión preventiva

Como se sabe, consecuencia de los disturbios fueron detenidas 21 personas dentro del campamento Minero MMG proyecto minero Las Bambas. De este grupo, 7 fueron trasladados a Abancay el día 29. En horas de la madrugada, cuatro fueron liberados. Los últimos tres son Edward Brandon Quispe Ccuno (18 años), Javier Mamani Coaquira (48 años) y Asunto Huamaní Huamaní (46 años).

La Fiscalía de Challhuahuacho, a cargo de Walter Vilca Yucra, ha solicitado nueve meses de prisión preventiva para los tres por los delitos de peligro común, tenencia de materiales peligrosos, disturbios y daño agravado. Se afirma que Quispe habría tenido una pistola, una cacerina, diez municiones y cuatro cartuchos, aparentemente de dinamita. Mamani habría tenido en su poder dos cartuchos de dinamita y Huamaní Huamaní, un cuchillo.

“Nosotros, al habernos entrevistado con los detenidos y haber rendido sus declaraciones estos manifestaron que dichas pruebas, al menos en el caso de Quispe y Mamani, fueron sembradas por miembros de la policía y obligados a tomarse fotos y a firmar actas reconociendo que dichas municiones las tenían en su poder”, afirma la abogada Ruth Luque Ibarra.

“El señor Huamaní Huamaní es quechuahablante y sus declaraciones se tomaron en castellano. Además, no se consideró de que el cuchillo que él portaba lo tenía porque iba a dedicarse a trasquilar a las ovejas”, agrega la abogada de Derechos Humanos Sin Fronteras.

Luque señala que Huamaní Huamaní no participaba en las movilizaciones. Mientras que los otros dos eran personas que circulaban por la zona y no participaban directamente de las protestas.

“Challhuahuacho es un distrito con personas de distintas ciudades y regiones, consecuencia de la movida comercial que el proyecto Las Bambas ocasionó durante su construcción. Se ha querido decir que Quispe y Mamani son infiltrados porque provienen de Haquira y Sicuani (Cusco). Pero lo cierto es que estaban en la zona porque tienen familiares con comercios en la zona”, asevera Luque.

(*) Corresponsal de La Mula que acompaña a la Comisión Especial de la CNDDHH

Ver nota en La Mula

CNDDHH: ante la sentencia del TC sobre los DL que regulan el uso de la fuerza

Sentencia del Tribunal Constitucional sobre los decretos 1094 y 1095 y la aprobación del decreto legislativo 1186:

“El Estado Peruano debe garantizar la seguridad de todas y todos”

PRONUNCIAMIENTO

La Coordinadora Nacional de Derechos Humanos (CNDDHH), el Instituto de Defensa Legal (IDL) y la Asociación Pro-Derechos Humanos (Aprodeh), ante la sentencia del Tribunal Constitucional sobre los decretos legislativos 1094 y 1095 (promulgados en septiembre del 2010), y la reciente aprobación del decreto legislativo 1186, que regula el uso de la fuerza por parte de la P.N.P, se pronuncia:

1. Valoramos que la sentencia del Tribunal Constitucional (TC), publicada el pasado martes 18 de agosto, establezca que las fuerzas armadas ya no podrán disparar contra las y los ciudadanos que ejercen su derecho a la protesta; derogue parcialmente el art. 3.f. del D.L. 1095, que contenía una amplia definición de grupo hostil donde cabía, incluso, hasta un grupo de personas portando piedras; y que impida que las violaciones a los derechos humanos cometidas por efectivos de las fuerzas armadas sean juzgadas en el fuero militar (art. 27 del DL 1095).

2. Lamentamos que el TC haya dejado abierta la posibilidad para que se autorice la intervención de las Fuerzas Armadas (FFAA) sin declaratoria de emergencia (artículo 4.3 del D.L. 1095) y sin requisitos precisos, contraviniendo el artículo 137 de la Constitución. El TC ha precisado que la intervención de las FFAA solo se daría en supuestos extremos “…en los que esté en juego la vida, integridad, salud o seguridad de las personas”, siendo ésta acotación imprecisa para aceptar la intervención militar sin declaratoria previa de estado de emergencia, tal como aconteció hace tres meses en siete regiones del país con el propósito de contener las movilizaciones sociales.

3. Alertamos a la opinión pública del gravísimo riesgo que entraña la participación de las fuerzas armadas en operaciones de control del orden interno. Éstas no están preparadas ni por su entrenamiento, ni por su armamento, para hacer un uso adecuado de la fuerza en estas circunstancias. Un claro ejemplo de ello fue lo ocurrido en la ciudad de Celendín (Cajamarca) en el año 2012, donde cuatro civiles murieron como resultado de la intervención del ejército durante una manifestación.

Permitir que las Fuerzas Armadas patrullen las calles sólo servirá para crear un factor adicional de inseguridad para las y los ciudadanos, poniendo en riesgo la vida de las personas más pobres e indefensas del país, especialmente las y los jóvenes.

