Gran preocupación ha generado en la Comunidad Campesina de Segunda y Cajas (Huancabamba, Piura) la realización de actividades, como la realizada el día de hoy en el Barrio el Alto de la Paloma, ciudad de Huancabamba, convocado por la Oficina de Energía y Minas del Gobierno Regional de Piura, denominado “Promoción y Difusión minera y los mecanismos de la Participación Ciudadana”, evento que buscaría convencer a la población a fin de lograr la licencia social que carece el Proyecto Minero Río Blanco.
Como se recordará el Proyecto Minero Río Blanco de la empresa Río Blanco Copper S.A. (antes llamada Majaz S.A.), subsidiaria de la empresa china ZijinTongguan, que cuenta con una concesión sobre los territorios de las comunidades de Segunda y Cajas (Huancabamba) y Yanta (Ayabaca), fue rechazado por la población a través de una Consulta Popular efectuada en el año 2007, en la que el 97% de la población opto por un modelo de desarrollo basado en la agricultura, rechazando dicho proyecto minero por considerarlo una grave amenaza al ecosistema del páramo andino que irriga las cuencas de la región Piura, y que alberga especies de flora y fauna endémicas.
Esta preocupación se ve agravada, toda vez que estos hechos se inscribirían en la decisión política del Estado peruano de que se lleven a cabo todos los proyectos mineros, decisión que estaría detrás de la aprobación y promulgación en el mes de julio de la Ley 30230 de la “Ley que establece Medidas Tributarias, Simplificación de Procedimientos y Permisos para la Promoción y Dinamización de la Inversión en el País”, a la cual se le ha denominado “ley del paquetazo ambiental” y que podría producir graves impactos sobre todo en la seguridad territorial de las comunidades nativas y campesinas, según información proporcionada por Benito Guarnizo, comunicador social de Huancabamba.
A ello debemos sumar el hecho de que la empresa ha reabierto en las últimas semanas su oficina administrativa en Huancabamba y ha comenzado una campaña asistencialista al interior de los colegios de la ciudad (midiendo la vista a los niños, regalándoles una manzana, una caja de jugo, etc.), con la finalidad de ganarse la simpatía de la población ocultando que si ejecuta su proyecto minero, se generarían efectos negativos irreversibles en el ambiente.
Otro elemento que incrementa la preocupación de los comuneros es la criminalización y persecución a sus dirigentes, la cual ya se habría iniciado al reactivarse, recientemente, investigaciones penales contra los comuneros que data del año 2007, disponiéndose nuevas diligencias, renovándose órdenes de captura en su contra (las que se pretendieron efectivizar el día de las elecciones municipales y regionales), etc.. No debemos olvidar que las acciones de la empresa, anteriormente han dejado el doloroso saldo de varios comuneros muertos, heridos, comuneros víctimas de tortura en el campamento de la empresa, así como cientos de comuneros criminalizados.
FEDEPAZ expresa su preocupación por estos hechos que podrían generar nuevas situaciones de violencia en la zona, y llama a las autoridades en ejercicio y a las autoridades electas a respetar la voluntad de las comunidades campesinas afectadas.
Fuente: FEDEPAZ
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