Opinión libre: Minando tierras ajenas

Alerta en torno a la creciente y peligrosa conflictividad por razones socioambientales

Ismael León

Tres preocupados funcionarios del Observatorio de Conflictos Mineros en el Perú alertaron en torno al aumento de violaciones a los derechos humanos en 5 regiones del país, con crecientes perjuicios para los ecosistemas en tierras de cultivo, mares, lagunas, ríos y páramos.

José de Echade (CooperAcción), Pablo Sánchez (Grufides) y David Velazco (Fedepaz), desplegaron, ante un atento y numeroso auditorio, minuciosa documentación escrita y visual, que mostró los avatares que hoy han hecho de la existencia humana Junín, Piura, Apurimac, Cajamarca y Cusco, una experiencia peligrosa.

Sólo en Piura y alrededor de la empresa Río Blanco (antes Majaz), han muerto 7 pobladores, 28 fueron torturados por la policía y hay más de 300 denuncias de la empresa contra ambientalistas y comuneros, varios de ellos dirigentes del Frente por el Desarrollo Sostenido en la Frontera Norte del Perú.

Uno de los factores que contribuye a que se agraven las condiciones de vida en todas las regiones es la reciente observación a la ley de consulta. Y esto porque altos funcionarios de ciertas empresas mineras se saben ahora protegidos y porque la justicia se inclina a favorecer al lado empresarial.

En este panorama, la Defensoría del Pueblo es la excepción a la regla, pues, junto a unas pocas radioemisoras de provincias y muy pocos medios de la capital, respalda las exigencias de diálogo y entendimiento que proponen dirigentes mineros y poblacionales.

De Echade denunció la incontrolada expansión de las mineras en Cajamarca. Puso el ejemplo de3 Yanacocha y el proyecto Conga, que pretende ocupar más de 2,000 hectáreas de tierras fértiles, lagunas, riachuelos y bofedales de enorme valor para la población y sus actividades agropecuarias.

Minas Conga –sostuvo- es una operación a tajo abierto para extraer oro, plata y cobre en un volumen de 504 millones de toneladas de mineral, con una remoción cercana a los 1,100 millones de toneladas de roca, un promedio de 92 mil toneladas cada día.

En cuanto a la región Apurimac, los expositores la definieron como un “territorio minado”. Y no es una metáfora, porque, según dijeron, el 55 por ciento de su extensión ha sido entregada desde Lima por el ministerio de Energía y Minas en la forma de concesiones, sin consultar ni nada que se le parezca.

Señalaron el caso de la firma Xstrata, que acelera su proyecto Las Bambas sin diálogo alguno con las comunidades de Grau y Cotabambas, habiéndose privatizado para todo fin el fondo social que lleva su nombre (FOSBAM).

En la región Junín-La Oroya- el caso Doe Run es emblemático. El complejo metalúrgico es emblemático. El complejo metalúrgico está, como se sabe, paralizado. El dueño de la mina ha huido por los techos, dejando tras de sí las deudas con los trabajadores, proveedores de mineral, numerosos bancos, el Seguro Social y la Sunat. Los gobiernos de Toledo y de García no pudieron ser más permisivos con la empresa que, a lo largo de los años, incumplió sus compromisos ambientales.

Finalmente, en Cusco, el Observatorio de Conflictos Mineros registró un incremento de los conflictos sociales ligados a la minería y sobre todo a la explotación del gas de Camisea, sin beneficios tangibles para los proyectos hidráulicos y el servicio doméstico y vehicular en la región.

En este panorama –pronosticó uno de los expositores- no es difícil prever futuros escenarios de conflictos, que no deberán atribuirse a móviles políticos ni a la presencia de sacerdotes agitadores. El gobierno no está cumpliendo con su deber de proteger a las poblaciones y será el único responsable de lo que pudiera suceder, resumió De Echave en un pasaje de su exposición. Coincidieron Sánchez y Velazco.

Fuente: semanario Hildebrant en sus trece del día viernes 16 de julio 2010, página 9.