4. Sobre la aprobación del Decreto Legislativo 1186, nos parece fundamental que ésta haya definido los parámetros para la actuación de PNP, y recogido los principios por el cual el uso de la fuerza pública debe ser progresiva, proporcional y sobre todo de carácter excepcional en el cumplimiento de sus funciones. De este modo el decreto llena un vacío legal y elimina la amplia exoneración de responsabilidad penal de la ley 30151 (ley de licencia para matar).

5. Nos mantendremos vigilantes para que en los próximos 90 días la reglamentación de la ley permita superar situaciones ambiguas del enunciado del decreto al referir que el uso de la fuerza letal en casos de conflicto social se utilizará cuando haya riesgo “real o inminente”, mientras que en otras circunstancias se señala que el riesgo deba ser “real e inminente”.

Finalmente, ante las preocupantes declaraciones de un posible candidato a la presidencia de la república, demandando un marco legal que permita a las Fuerzas Armadas asumir funciones que corresponden a la PNP, hacemos un llamado al conjunto de colectividades políticas para que en los próximos comicios electorales asuman con seriedad la obligación de ofrecer propuestas programáticas que atiendan los problemas sustantivos del país, sin manipular irresponsablemente y con afán populista la creciente situación de inseguridad y violencia que hoy nos afecta a las y los peruanos.

Lima, 21 de agosto del 2015

Defender el derecho de los pueblos indígenas a sus territorios y a ser consultados en el Lote 192

DEFENDER EL DERECHO DE LOS PUEBLOS INDÍGENAS A SUS TERRITORIOS Y A SER CONSULTADOS EN EL LOTE 192

La CNDDHH y las instituciones que conforman el Grupo de Trabajo sobre Pueblos Indígenas expresamos nuestra indignación y rechazo frente a la falta de voluntad política y el maltrato del Gobierno a los pueblos Kichwa, Achuar y Kukama y sus organizaciones FECONACO, FEDIQUEP, ACODECOSPAT y la organización nacional AIDESEP, en la reunión llevada a cabo el 14 de agosto en Lima, como parte del proceso de consulta del Lote 192 que se viene implementando desde el año 2011.

Lamentamos y denunciamos el pésimo manejo que ha mostrado el gobierno en el último tramo del proceso de consulta. Luego de la firma del acuerdo firmado el 10 de marzo que estableció compromisos y acciones a implementar para remediar los graves daños producidos por la explotación petrolera y la inacción del Estado durante 43 años, se esperaba que el proceso de consulta se consolide con el cumplimiento del acuerdo.

Sin embargo, el 17 de julio se suspendió el diálogo en Iquitos, por la falta de respuesta del gobierno a las demandas y propuestas presentadas por las organizaciones indígenas el 8 de julio, creando de este modo un clima de tensión y desconfianza.

Se esperaba que al reanudar el diálogo el 14 de agosto, se atendería y se daría respuesta a las propuestas presentadas en Iquitos. Lejos de crear condiciones para un diálogo intercultural, el gobierno buscó imponer su agenda y concentrar la discusión en el tema de los beneficios sin tomar en cuenta la voluntad de diálogo y la buena fe mostradas por las organizaciones indígenas durante todo el proceso.

Consideramos que con su actitud el gobierno de Ollanta Humala, no solo pone en serio peligro el proceso de diálogo y consulta en el Lote 192, que con tanto esfuerzo los pueblos indígenas han construido en estos años sino también la producción petrolera del país.

Demandamos al gobierno, el reinicio inmediato del diálogo con las federaciones indígenas y AIDESEP, teniendo en cuenta las demandas y propuestas que han presentado el mes pasado (4 de julio) relacionadas con el territorio que pasan por la titulación de sus territorios, la exigencia del derecho a un medio ambiente sano y sin contaminación, aumentar a 200 millones el Fondo de Remediación (limpieza el territorio contaminado) participación indígena en los estudios ambientales y el monitoreo de las actividades de la empresa, entre otras cosas.

La CNDDHH exige que las autoridades del gobierno cumplan con el Acuerdo firmado en marzo con las organizaciones de los pueblos indígenas. Para esto, es indispensable dialogar de buena fe con las federaciones representativas de los pueblos Achuar, Quechua y Kukama, quienes desde el 2011, cuando se anunció el primer proceso de consulta en el Lote 192, defendieron sus derechos, lograron que el Estado reconozca los graves daños producidos por la explotación petrolera y permitieron el inicio de un proceso de diálogo, que ahora el gobierno ha puesto en serio peligro.

