NI UNA MUERTE MÁS:

Un llamado a la calma y al diálogo en el caso de Las Bambas

Ante los lamentables sucesos ocurridos el día de ayer, 28 de septiembre, en la localidad de Chalhuahuacho, Apurímac, donde cuatro ciudadanos peruanos perdieron la vida, veintitrés personas resultaron heridas y varias decenas detenidas, en el enfrentamiento entre pobladores y la Policía Nacional del Perú; la Coordinadora Nacional de Derechos Humanos se dirige a la opinión pública y autoridades para expresar lo siguiente:

1. Lamentamos profundamente la pérdida de cuatro vidas humanas en los hechos de violencia ocurridos el día de ayer, así como la situación de extrema gravedad de algunas de las personas heridas, incluyendo a los efectivos de la PNP. En este sentido, hacemos un llamado a la calma a la población de la zona de influencia del proyecto minero Las Bambas, y exhortamos al Estado a evitar el uso de métodos represivos, que incluyen proyectiles de armas de fuego, para controlar los actos de protesta. Recordamos a ambas partes la necesidad de restablecer lo más pronto posible los canales de diálogo y de erradicar el uso de la violencia en sus intervenciones.

2. El paro iniciado el 25 de septiembre por pobladores de las provincias de la región Apurímac, Cotabambas y Grau, así como la provincia cusqueña de Chumbivilcas, tiene como una de sus principales causas la modificatoria del Estudio de Impacto Ambiental (EIA) realizado sin consulta previa con la población. La empresa habría cambiado la ubicación de las plantas de procesamiento y la modalidad del sistema de transporte de minerales, hechos que en opinión de las y los pobladores afectarían sus recursos naturales.

3. Exigimos la pronta y exhaustiva investigación de los hechos a fin de establecer las circunstancias en que se produjeron y quiénes son las instancias y personas responsables. Demandamos la necesidad que el Ministerio Público, en cumplimiento de su rol constitucional de conducir las investigaciones respectivas, esté presente en el lugar de los hechos. Insistimos en la necesidad de fortalecer la institucionalidad democrática para evitar el estallido de los conflictos sociales.

4. Asimismo hacemos de conocimiento que hace unas semanas se aprobó el Decreto Legislativo N° 1186, el mismo que regula el uso de la fuerza de parte de la PNP. Los principios previstos por esta norma no se han aplicado en Chalhuahuacho, y muy por el contrario, el uso desproporcionado de la fuerza por miembros de la PNP habría contribuido a un clima de mayor violencia.

5. Advertimos que la restricción de los derechos fundamentales originados en la declaratoria de estado de emergencia, tiene que cumplir con los criterios de razonabilidad y proporcionalidad. El estado de emergencia no justifica bajo ningún motivo la arbitrariedad de parte de las instituciones del Estado.

Finalmente, recordamos a la opinión pública que durante el actual gobierno se han producido 49 muertes por el uso indebido de la fuerza, en contextos de conflicto social. El estado debe promover una política responsable, de prevención y diálogo, que garantice los derechos de las partes así como la vida de las personas.

Fuente: Coordinadora Nacional de Derechos Humanos
Foto: Pachamamaradio