Por Sinesio López Jimènez
El Perú alberga
el caso típico (en AL) de un Estado predatorio. El Estado neoliberal
peruano es “clepto-patrimonialista”. Dados los altos niveles de corrupción que
permite, mi hipótesis es que fue organizado para saquear el país y para robar.
Eso pasa por una operación previa: el secuestro de los aparatos económicos del
Estado en los que operan la cúspide del poder, la alta burocracia y los poderes
fácticos. Los organismos financieros internacionales y los países desarrollados
querían cobrar naturalmente sus acreencias, los grandes inversionistas buscaban
extraer la máxima renta posible a través de la explotación de los recursos
naturales y las élites políticas y la alta burocracia anhelaban parte del
botín. Todas estas voracidades juntas han bloqueado y bloquean la posibilidad
de orientar la enorme renta que ha producido el país en los últimos 20 años de
neoliberalismo (y de bonanza internacional en la última década) a la
inversión productiva de largo plazo (que conduce al desarrollo) y han impedido
la formación de una burguesía desarrollista y de una burocracia
weberiana.
El colapso
económico y estatal (producido por García a fines de los 80) y la crisis de los
partidos abrieron las puertas a los poderes fácticos (los organismos
financieros internacionales, la inversión extranjera, la burguesía local, las
FFAA y los medios) para reordenar la economía y el Estado en sus propios
términos: la instauración de un modelo económico neoliberal extremo y de un
Estado predatorio a su servicio, utilizando a los altos mandos de las FF.AA.
como socio y soporte. Luego entraría la jerarquía conservadora de la Iglesia para bendecir esa
nada santa coalición social y política. El modelo neoliberal extremo y el
Estado predatorio son hermanos mellizos alumbrados en el mismo parto. Ellos
nacieron de las agresivas reformas estructurales (apertura de la economía al
mercado internacional, desregulación de todos los mercados y privatización de
las empresas públicas) cuyo objetivo fundamental era destronar al Estado y
entronar al mercado como mecanismo asignador de recursos para el crecimiento
económico.
Los poderes
fácticos necesitan a la cúspide del poder para canalizar e imponer sus
intereses a los peruanos a través de las instituciones (el sistema
legal, la burocracia, la coerción). El espacio en donde se articula esa
coalición dominante es el conjunto de los aparatos económicos secuestrados
(anillos burocráticos los llamó alguna vez F.H. Cardoso) y los operadores de
los mismos son la alta burocracia reclutada por los presidentes de la república
y por los poderes fácticos que se reservan frecuentemente para sí el llamado
ministro de Economía que, en realidad, es el ministro del gran capital. Desde
1990 en adelante ninguno de “los ministros de economía” proviene de las filas
del partido de gobierno que ha triunfado en las elecciones. Todos ellos
provienen de los organismos financieros internacionales, de los bancos o de la
gran empresa. Una vez cumplida “su misión” depredadora vuelven a sus antiguos
puestos o son premiados con otros mejores. Esos anillos burocráticos son islas
de modernidad, no al servicio de un proyecto nacional y de un Estado autónomo,
sino de la coalición depredadora. Constituyen una élite estatal al servicio de
las élites privadas (locales y extranjeras).
La coalición
neoliberal no está interesada obviamente en forjar una coalición nacional ni
desplegar, por eso mismo, las adecuadas políticas públicas que satisfagan los
intereses, las necesidades, los derechos y las aspiraciones de las clases
populares. El Estado predatorio ha institucionalizado la discriminación social
a través de la aplicación de políticas (educación, salud y seguridad públicas)
de pésima calidad y de un supuesto dominio de la ley que no llega a todos. Para
los pobres se entregan las migajas del banquete a través de un neopopulismo
elemental: reducir la pobreza con dádivas.
Fuente: Diario La República
Vie,
16/07/2010
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