Lima 18/08/2015

Grupo de Trabajo sobre Pueblos Indígenas

Coordinadora Nacional de Derechos Humanos

Entidades de Cooperación Internacional se pronuncian ante difamación contra ONG

Pronunciamiento ante difamación contra Organizaciones No Gubernamentales (ONG) en torno a los acontecimientos relacionados al proyecto minero Tía María

En las últimas semanas, diversas personalidades han emitido declaraciones referidas a los lamentables acontecimientos ocurridos en torno al proyecto minero Tía María y similares, en las que se ha intentado atribuir la responsabilidad de las protestas, entre otros, a entidades de la cooperación internacional privada y/o a ONG peruanas apoyadas por ellas. Frente a ello, la Coordinadora de Entidades Extranjeras de Cooperación Internacional – COEECI (1) debe señalar lo siguiente:

1.- Las entidades de cooperación internacional, guiadas por los Principios de Estambul, somos respetuosas del ordenamiento legal peruano, y cumplimos rigurosamente las normas y exigencias legales establecidas por el Estado peruano. En particular, debemos subrayar que el uso de nuestros fondos está bajo supervisión de nuestras sedes, de las distintas agencias de cooperación que co-financian algunos de nuestros proyectos; y de la propia Agencia Peruana de Cooperación Internacional – APCI, a la cual presentamos un reporte detallado anual. Una rápida revisión de estos reportes anuales hubiera permitido, a quienes han manifestado sus dudas o críticas al uso de fondos, verificar la inexactitud de sus afirmaciones.

2.- La COEECI orienta sus acciones en el país tomando en cuenta la “Alianza de Busán para una cooperación eficaz al desarrollo”, ratificada por el Estado peruano. La Alianza establece que los Estados deben apoyar a las organizaciones de la sociedad civil para que puedan cumplir su rol y permitir que las personas conozcan y ejerzan sus derechos, fomenten políticas y asociaciones para el desarrollo y monitoreen su implementación. Estos compromisos son parte del marco de las relaciones interinstitucionales con la APCI y otras autoridades del Estado peruano.

3.- Por ello, rechazamos enérgicamente y manifestamos nuestra preocupación por las declaraciones que intentan relacionar la actuación de las entidades de cooperación internacional privada, sus funcionarios, y en particular, el uso de sus fondos, con las protestas en curso en la provincia de Islay y en otros lugares del país. Atribuir la responsabilidad de los conflictos a agentes externos como las Entidades Extranjeras de Cooperación Internacional (ENIEX), es un camino ineficaz para encontrar salidas constructivas y pacíficas a estas situaciones de tensión y confrontación. Por el contrario, consideramos que la resolución de los mismos pasa por tomar en cuenta y tener un mejor conocimiento del contexto y los procesos locales que han llevado a estas situaciones.

4.- Uno de los roles de las entidades de cooperación internacional es contribuir, junto a entidades y organizaciones peruanas, a lograr un mayor conocimiento y ejercicio de los derechos ciudadanos, en particular de las personas con menores oportunidades y recursos. En ese marco, consideramos que el debate sobre las opciones de desarrollo del Perú (siendo una de ellas la discusión sobre el rol de la actividad minera), corresponde a los peruanos y peruanas, y frente a dicho debate, el Estado debe constituirse en garante de los derechos de todos sus ciudadanos.

5.- Sin embargo, ello no nos exime de manifestar nuestra preocupación por reiteradas situaciones de vulneración de derechos de quienes manifiestan una voz discordante frente a algunos grandes proyectos de inversión, de distinta naturaleza. La descalificación de estas voces discordantes, atribuyéndoles calificativos como los de “terroristas anti mineros”, constituyen una acusación tendenciosa, negligente e irresponsable, que no contribuye en nada a una solución del conflicto, sino que evoca con ligereza e imprudencia uno de los episodios más dolorosos de la vida republicana del Perú, en el cual se violaron masivamente los derechos fundamentales de los peruanos y peruanas. Apelamos a las autoridades responsables y a los medios de comunicación a que objeten estos calificativos que no contribuyen a un debate público alturado, e intervengan favoreciendo un debate constructivo y pacífico.

6.- Invocamos a todos los actores – las autoridades peruanas, los líderes sociales, políticos y empresariales y sus respectivos gremios – a hacer su mejor esfuerzo para encontrar una salida dialogada a los conflictos socio-ambientales (especialmente el relacionado al proyecto de Tía María) que sea respetuoso de los derechos de los ciudadanos y ciudadanas y del ordenamiento legal, evitando más pérdida de vidas y daños irreparables a la salud e integridad de las personas, que sólo acrecientan un clima de intolerancia y confrontación, que debilita la democracia.

Lima, 05 de mayo de 2015, Consejo Directivo de la COEECI

Fuente: COEECI

Notas

La Coordinadora de Entidades Extranjeras de Cooperación Internacional (COEECI) es un gremio de articulación de Organizaciones No Gubernamentales Extranjeras en el Perú que cuenta con 53 miembros, de los cuales algunos trabajan más de 50 años en el Perú.

