Por: Edwin Aliaga Pereyra
La seguridad ciudadana ocupa el primer lugar de la agenda nacional e internacional debido a que su antítesis, la inseguridad ciudadana, es el reclamo más constante que las personas hacen a sus autoridades. Estas circunstancias han generado las más diversas “teorías” sobre el tema, no siempre bien enfocadas hacia la determinación de las causas y su erradicación; sino, más bien hacia acciones de carácter reactivo que preventivo. Es así como, por lo general, se responde a concepciones muy “seguristas”, que le dan énfasis al tratamiento estatal y/o represivo del problema, lo cual se encuentra reflejado en que es considerado como una responsabilidad solamente policial, no obstante que, de acuerdo a disposiciones vigentes, los diversos Comités de Seguridad Ciudadana están conformados por diversas autoridades.
Diversos factores como la
no distinción entre Seguridad Pública y Seguridad Nacional, la ineficacia del
sistema penal, los exabruptos interesados del sistema judicial, así como la
exacerbación que sobre el tema hacen los medios de comunicación, han convertido
a la Seguridad Pública en problema aparentemente univoco, presentando la visión
equívoca que la única alternativa es la acción policial represiva.
Muchas veces el cuestionamiento que las Defensorías de los Derechos
Humanos han precisado que las medidas que aumentan la discrecionalidad de los
policías o de los dispositivos que sólo proponen mayores medidas represivas,
han servido para acusar que se "defienden delincuentes", y no se
preocupan por los derechos de los ciudadanos honestos.
Por ejemplo, al abordar
este tema, es necesario revisar y asegurarnos de cuál es el concepto que mejor
identifica el problema. Seguridad Ciudadana debe entenderse "como la
protección que debe brindar el Estado a las personas, respetando sus derechos y
libertades fundamentales", y no así el de Seguridad Pública. La razón
es que la primera coloca a la persona y no al Estado como el centro de la
seguridad.
Con frecuencia y equivocadamente, algunos miembros encargados de la
Seguridad Ciudadana vienen manifestando que la defensa y protección de los
Derechos Humanos favorece a los delincuentes y perjudica a las víctimas del
delito. Esta afirmación es errónea y no tiene fundamento jurídico que la
sostenga. El argumento, sin embargo, ha ocasionado una grave confusión en la
población. De ahí la necesidad de exponer algunas razones que la desmientan.
La creencia de que la
defensa y protección de los Derechos Humanos beneficia sólo a los delincuentes
es falsa. Todos, sin distinción, gozamos de los derechos consagrados en la
Constitución, así como en los diversos instrumentos internacionales en la
materia. Los niños, las personas de la tercera edad, las que viven con VIH, los
indígenas, la mujeres, las lesbianas y homosexuales, los niños de la calle y
los policías gozan de ellos, salvo en algunos casos en que el derecho a la
libertad personal puede ser legítimamente restringido. No obstante, la
privación de la libertad origina nuevos derechos.
Cualquier acusación o detención debe estar sustentada en los
procedimientos que la propia Constitución ha establecido. Además debe
prevalecer el derecho a la información (motivo, delito y quién acusa) a la
defensa, a ser oídos y juzgados en un tiempo razonable, a no ser torturados, a
la indemnización, a un trato digno por parte de las autoridades, a recibir
atención como víctima y, sobre todo, a la justicia, la cual se relaciona con el
deber del Estado de investigar y sancionar. Ésta debe ser efectiva, pronta y
expedita.
Estas garantías que nos han legado nuestros legisladores, tienen por
objeto evitar arbitrariedades de las autoridades por exceso o defecto en la
aplicación de la ley. Nos dan la seguridad jurídica, de que las autoridades
sólo podrán proceder en nuestra contra si se ajustan a los supuestos y
procedimientos establecidos en la propia Constitución, y nos garantizan el
derecho a la justicia en caso de ser víctimas de un delito; con ello se evitan
hechos tan penosos como el de la justicia por mano propia.
No debe escandalizarnos el que se insista a las autoridades que
respeten esos derechos, sino más bien cuando son violados. Por eso es aberrante
pensar que una política de seguridad ciudadana, pueda consistir en tolerar, por
ejemplo, detenciones ilegales o arbitrarias o en desconocer los derechos del
detenido o procesado, o de la propia víctima. Al contrario, aquélla debe
garantizar un equilibrio entre los derechos del delincuente y los de la
víctima, así como con los de la sociedad en general, que espera que el delito
sea investigado y sancionado para evitar la impunidad.
La defensa de los Derechos Humanos se orienta al combate del delito:
Muchas veces los
funcionarios policiales, valiéndose del cargo, se olvidan de que su misión es
proteger a los ciudadanos y los Derechos Humanos, y que las armas les fueron
confiadas para defender a la ciudadanía y no para atacarla.
Esto no es cumplido plenamente. Un alto porcentaje de las quejas
presentadas en las Comisiones de Derechos Humanos ha sido de víctimas que han
quedado desamparadas ante la impunidad, la inacción o ineficiencia del sistema
de administración de justicia. Muchas denuncias formuladas no han sido
debidamente investigadas, otras ni siquiera se han indagado
La defensa y protección de los Derechos Humanos no son un obstáculo para combatir el delito:
Las causas de la inseguridad que vive nuestro país son diversas:
corrupción, impunidad, violencia, desconfianza en las autoridades, entre muchas
más. Sin embargo, algunos se han empeñado en
señalar que quienes se dedican a "la protección y defensa de los Derechos
Humanos" la han ocasionado y que, además, ¡no les permiten combatirla!.
