Por Jilmer Inquilla
Esta semana, las rondas campesinas de nueve provincias puneñas respondieron positivamente a la iniciativa de un paro de 24 horas, que ha sido convocado para el 22 de junio, en rechazo al artículo 16 del proyecto del Código Penal, pues les quita facultades para administrar justicia. El cuerpo normativo fue aprobado a finales del año pasado por la comisión de Justicia y Derechos Humanos del Congreso de la República.
Sabino Sonco Mamani, vicepresidente de la Central Única Nacional de Rondas Campesinas del Perú, calificó la propuesta de “totalmente descabellada”, pues criminaliza la función jurisdiccional de las rondas campesinas. “Si la cumplen, tendrían que ser perseguidas por la justicia ordinaria, por los delitos de usurpación de funciones, coacción y secuestro, entre otros”, refirió.
Sonco Mamani, quien pertenece a una base ronderil del distrito de Crucero (Carabaya), pidió a los congresistas recoger propuestas de los peruanos que viven en los rincones del país, y no aprobarlas entre cuatro paredes. “Yo no sé por qué los parlamentarios hacen leyes para las empresas transnacionales. Sabemos que la Confiep ha hecho observaciones a la justicia comunal. Estamos llegando a una situación gravísima”, abundó.
En tanto, Jorge Calsina, presidente de las rondas campesinas de la provincia de Carabaya, pidió respeto a la autonomía de las rondas campesinas y de los pueblos originarios. “Nosotros queremos que nos respeten, que respeten el marco jurídico nacional e internacional. Las rondas campesinas son organizaciones de prestigio, reconocidas por la Constitución Política del Perú y por el Convenio N° 169”, subrayó.
Según el dirigente, el objetivo del gobierno del presidente Ollanta Humala es quitarles derechos instaurados: “De alguna manera nos estarían frenando. Definitivamente nosotros, como rondas campesinas, somos independientes, no dependemos de nadie, es nuestra facultad administrar justicia, cautelar, y fiscalizar a las instituciones públicas, de acuerdo al derecho consuetudinario, a las costumbres de cada pueblo”, sostuvo.
Por otro lado, solicitó la anulación definitiva de los decretos que despojan de sus tierras a los campesinos y a los pueblos originarios. Sobre este último punto, Sabino Sonco señaló que a la medida de protesta del 22 de junio se sumarán las comunidades campesinas, nativas e indígenas, porque al excluir a la rondas de la administración de justicia, se vulneran derechos de las comunidades campesinas, como el derecho a la consulta previa, el derecho al territorio y a la autodeterminación.
Colisión normativa
Según el abogado Cesar Rodríguez, de prosperar la norma, ésta sería incompatible con el Convenio N° 69, ratificado por el Estado Peruano. “Yo creo que tiene que ver con las concesiones mineras, pues son las rondas campesinas quienes ofrecen más resistencia, por ejemplo, en el caso Conga, en Cajamarca. Esto lo están viendo políticamente, las quieren debilitar, esa es la finalidad. Las rondas actúan muy bien y son un poder, un poder muy fuerte”, dijo.
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