CNDDHH condena abusos policiales en Pichanaki

La CNDDHH expresa su pesar ante la nueva ejecución extrajudicial de un manifestante, el joven estudiante Ever Pérez Huamán (25), victimado por la Policía Nacional del Perú – PNP durante las protestas contra la empresa Pluspetrol en Pichanaki (Junín) ayer 10 de febrero. Con él son 40 los manifestantes ultimados por las fuerzas del orden en lo que va del gobierno de Ollanta Humala Tasso.

De acuerdo a la información recogida de los pobladores, la protesta se estaba desarrollando con el bloqueo de la carretera central desde el día 9 y no se había producido ningún incidente violento. Ayer alrededor de las siete de la tarde la PNP comenzó a botar los alimentos de las personas al río, disparando gases lacrimógenos y usaron armas letales en plena ciudad, e introduciéndose a varias viviendas familiares donde sustrajeron enseres y causaron destrozos. Como resultado del uso abusivo de la fuerza policial se han reportado cerca de 40 heridos, de los cuales varios son niños y niñas. Se ha denunciado además que los efectivos policiales impidieron el tránsito de la ambulancia que debía trasladar a los heridos más graves, violando así la obligación de darles auxilio inmediato. Ante estos hechos de violencia policial se generaron disturbios, y un grupo de manifestantes incursionaron en una dependencia militar usada como depósito por la empresa Pluspetrol, causando daños.

Consideramos plenamente legítima la protesta que se viene desarrollando en Pichanaki, después de haber tratado infructuosamente de entablar un proceso de diálogo con las autoridades estatales durante meses, y ante el temor fundado de que se repliquen en el lote 108 las nefastas prácticas ambientales y sociales desplegadas por Pluspetrol en los lotes 1AB y 8, ante la total impasividad del Estado.

Durante décadas el Estado ha permitido que la empresa Pluspetrol genere una tragedia ambiental, pobreza y enfermedad para los pueblos indígenas que viven en las cuatro cuencas del Trigre, el Marañón, el Corrientes y el Pastaza. ¿Acaso resulta ilógico temer que lo mismo pueda ocurrir en el Lote 108, más aún en el actual contexto de reducción de estándares e institucionalidad ambiental?

Demandamos que los responsables de estas acciones sean sancionados, y que se garantice una reparación inmediata a los afectados. Así mismo exigimos que se respete el derecho a la protesta social, siendo inaceptable el uso de armas letales para el control de disturbios, y el uso de la fuerza contra personas que protestan de manera pacífica, o la represión indiscriminada en pleno centro poblado.

Secretaria Ejecutiva

Coordinadora Nacional de Derechos Humanos

Presentan nuevo informe sobre asesinatos de activistas ambientales en Perú

Se homenajeará a los líderes indígenas que murieron protegiendo los bosques en el estreno de una película en Lima y una entrega de premios en Nueva York

Un nuevo informe de Global Witness aclara los motivos tras el elevado número de asesinatos de defensores ambientales en Perú, menos de un mes antes de que el país albergue una reunión de la ONU sobre el clima en Lima. Este informe, titulado El Ambiente Mortal de Peru, cuestiona el nivel de compromiso de Perú a la hora de proteger sus bosques ricos en reservas de carbono, y a las personas que viven en ellos, en vista de una tala ilegal desencadenada, graves faltas de respeto por los derechos sobre la tierra y nuevas leyes que favorecen la explotación industrial por encima de la protección ambiental.

El informe llega justo después de los asesinatos de cuatro líderes indígenas en Ucayali el pasado mes de septiembre: el destacado activista anti-tala ilegal Edwin Chota y otros tres líderes Ashéninka de la Amazonia peruana.

«Los asesinatos de Edwin Chota y sus compañeros son trágicos recordatorios de una paradoja existente en las negociaciones sobre el clima», afirma Patrick Alley, cofundador de Global Witness. «Al tiempo que el gobierno de Perú dirige negociaciones sobre cómo resolver la crisis climática, no está logrando proteger a las personas a la vanguardia de la protección ambiental. Los defensores ambientales encarnan la determinación que necesitamos para frenar el calentamiento global. El mensaje es claro: si quieres salvar el medio ambiente, acaba con los asesinatos de los defensores ambientales».

Perú es el cuarto país más peligroso del mundo para los defensores ambientales, detrás de Brasil, Honduras y Filipinas (1). Al menos 57 defensores ambientales y de la tierra han sido asesinados en Perú desde 2002, y más del 60% en los últimos cuatro años según nuevos datos de Global Witness. La mayoría de estas muertes se relacionan a disputas en torno a derechos sobre la tierra, la minería y la tala. El 72% de las comunidades indígenas de Perú sigue sin forma de demostrar sus derechos de propiedad sobre la tierra (2), y más de 20 millones de hectáreas de tierras reclamadas siguen pendientes de resolución (3).

