Escribe Pedro Francke
Un
impuesto a las sobreganancia mineras y petroleras es una gran necesidad en el
Perú. Southern Copper, en los últimos 5 años ha tenido sobreganancias por
encima de lo razonable, de 4,300 millones de dólares, suficiente para dotar a
todos los peruanos mayores de 65 años de una pensión básica los doce meses del
año. Las mineras que extraen oro han quintuplicado sus utilidades en los
últimos 5 años; sus ganancias encima de lo normal suman en este tiempo 14 mil
millones de dólares, más de 2,700 millones anuales promedio. Compárese eso con
el presupuesto aprobado por el gobierno para iniciar el aseguramiento universal
en salud, que no llega a 30 millones de dólares: el gobierno podría multiplicar
por 50 lo que dedica a su programa estrella en salud si captara la mitad de las
sobreganancias mineras del oro. Y falta el petróleo, el zinc, otras minas de
cobre, etcétera.
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Último
descubrimiento al respecto: el Fondo Monetario Internacional, el mayor defensor
del capital trasnacional, el centro internacional que orienta a los economistas
que abogan para que los inversionistas reinen libremente, el campeón mundial
del neoliberalismo, defiende un impuesto a las sobreganancias.
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El
libro que trae esta revolución se titula The
Taxation of Petroleuum and Minerals: principles, Problems and practice, que
se traduce como Los impuestos al petróleo
y los minerales: principios, problemas y práctica. Una veintena de expertos
internacionales escriben aquí sobre los distintos aspectos de la tributación a
las industrias extractivas. Vean las frases, traducidas por mí, de este libro.
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“Como
las rentas de la extracción pertenecen, enteramente, a los ciudadanos, el
gobierno, como su agente, requiere un régimen tributario que capture esas
rentas, cuando estén por encima del promedio habitual de las ganancias”. Así
escribe Paul Collier en una revisión general del tema en los países en
desarrollo. Más claro, ni el agua. Pero hay más.
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Otro
experto, Bryan C. Land, del Banco Mundial, añade: “El objetivo de un impuesto
sobre la renta de los recursos naturales es capturar la renta producto de la
explotación de un depósito de minerales o hidrocarburos. La renta se entiende
como el excedente de valor generado por esa explotación por encima de los
costos de producción, incluyendo los retornos al capital. Siguiendo ese
principio, un impuesto a la renta de los recursos naturales grava las ganancias
que exceden el mínimo necesario para que el capital sea invertido”.
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¿Son
raros estos impuestos? No. Este autor los encuentra en Canadá, Rusia,
Australia, Papúa Nueva Guinea, Ghana, Tanzania, Madagascar, Namibia, Zimbawe,
Angola, Azebaiján, Kazakhstán, Islas Salomón, Timor Leste, Malawi y Liberia.
¿Son recientes? Tampoco, en Papúa Nueva Guinea se aplican desde hace más de 40
años. Este experto del Banco Mundial hace sus cálculos basado en una tasa de
impuesto a las sobreganancias de 50 por ciento, aunque diversos países imponen
tasas muy distintas: en Papúa Nueva Guinea es 70 por ciento, en Australia 40
por ciento, en Ghana 35 por ciento, en Angola varía según cada yacimiento.
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Resumiendo
su análisis, Bryan C. Land concluye: “Un impuesto sobre la renta de los
recursos naturales ofrece un potencial bastante alto para maximizar la
recaudación tributaria, al mismo tiempo que genera pocas distorsiones,
comparado con otros impuestos sobre las ganancias”.
Hoy,
hasta el FMI apoya un impuesto a las sobre ganancias mineras y petroleras. Pero
el “perro del hortelano” no quiere. El férreo matrimonio de Alan García con la Sociedad de Minería y
Petróleo no quiere que le toquen sus enormes, gigantescas, riquezas. Esos
perros del hortelano son los que impiden que los peruanos tengamos un seguro de
salud de verdad para todos y que haya pensiones mínimas universales. Hoy, con
este libro del FMI, han perdido al último defensor de la absurda idea de que
una docena de empresas son más importantes que 28 millones de peruanos.
Fuente: Revista Hildebrant en
sus trece número 16, del viernes 6 de agosto 2010, página 13.
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