Este dieciocho de marzo, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos sesionará en la ciudad de Washington (Estados Unidos) para definir su posición respecto del conflicto socio ambiental Conga. A esta cita acudirán representantes de las zonas afectadas por el denuncio minero (quienes se oponen a la actividad extractiva), y los abogados del Estado Peruano (quienes defienden la viabilidad del proyecto).
Se anuncia, para esta cita, la presencia de los delegados del Gobierno Regional de Cajamarca. El portavoz sería el vicepresidente César Aliaga Díaz.
Esta instancia internacional determinará si el caso amerita ser trasladado y juzgado por la Corte Interamericana de Derechos Humanos con sede en la ciudad de San José en Costa Rica.
Esta información se dio a conocer a los diferentes medios de prensa, ayer, en conferencia convocada por la Misión Internacional del Foro Permanente para las cuestiones indígenas de las Naciones Unidas, liderada por Bartolomé Clavero Salvador.
Clavero Salvador, arribó a Cajamarca, semanas atrás, para sostener reuniones con diferentes grupos campesinos a raíz de los conflictos suscitados en esta región. El 10 de marzo, se reunió con las delegaciones de rondas campesinas de Celendín, Hualgayoc, Cajamarca, San marcos, Cajabamba y Contumazá.
Las delegaciones se identificaron como pueblos originarios, campesinos ronderos, herederos de los pueblos Caxamarca, Coremarcas y Chachapoyas que se dedican principalmente a la agricultura, ganadería, pesca artesanal y trueque comercio, señaló Clavero.
El delegado internacional también dejó en claro que le asombra la identificación de grupos especiales de la policía (en referencia a la División Nacional de Operaciones Especiales – DINOES) quienes se encuentran en la zona de conflicto portando armas de guerra. El conflicto Conga ha tenido una resonancia internacional pues se han reportado de cinco muertes y decenas de heridos.
Las acciones por las cuales se demanda al Estado Peruano son “vulnerar derechos de comunidades indígenas y campesinas establecidos en las normas de nuestro país y el Convenio 169 de la Organización Internacional de Trabajo (OIT), al pretender imponer el proyecto minero Conga en las cabeceras de cuenca de la región Cajamarca”, informó la abogada.
Villa confirmó que en noviembre del año pasado, el Instituto Internacional de Derecho y Sociedad, atendió el pedido de los dirigentes de las rondas campesinas de las provincias de Cajamarca, Celendín y Hualgayoc, y presentó una medida cautelar ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) con el objetivo de garantizar la integridad de la población debido a la persecución contra dirigentes, autoridades y pueblo en general que reclama al Estado peruano la conservación de los recursos hídricos.
El megaproyecto Conga afecta los derechos colectivos de las comunidades indígenas y campesinas establecidas en el convenio 169 de la OIT. La OIT exige “respetar y promover los derechos de su estructura política, económica, social y cultural; sus tradiciones espirituales, historia y especialmente los derechos a las tierras, territorios y recursos naturales.
Fuente: Facebook Celendin De Pie Voces Celendinas
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