El Ambiente Mortal de Perú se presentará en Lima durante el estreno de Las Viudas, un corto sobre las consecuencias de los asesinatos de Ucayali en septiembre y la lucha en curso por los derechos sobre la tierra de quienes han quedado atrás. Simultáneamente en Nueva York, la Fundación Alexander Soros homenajeará a los fallecidos con su premio anual de activismo ambiental. Diana Ríos Rengifo, hija de uno de los hombres asesinados, recogerá el premio en nombre de su padre y de la comunidad Ashéninka, que lleva más de una década luchando por el derecho a adquirir títulos de propiedad sobre sus tierras.

«Puede que hayan asesinado a mi padre y a sus amigos, pero yo sigo aquí y seguiré luchando por los derechos sobre nuestras tierras y por los derechos de otros pueblos indígenas en Perú», dijo Diana, hija de Jorge Ríos.

CIDH expresa su preocupación por criminalización de la protesta social

CIDH EXPRESA SU PREOCUPACIÓN POR CRIMINALIZACIÓN DE LA PROTESTA SOCIAL, EL USO INDEBIDO DE LOS ESTADOS DE EMERGENCIA Y LA INTERVENCIÓN DE LAS FUERZAS ARMADAS EN EL CONTROL DEL ORDEN INTERNO

El 31 de Octubre de 2014, FEDEPAZ participó a la Audiencia General convocada por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos sobre “Situación de Derechos Humanos y Estados de Emergencia en el Perú”. La audiencia tuvo lugar de 9:00 a.m. a 10:00 a.m. en la Sala Rubén Darío del Edificio GSB de la Organización de Estados Americanos en Washington, USA, en el marco del 153º Período Ordinario de Sesiones de la CIDH. La delegación de FEDEPAZ estuvo conformada por David Velazco Rondón, su Director Ejecutivo, y por Santiago Manuin Valera, Presidente del Consejo Permanente de Pueblos Awajún-Wuampisa.

David Velazco expuso el tema de la criminalización de la protesta social en Perú a través de cuatro cuestiones fundamentales: el uso indiscriminado de la fuerza policial y militar, la instrumentalización del derecho penal para perseguir a los dirigentes de las protestas, la campaña de difamación a los defensores de derechos humanos y la inexistencia de justicia y reparaciones para las víctimas de la criminalización.

Explicó como la política sistemática de criminalización por parte del Estado, se va manteniendo gracias a medidas legislativas como la Ley 30151: que permite la impunidad en casos de violaciones de derechos humanos y, el Decreto Legislativo 1095: que autoriza la intervención de las Fuerzas Armadas para el mantenimiento del orden interno, sin o con declaración de Estado de Emergencia por parte del Ejecutivo. Más allá, analizó como la práctica del hostigamiento judicial sigue siendo la forma principal de criminalización, y como recientes medidas legislativas han continuado permitiendo la contratación, por parte de las empresas, de miembros de la Policía Nacional del Perú para que les brinden servicios de seguridad privados, estableciéndose así una situación de facto de privatización inconstitucional de las fuerzas de seguridad públicas. Finalmente trató de cómo estas medidas tienen un impacto más severo en el caso de las poblaciones y comunidades indígenas, que muchas veces han sido presentadas por representantes del Estado como salvajes y opuestos al desarrollo.

Santiago Manuin reiteró el concepto de que los pueblos indígenas no son enemigos del desarrollo, sino más bien enemigos de aquel desarrollo que no respecta los territorios ancestrales y los bosques en los cuales los pueblos indígenas viven. Manuin terminó su intervención informando a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos los hechos del “Baguazo” (junio de 2012), donde una legitima protesta social por parte del pueblo Awajún se transmutó en brutal represión por parte de las Fuerzas Armadas.

Fedepaz solicitó a la CIDH que exhorte al Estado Peruano a que: a) permita canales institucionales para el ejercicio pleno de la ciudadanía ambiental, b) derogue el Decreto Legislativo 1095 y la Ley 30151, eliminando la participación de las fuerzas armadas y la declaración de estados de emergencia como herramientas de control del orden interno en situaciones de conflictividad social, c) capaciteen el manejo de disturbios a los miembros de la policía, d) garantice el debido proceso a las personas investigadas y/o procesadas en el contexto de la protesta social y, e)asegure la reparación de los afectados por el uso abusivo de la fuerza en situaciones de protesta social.

Asimismo, solicitó que la CIDH considere la situación de Perú en el Informe, que viene elaborando, sobre uso indebido del Derecho Penal contra Defensores en la Región y en el Comunicado de Prensa que acostumbra a difundir después de un período ordinario de sesiones.

En el tiempo asignado por la Comisión para contestar, los representantes del Estado, de diferentes maneras, negaron que exista una voluntad de criminalizar las protestas de los pueblos indígenas, brindando como ejemplo de la voluntad de dialogo la creación de la Mesa de Desarrollo de las cuencas del Pastaza, Tigre, Corrientes y Marañón, para solucionar el conflicto social relacionado a la explotación petrolera del Lote 192 en la Amazonía Peruana; sin embargo, David Velazco explicó que las poblaciones indígenas se habían decepcionado de dicha Mesa de Diálogo porque en 6 meses el Estado no había asumido compromisos concretos para resolver la problemática, al punto tal que dos días antes de la Audiencia, esto es el 29 de octubre, habían realizado la toma pacífica del aeropuerto de Andoas para evidenciar la falta de voluntad política del Estado en la solución de los problemas que los aquejan.

