 Los
conflictos sociales han dejado en los últimos cinco años la alarmante
cifra de 218 muertos y 3,000 mil heridos, señala el Defensor Adjunto
para Prevención de Conflictos Sociales y la Gobernabilidad de la
Defensoría del Pueblo, Rolando Luque. La mayoría de conflictos en el
país son producidos por la actividad minera, que tiene una legislación
que impulsa dicha actividad, pero que no prevé con la misma disposición
los derechos de las comunidades y poblaciones con respecto al agua, la
agricultura y los bosques.
Fuente: La Primera
Rolando Luque, Adjunto en Prevención de Conflictos Sociales de la Defensoría del Pueblo.
¿Cuál es su análisis de los conflictos sociales surgidos este año en el país?
—Los
conflictos socioambientales, como en años anteriores, pueden llegar a
niveles de escalamiento de violencia muy serios. Nos sigue preocupando
la cifra de personas muertas y heridas, de enero de 2007 a la fecha han
muerto 218 personas en conflictos sociales y más de 3 mil personas
resultaron heridas. El año también estuvo marcado por el caso Conga,
principalmente por el caso Espinar y el proyecto minero Quellaveco, en
Moquegua.
—¿Qué conflictos acumulados nos traerían más problemas para el próximo año?
—El
caso Majes Siguas, que explica una disputa por el recurso hídrico entre
Cusco y Arequipa. También lo sería el caso Kañaris en la sierra de
Lambayeque, que enfrenta actualmente a las comunidades de Kañaris y la
compañía minera canadiense Candente Cooper (por el proyecto minero
"Cañariaco"). Otro es el caso Conga, que está cerrado y exigirá al
Estado tomar decisiones adicionales.
—¿Por qué hay serias diferencias en los reportes de
conflictos de la Defensoría del Pueblo y la Oficina de Gestión de
Conflictos Sociales del Ejecutivo? La PCM dice que son 20 conflictos
resueltos y ustedes 5 casos.
—Hay diferencias en la forma de
entender la conflictividad y las formas de medirla. En primer lugar, la
Oficina de Diálogo considera que hay diferencias, controversias y
conflictos sociales, eso lo ubicamos en la etapa temprana del conflicto,
es decir, cuando identificamos que las partes tienen intereses
contradictorios. Es importante considerarlo así para identificar el
conflicto lo más temprano posible y encausarlo por la vía del diálogo o
de la ley.
Consideramos también conflictos latentes, que son los que no se han
manifestado de forma pública o que, habiéndolo hecho, han decaído el
interés de ambas partes por mantenerlo vivo.
—¿Qué otros sistemas de medición consideran a diferencia de la oficina de conflictos del Ejecutivo?
—La
segunda diferencia es que la Defensoría considera los conflictos
comunales por límites, electorales y de gestión pública, como la
utilización adecuada del canon, infraestructura educativa y casos de
corrupción, que hay en gobiernos regionales y locales.
Una tercera diferencia es que la Defensoría hace un recojo de la
información más completa porque tenemos 38 oficinas a nivel nacional y
unidades móviles que se desplazan hasta los pueblos más alejados. La PCM
recién está terminando de conformar sus equipos a nivel nacional y se
sustentan principalmente en lo que les proporciona el Servicio de
Inteligencia o los gobernadores.
—Pero la PCM usa como referencia las cifras de sus informes y
se supone que tiene personal capacitado para dar una cifra verídica.
—saludamos
que la Oficina de Diálogo haya presentado un informe, antes de ello no
se tenía conocimiento de cuántos eran los conflictos y de qué trataban.
Como acto de transparencia y rendición de cuentas frente a la población,
es un paso muy importante. La Defensoría pone mayor acento en los
derechos de las personas porque nos preocupan las demandas sociales, y
la Presidencia del Consejo de Ministros, más en el tema político.
MINERÍA
—En diciembre de 2011, 126 casos fueron conflictos
socioambientales y en noviembre de este año, 107 por minería. ¿Esas
cifras han variado?
—Los conflictos por lo general se
incrementan, pero de junio a diciembre de 2012 han disminuido en 17
casos. Cuando se produce el fin de año disminuye el conflicto porque los
dirigentes sociales antes de iniciarlo hacen un análisis de cuál es la
mejor oportunidad, por ejemplo, antes o después del mensaje
presidencial.
—Son 107 casos que indican que los conflictos sociambientales por minería tienen el más alto índice. ¿Por qué?
—Porque
hay un marco legal que facilita las inversiones en el país y en
consecuencia las empresas llegan para hacer los análisis sociales y
económicos. Las inversiones son cuantiosas y van de 100 millones de
dólares para arriba, ello implica una confrontación de intereses con los
sectores que buscan proteger su actividad agrícola, ganadera, fuentes
de agua y bosques.
—Justamente el Ministerio de energía y Minas prevé una
inversión de más de US$ 50 mil millones solo en el sector minero, ¿por
qué a mayor inversión minera en el país hemos tenido como resultado
mayores conflictos sociales?
—La inversión por lo general
despierta dos reacciones: de expectativa respecto a lo que la inversión
puede generar como proyecto de vida y de temor a que los derechos de los
pobladores a un ambiente sano, a la salud y Educación, no sean
respetados y protegidos.
—Con los daños inminentes de la actividad extractiva y el alto impacto social y ambiental, ¿cuál es el rol del Estado?
—El
Estado debe ser fuerte en su capacidad de supervisar y fiscalizar la
actividad minera o cualquier otra actividad extractiva. Un Estado débil
no es un Estado que convenga a la inversión. Si el Estado es débil y la
legislación incompleta, las compañías mineras deben autorregularse
elevando sus estándares ambientales y sociales para alcanzar mayores
niveles de confianza.
