CAJAMARCA-PERÚ Copiado del blog "El maletero Verde".
La familia Chaupe Lozano, como se recuerda en agosto del año en curso, fueron violentamente desalojados de sus tierras en la provincia de Celendín por parte de la empresa minera Yanacocha-Proyecto Conga, por intermedio de su policía privada y un contingente de Forza, por lo que hoy enfrentan una denuncia por supuestas lesionas causadas a los policías.
Las lesiones supuestamente fueron causadas por los miembros de esta familia al momento del abusivo desalojo de sus tierras el cual fue ordenado por la minera y donde participaron aproximadamente un centenar de policías.
Lo preocupante en este caso, es después de que esta familia fue fuertemente golpeada y desalojada, hoy sean acusados por la policía, aduciendo supuestas lesiones las cuales pretende acreditar con certificados médicos no expedido por el médico legista de Celendín como corresponde sino por el médico interno de la empresa minera Yanacocha.
La policía se ha vuelto un servicio privado de las empresas mineras como Yanacocha, y ahora también se pretende fabricar pruebas desde las empresas para criminalizar a los campesinos, tal como sucede al presentarse estos certificados médicos.
El Estado debería poner freno a los abusos de éstas empresas y sancionar a los verdaderos agresores protegiendo a las familias afectadas.
La familia Chaupe Lozano, como se recuerda en agosto del año en curso, fueron violentamente desalojados de sus tierras en la provincia de Celendín por parte de la empresa minera Yanacocha-Proyecto Conga, por intermedio de su policía privada y un contingente de Forza, por lo que hoy enfrentan una denuncia por supuestas lesionas causadas a los policías.
Las lesiones supuestamente fueron causadas por los miembros de esta familia al momento del abusivo desalojo de sus tierras el cual fue ordenado por la minera y donde participaron aproximadamente un centenar de policías.
Lo preocupante en este caso, es después de que esta familia fue fuertemente golpeada y desalojada, hoy sean acusados por la policía, aduciendo supuestas lesiones las cuales pretende acreditar con certificados médicos no expedido por el médico legista de Celendín como corresponde sino por el médico interno de la empresa minera Yanacocha.
La policía se ha vuelto un servicio privado de las empresas mineras como Yanacocha, y ahora también se pretende fabricar pruebas desde las empresas para criminalizar a los campesinos, tal como sucede al presentarse estos certificados médicos.
El Estado debería poner freno a los abusos de éstas empresas y sancionar a los verdaderos agresores protegiendo a las familias afectadas.
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