El Comisionado James Cavallaro, Relator para Perú, expresó su preocupación por lo que consideró un uso desmedido de las habilitaciones para la intervención de las fuerzas armadas en el control del orden interno. Asimismo, su preocupación por acusaciones fiscales en la que se solicita penas de cadena perpetua contra defensores de derechos humanos y miembros de pueblos indígenas sólo por el hecho de participar en protestas sociales.

Ya para finalizar la Audiencia, la Comisionada Rosa María Ortiz expresó su preocupación por la delicada situación de criminalización de la protesta social en Perú y sobre el proceso penal seguido a los indígenas awuajun por los hechos en Bagua, Amazonas, del 5 de junio de 2009, particularmente sobre la situación jurídica de Santiago Manuin. También solicitó a Fedepaz y al representante del Pueblo Awajún a seguir informando a la Comisión sobre laevolución de la problemática de la criminalización en Perú.

En la web de la CIDH: (http://www.oas.org/es/cidh/multimedia/sesiones/153/default.asp)es posible encontrar elregistro en video de la Audiencia aquí citada.

Fuente: FEDEPAZ

Ni un muerto más

Con Fidel Flores van 46 personas fallecidas en conflictos sociales

y 32 por arma de fuego

La Coordinadora Nacional de Derechos Humanos expresa su más enérgica condena ante la ejecución extrajudicial de Fidel Flores Vásquez en Cajamarca a manos de un efectivo policial durante el desalojo de su vivienda familiar el pasado 30 de octubre. Esta muerte no es un caso aislado: con Fidel Flores son 46 (*) los civiles muertos durante el gobierno de Ollanta Humala en situaciones de conflicto social y 32 de ellos por uso de arma de fuego de las fuerzas armadas y policiales. Ninguna de las víctimas portaba armas, inclusive dos eran niños y tres recibieron tiros por la espalda.

Por ello, además de garantizar el acceso a la justicia y una reparación inmediata de los deudos de Fidel Flores Vásquez, es necesario que el Estado adopte las reformas necesarias para evitar que más civiles mueran por la actuación abusiva de las fuerzas del orden.

En particular es necesario:

Garantizar que la Policía Nacional del Perú cuente con el entrenamiento y el armamento adecuado para sus efectivos a fin de realizar operaciones de control del orden interno respetando los derechos humanos de la población, así como regular de manera precisa los procedimientos para el uso de las mismas y fiscalizar que estos protocolos se ejecuten de manera estricta.

Acabar con la impunidad total que actualmente impera en este campo, con especial atención a la responsabilidad de los mandos policiales y militares involucrados, generando un protocolo para la investigación de casos de uso abusivo de la fuerza y capacitando a los jueces y fiscales. El Ministerio del Interior y el Ministerio de Defensa deberían colaborar plenamente en las investigaciones.

Derogar las normas que favorecen la impunidad de los abusos policiales y reducen los estándares para el uso de la fuerza, especialmente, la Ley 30151 y el Decreto Legislativo 1095.

En lo inmediato, es necesario que el Presidente de la República, Ollanta Humala Tasso, exprese la indignación que ha manifestado a los medios frente a los abusos policiales con acciones concretas: un gesto importante al respecto sería destituir al ministro de Interior Daniel Urresti, bajo cuya gestión ya han perdido la vida siete civiles.

Lima, 7 de noviembre del 2014

Secretaría Ejecutiva

Coordinadora Nacional de Derechos Humanos

(*) según la Defensoría del Pueblo

Fuente: Coordinadora Nacional de Derechos Humanos

Cusco: presentan demanda para acceder a información sobre convenios entre PNP y mineras

A raíz del conflicto socio ambiental de Espinar de mayo del 2012 donde se mencionaba que la Policía Nacional estaba al servicio de la Empresa Minera Xtrata Tintaya; la Asociacón Derechos Humanos sin Fronteras de Cusco (DHSF) solicitó, en varias oportunidades, a la Región Policial Sur Oriente del Cusco información acerca de los convenios suscritos entre esta institución y las empresas mineras.

Ante las reiteradas negativas para entregar esta información, DHSF presentó ayer 01 de setiembre ante el Juzgado Mixto de Wanchaq, una demanda de acción de habeas data en contra de la Región Policial Sur Oriente del Cusco a fin de que brinde información acerca de los Convenios suscritos entre esta entidad y las empresas mineras, entre los años 2010 al 2014.