CASO CONGA
—¿El conflicto de Conga ha disminuido por causas naturales o por un proceso real de solución?
—Tanto
la empresa como el gobierno tomaron la decisión de suspender el
proyecto, pero no existe una expresión legal ni formal de esa decisión.
El diálogo se rompió en diciembre del año pasado y hasta ahora las
partes no se han sentado a dialogar, al contrario fue un año de
enfrentamiento público y político, con muertos y heridos, eso debe dar
paso a una demostración de responsabilidad y diálogo.
—Hubo acuerdo, pero eso no es sinónimo de estar camino a la solución del conflicto, pues las protestas continúan.
—El
caso Conga no se ha resuelto. Las movilizaciones han disminuido
ostensiblemente y los grupos ahora son más pequeños, pero siempre están
atentos a lo que pasa en Cajamarca.
—Pero aún hay más de 500 ronderos vigilando lagunas y
representantes de Yanacocha, según testimonios de los pobladores, azuzan
a los cajamarquinos para desalojar tierras.
—Todavía hay un
factor de tensión en la zona porque el caso no se ha resuelto, se ha
estabilizado de algún modo y se está evitando la confrontación violenta
entre la población y las fuerzas del orden.
CASO TÍA MARÍA
—Southern Cooper anunció la viabilidad del proyecto Tía María
y la comunidad de Islay lo rechazó. Días antes el ministro Merino dijo
que es un proyecto irrenunciable. ¿Cómo tiene previsto la Defensoría
neutralizar un conflicto eminente entre las partes?
—En
términos condicionales, si la empresa muestra información
transparentemente, presenta sus estudios de impacto ambiental conforme a
las exigencias establecidas en la ley y demuestra que no habrá impacto
grave en el ambiente, se puede iniciar una nueva relación entre la
empresa y la población de Islay.
—No es lo que piensa la población sobre la credibilidad de la
compañía Southern Cooper y la Defensoría debería estar preparada para
un conflicto.
—Sí, frente a estos casos sabemos
perfectamente cuál es la situación en Islay y estamos preparados para
una intervención, pero a la vez tenemos que tener buena fe para ver si
hay una posibilidad de entendimiento.
—Es poco probable que los pobladores de Islay crean que
Southern Cooper presentará un nuevo EIA transparente, ¿qué acciones
tomarán como intermediarios ante una eventual confrontación?
—Revisaremos,
dentro de nuestras posibilidades, el Estudio de Impacto Ambiental, a
qué distancia se tomarán las aguas y qué tipo de tecnologías utilizarán.
Haremos lo posible para que el estudio sea difundido de forma sencilla y
el Ministerio de Economía y Finanzas diseñe formas de discusión del
documento. Además, tomaremos suma precaución sobre el comportamiento de
la Policía Nacional, ya que el uso de su fuerza en el país dejó
demasiados muertos y heridos.
MIRANDO EL 2013
Conflictos en la mira
CONGA. El proyecto Conga tiene una inversión de
4,800 millones de dólares y extraerá principalmente oro. Las protestas
han cobrado la vida de 5 personas y se trajo abajo a 2 gabinetes
ministeriales. Actualmente está en la etapa de construcción de
reservorios y momentáneamente suspendido.
MAJES SIGUAS. La región de Arequipa y la provincia
de Espinar, en Cusco, mantienen una disputa sobre la puesta en marcha de
la construcción de la represa de Angostura para el proyecto Majes
Siguas y que, según el Gobierno del Cusco, pondría en peligro la
disponibilidad del recurso hídrico para Espinar.
TÍA MARÍA. El proyecto Tía María de Southern Perú
Cooper está en la quebrada Cachuyo, en la provincia de Islay, en
Arequipa. Los cuestionamientos al proyecto son por la contaminación que
implicaría al valle del río Tambo, principal zona de irrigación, por
extraer cobre.
KAÑARIS. Pobladores de Kañaris, en Lambayeque,
rechazan que la compañía Candente Cooper extraiga cobre, oro y plata
porque afectaría principalmente la cabecera de cuenca del río Kañaris.
Una consulta popular de octubre de este año arrojó que el 95% de los
comuneros rechazó el proyecto minero Cañariaco.
OPTIMISMO
Consulta previa
—¿Qué nos traerá la aplicación de la Ley de Consulta Previa?
—La
consulta previa es el mecanismo de inclusión política y social más
grande que hubo. Por primera vez en la historia las comunidades
relegadas tendrán la oportunidad de intervenir respecto a un proyecto o
norma y el Estado tiene que prepararse para que el mecanismo funcione
con una base de datos actualizada para saber cuáles son pueblos
indígenas, con estudios sobre cómo funciona la cultura de las 75 etnias
que hay en el país y entrenando a los funcionarios del Estado en diálogo
intercultural.
—Pero la Ley de Consulta Previa tiene serios cuestionamientos
que fueron llevados ante la Comisión Interamericana de derechos humanos
por los indígenas que no creen que se cumplirá. ¿Existe un real proceso
de consulta?
—Hay que verlo prácticamente. Tenemos un marco
jurídico que ha sido cuestionado y observado, primero pasemos por la
experiencia de la consulta previa y ello nos indicará si la ley necesita
ser reformada.
—Con el inicio de la buena pro de los lotes petroleros (segundo semestre de 2013) habrá consulta previa ¿La Defensoría del Pueblo realizará algún informe para el gobierno sobre las comunidades a consultar?
—La
Defensoría estará presente en los procesos de diálogo, haremos una
etapa de evaluación del derecho de consulta y seremos un factor de
equilibrio en los procesos de diálogo intercultural. También seremos el
garante moral del cumplimiento de la norma dentro de los estándares
planteados por la Organización Internacional del Trabajo.
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