En
setiembre del 2012, la Fiscalía para el Distrito Sur de Nueva York
ordenó el congelamiento de 13 cuentas de algunas de las empresas de la
familia Sánchez Paredes -por un total de US$ 31 millones- bajo la
sospecha de que estaban vinculadas al lavado de activos y al
narcotráfico internacional.
Pero al cabo de un año de
investigaciones, el juez federal de Nueva York Sur George B. Daniels
anunció el archivo momentáneo del caso.
¿Qué había ocurrido?
Documentos de la justicia norteamericana, obtenidos por CARETAS, revelan una historia hasta hoy desconocida y apuntan a lo más alto de la Fiscalía de la Nación.
Según
las autoridades judiciales de EE.UU. el caso se cerró debido a que el
fiscal de la Nación, José Luis Peláez Bardales, no colaboró con el
gobierno norteamericano que solicitó hasta en dos oportunidades
“asistencia legal” al titular del Ministerio Público, que es la
autoridad central y oficial para resolver estos casos.
Peláez
debía proporcionar a EE.UU. copias certificadas de la
‘megainvestigación’ a la familia Sánchez Paredes -que dirigió el fiscal
Jorge Chávez Cotrina-, de los testimonios acusatorios, y coordinar la
concurrencia de testigos, fiscales y policías peruanos a la Corte de
Nueva York.
Pero por razones que se desconocen, según los
documentos, Peláez derivó las dos solicitudes confidenciales de las
autoridades norteamericanas a mesa de partes del Poder Judicial,
poniendo en peligro la reserva de la investigación. Los documentos
cayeron donde dos jueces que denegaron la “asistencia legal” a EE.UU.
por “carecer de jurisdicción”, es decir porque no les correspondía a
ellos resolver sobre el tema, sino a la Fiscalía.
La justicia de Nueva York esperó durante 6 meses la ayuda de Peláez y al no obtenerla se vio obligada a cerrar momentáneamente el caso debido a que carecía de la “evidencia crítica” para procesar por lavado de dinero y tráfico internacional de drogas a los Sánchez Paredes en EE.UU.
“Fue lo más parecido a una conspiración”, se lamentó un abogado al tanto del caso.
La justicia de Nueva York esperó durante 6 meses la ayuda de Peláez y al no obtenerla se vio obligada a cerrar momentáneamente el caso debido a que carecía de la “evidencia crítica” para procesar por lavado de dinero y tráfico internacional de drogas a los Sánchez Paredes en EE.UU.
“Fue lo más parecido a una conspiración”, se lamentó un abogado al tanto del caso.
La historia completa y el descargo de Peláez en la edición impresa y aquí para los suscriptores a la página we de Caretas.
Fuente: Web de la revista Caretas.
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