URRESTI DEBE RENUNCIAR

Al haberse revelado que el Ministro del Interior Daniel Urresti Elera está imputado como responsable de la ejecución extrajudicial del periodista Hugo Bustíos en 1988, la CNDDHH señala lo siguiente:

1. La solidez de la imputación contra Urresti es incuestionable dado que el proceso ha superado la etapa de instrucción, y descansa sobre las acusaciones efectuadas por los entonces superiores jerárquicos de Urresti, ya condenados por los mismos hechos, así como sobre las imputaciones de sus subordinados. La acusación es además especialmente grave por referirse a la ejecución extrajudicial de un periodista que se encontraba ejerciendo sus funciones.

ILEGAL PRESENCIA DE MAQUINARIA PESADA DE YANACOCHA GENERA MALESTAR EN CONGA

* Contraviniendo los derechos de las comunidades y rondas campesinas, la minera Yanacocha trasladó más de 16 maquinarias pesadas a la zona de Mamacocha.

* Bofedales, sistema hídrico, y sitios sagrados serían destruidos en caso se continúe con la implementación del megaproyecto minero Conga.

* Se espera que 5000 autoridades ronderas e indígenas de la jurisdicción especial se trasladen a la zona para exigir que Yanacocha retire sus maquinarias.

Lima 4 de febrero: “El pasado domingo del presente año, más de 16 maquinarias pesadas pertenecientes a la minera Yanacocha fueron trasladadas a la zona de Mamacocha (provincia de Hualgayoc-Bambamarca) para continuar las labores del megaproyecto Conga”, afirmó una autoridad rondera de la zona que denunció el irregular hecho al IIDS.

Las excavadoras ya se encuentran removiendo las piedras de las lagunas Negra y Seca, que dan origen a las lagunas Mamacocha Chica y Mamacocha Grande. Al mismo tiempo, los Guardianes de las lagunas informaron que al día de ayer, 03 de febrero, siguen ingresando más maquinarias pesadas sin el permiso de las autoridades campesinas y sin el consentimiento de los pueblos afectados. Las obras que viene realizando la empresa minera están destruyendo los bofedales y sitios sagrados, debido a la construcción de un camino cerca al Santuario del Cocodrilo, en cuyas faldas se encuentra la laguna Mamacocha. De esta forma, no solo desaparecería dicha laguna, sino también los ríos y ojos de agua nacientes de la misma, lo cual pondría en riesgo sus principales actividades de subsistencia (agricultura y ganadería).

Según el derecho internacional (art. 21 de la CADH, art. 13 del Convenio 169 de la OIT, doctrina y jurisprudencia de la Comisión y Corte Interamericana de Derechos Humanos) se está vulnerando el derecho al territorio, con lo cual se pone en riesgo la subsistencia biológica, cultural y espiritual de las rondas y comunidades campesinas que se verán afectadas por el megaproyecto Conga. Es decir, el Estado peruano no reconoce que la zona donde se ubica dicho megaproyecto es territorio indígena.

El traslado de esta maquinaria podría ser interpretado por los pueblos como un acto de provocación y de mala fe, toda vez que estos pueblos han denunciado al Estado peruano ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos por aprobar un megaproyecto que atenta contra su subsistencia.

PRONUNCIAMIENTO DE LA DEFENSORÍA DEL PUEBLO EN RELACIÓN CON LA LEY N° 30151

La Defensoría del Pueblo expresa que la modificación introducida por la Ley N° 30151 resulta contraproducente con el objetivo de fortalecer la labor policial y militar en la lucha contra la delincuencia, el resguardo del orden público y la defensa de la seguridad nacional. Por el contrario, la norma debilita la protección del derecho a la vida y a la integridad personal de la ciudadanía, al flexibilizar las reglas para el uso regular de la fuerza por parte de los agentes del orden.

La referida ley, publicada el día de ayer en el diario oficial El Peruano, modificó el numeral 11 del artículo 20° del Código Penal, disponiendo que «está exento de responsabilidad penal: el personal de las Fuerzas Armadas y de la Policía Nacional del Perú que, en el cumplimiento de su deber y en uso de sus armas u otro medio de defensa, cause lesiones o muerte». Es decir, dicha modificación elimina el enunciado de la norma anterior que obligaba al personal policial y militar a usar las armas de acuerdo con sus reglamentos, y adiciona la posibilidad de que se utilice no solo las armas reglamentarias sino cualquier otro medio para tal fin.

Martha Chávez: ¿la vengadora?

Creo que es ocioso ahondar en las descalificaciones de la congresista Martha Chávez para coordinar una Comisión de Derechos Humanos en el Congreso. Se dice que es “solo” para “monitorear” las recomendaciones de la CVR y para ver el tema de los derechos humanos de los peruanos que han migrado. Falso: también es para darles seguimiento y (OJO) “aprobación” de las respuestas que el Estado dé a los requerimientos ante instancias internacionales. Eso significa que le han dado en bandeja lo que siempre ha querido el fujimorismo: carta blanca para perseguir a los miembros de la CVR bajo el cuento del gasto de dinero, para desprestigiar al Informe Final de la CVR y tratar de retroceder todos los pocos avances que ha tenido, de paralizar los proyectos vinculados a reparaciones, memoria y justicia; pero, sobre todo, para “aprobar” la labor de los procuradores supranacionales cuando van a la Corte o a la Comisión Interamericana. No olvidemos que Martha Chávez estuvo a favor de que el Perú se retire del Pacto de San José.