Esto es falso. Para muchos funcionarios públicos este argumento les sirve como
pretexto para seguir ocultando su ineficiencia y, en ocasiones, su complicidad.
Todos sabemos que una de
las causas más comunes de la inseguridad es la corrupción. Debemos entender que
ésta no sólo significa aceptar o pedir una dádiva, sino dejar de hacer cuando se
está obligado a ello.
El no arrestar a quien
debió ser detenido genera impunidad; deja sin castigo cuando debía haberlo. La
impunidad también se manifiesta cuando los ciudadanos no denunciamos algún
delito que sabemos se ha cometido ya sea por miedo, ignorancia, o desconfianza
en las autoridades; cuando el policía no detiene por ineficacia, incapacidad,
complicidad o desconocimiento; cuando las autoridades no hacen debidamente su
trabajo, entre otros casos.
Esto genera violencia. Al no ver satisfecho ese derecho, dejamos en la
víctima del delito un deseo de "justicia" frustrado que muchas veces
se traduce en afanes de venganza, que se cobrará tal vez por propia mano. Esta
situación genera desconfianza en las instituciones de administración de justicia.
Menos ciudadanos acudirán a ellas a denunciar, mientras que los delincuentes
seguirán haciendo de las suyas a la sombra de la impunidad.
El reto, tanto de las instituciones de seguridad pública como de la
sociedad en general, es romper el círculo vicioso que forman la corrupción, la
impunidad, la violencia y la desconfianza.
La defensa y la protección de los derechos humanos pugnan por una
política de Seguridad Ciudadana que actúe sobre las causas de la criminalidad y
privilegie la prevención e investigación del delito.
Se ha dicho de manera
insistente que para combatir la delincuencia y elevar los niveles de seguridad
es necesario aumentar la sanción penal, el número de policías, el número de
patrullas y tolerar la violación a los Derechos Humanos, entre otras. Esta
creencia deja de lado las verdaderas causas de la criminalidad, y se olvida de
la necesaria modernización de las instituciones de administración de justicia,
mediante un esfuerzo global que garantice el acceso y trato igualitario a la
población; que se erradique la desconfianza mutua entre esas entidades y se
busque la complementariedad de ellas y la coordinación contra el delito.
Una política de seguridad ciudadana seria debe atacar las causas de la
criminalidad y prever medidas en el ámbito social, de la infraestructura, la
educación y la participación de la sociedad, para prevenir o combatir todo
factor criminal y así dificultar la comisión de delitos.
Para hacer frente a este desafío hay que humanizar y hacer más eficaz
la respuesta del Estado, con la capacitación y profesionalización de los
componentes de la policía. Para ello se requiere:
· Que la formación del
policía se oriente hacia el respeto al orden legal y de los Derechos Humanos de
los ciudadanos.
· Dignificación de la actividad policial. El policía es un servidor
público encargado de la seguridad, pero sobre todo es una persona con una
actividad que merece justa valoración social y, por tanto, debe ser
correspondida con el respeto a sus Derechos Humanos y la satisfacción de sus
necesidades elementales.
· Evaluación del trabajo
policial no sólo por sus resultados, sino por los medios empleados. Esta
apreciación será permanente, y en ella no sólo habrá de intervenir el Estado,
sino también la sociedad que debe convertirse en un actor coadyuvante de las
distintas etapas que implica una estrategia de Seguridad Ciudadana. Los
mecanismos e instrumentos de la actuación policial deben regularse según el
criterio "mayor eficacia-menor costo". En este sentido, su actuación
debería estar sustentada también: "Prevención en la medida de lo
posible y represión en la medida de lo estrictamente necesario".
· La participación de la sociedad en la evaluación de sus necesidades,
así como en los planes de Seguridad Ciudadana.
· Adopción, por parte de la policía, de códigos de conducta o ética y,
que no queden solamente escritos en sus reglamentos, sino que sea una práctica
permanente y responsable.
La seguridad ciudadana no sólo es un problema de la policía. La
colaboración de todos los actores sociales es urgente, especialmente cuando
vemos que las debilidades en este rubro son fuente de una violencia e impunidad
que afectan la vida, la integridad, la libertad y el derecho a la justicia de
las personas y, en general, el de todos a llevar una vida libre de temores y
sobresaltos.
Para que la lucha contra la delincuencia sea eficaz, las acciones deben
ser legítimas, esto es, respetar la Constitución y con ello los Derechos
Humanos, no sólo por el bien de la legalidad, sino por el de la sociedad, para
que recupere ese espacio tan natural que le ha sido arrebatado: LA CALLE.
Está claro que el Estado es la entidad responsable por la seguridad
de los ciudadanos, pero la historia reciente ha demostrado que la
producción de seguridad puede tomar como horizonte ciertas claves excluyentes e
incluso siniestras, o puede reposar en políticas que con los ojos abiertos a
una realidad compleja e interconectada respondan con una perspectiva de
Derechos Humanos, a través de instituciones profesionales competentes ante los
patrones violentos y de criminalidad que surcan a una sociedad.
En el marco internacional de los derechos humanos la responsabilidad
del Estado se expresa no sólo en el deber de respetar los Derechos Humanos
internacionalmente reconocidos; sino también, en actuar con la debida
diligencia para prevenir, sancionar y erradicar aquellas prácticas lesivas
contra las personas por parte de algunos funcionarios públicos o particulares,
cualquiera sea el ámbito en el que ocurra.
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