La protesta es un derecho humano

Por Rocìo Por Rocío Silva Santisteban

 

Los verdaderos revoltosos

Revoltosos, antimineros, antisistema, destructores de proyectos, del desarrollo y el progreso. Mirar de esta manera las protestas sociales es simplemente seguir pensando desde una perspectiva represiva y no entender que cuando la gente sale a las calles es por indignación.

Las movilizaciones que el viernes terminaron siendo brutalmente reprimidas, de tal suerte que cayó fulminado por un balazo Kenllu Cifuentes, de 22 años en Barranca, y decenas fueron detenidos en Lima, Cusco, Arequipa, Barranca, entre otros lugares del Perú, son la revelación de que los diversos sectores saben, entienden, conocen y analizan el marco legal que el gobierno de OHT propone para profundizar las reformas neoliberales extractivistas de cara a las presiones de ciertos grupos empresariales.

Los militares arrepentidos

Por Rocío Silva Santisteban
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Hace diez días se llevó a cabo una diligencia de rutina en Ayacucho, como parte de las investigaciones del juicio por el caso de desaparecidos, asesinados y torturados en la base militar cercana a Pampa Cangallo durante 1991. Las viudas y familiares testigos del caso fueron trasladados a las diferentes zonas que correspondían al lugar de los hechos y mientras los funcionarios estatales acezaban de cansancio sudando la gota gorda adentro de sus ternos, una de las señoras se acercó a uno de los testigos, el Teniente (r) Collins Collantes Guerra, para pedirle rogando que le ayude a señalar el sector donde su hijo podría encontrarse enterrado. Collantes se sintió impactado por el pedido, la situación en medio de la pampa, el cansancio de todos y la tenacidad de los familiares que, a pesar de ser llevados por un lado y otro lado, sin almuerzo, seguían imbatibles con la convicción de que podrían “encontrar al menos sus huesitos”. Collantes realizó en ese momento el primer acto fuera de lo rutinario en esa diligencia judicial y dio un gran paso en el proceso de reconciliación: pidió perdón.

El último aprista

Por Rocío Silva Santisteban

 

En la famosa foto que publicó Odría en diciembre de 1938 y luego ha sido divulgada en un panfleto titulado “Terrorismo APRA”, Armando Villanueva, de 22 años, aparece jovencísimo, con la barba crecida de varios días pero en impecable terno y corbata, guapo, con una mirada displicente, distante, aguerrida y los ojos fijos en la cámara. Un número le adorna el pecho, pues se trata de la ficha policial que seguramente le tomaron en el Panóptico de Lima por supuestas actividades conspirativo-terroristas realizadas en una casa de la Avenida Aviación en Miraflores. Lo habían capturado el 11 de noviembre del mismo año y la leyenda de la foto asegura que Villanueva se encontraba armado.

Fujimori está deprimido

Por: Mg. Carlos Jibaja Zarate 

A través de un reportaje televisivo se sabe, de acuerdo a la evaluación  realizada por la Comisión Médica Penitenciaria, que Fujimori presenta el siguiente grupo de diagnósticos: “no evidencia actual de cáncer en la lengua oral y displasia recurrente de lengua”, trastorno depresivo recurrente, hipertensión arterial, insuficiencia venosa periférica, gastritis crónica, lumbalgia crónica, quiste pancreático, hernia, artrosis lumbar. En este artículo, voy a referirme exclusivamente al diagnóstico de trastorno depresivo recurrente al tratarse de una apreciación clínica acerca de la salud mental, mi especialidad.

RECONOCIMIENTO PÚBLICO A JAVIER DIEZ CANSECO

Las organizaciones de derechos humanos agrupadas en la Coordinadora Nacional de Derechos Humanos, manifestamos  nuestro  reconocimiento público a Javier Diez Canseco Cisneros, por su trayectoria política dedicada a la defensa de la vida, la democracia y los derechos humanos.

En 1980, Javier Diez Canseco en su calidad de diputado, formó  parte de la primera Comisión de Derechos Humanos de la Cámara de Diputados del Congreso de la República. Desde entonces ha participado en varias comisiones investigadoras de casos de violaciones a los derechos humanos, siendo un aporte fundamental para  investigar y sancionar los crímenes que se producían esos años. Producto de ese trabajo, sufrió un conjunto de atentados contra su vida y la integridad física de su familia, la voladura de su casa, entre otras agresiones directas, además de reglaje, seguimiento y hostigamientos varios. Sin embargo, jamás cejó en su defensa de las víctimas.