El reconocimiento del empresario Roque Benavides de que haberse metido con Luis Castañeda explica el esfuerzo para defenestrar a la alcaldesa Susana Villarán recuerda –por si hiciera falta– que la corrupción constituye un factor crucial en la política, así como en los negocios.
Siendo Benavides un buen amigo de Castañeda y Alan García –las dos figuras políticas centrales de la revocatoria–, debe saber de lo que habla.
Y lo que Benavides ha dicho es que “haber criticado tanto la gestión de Luis Castañeda hizo que hubiera una reacción en contra y, bueno, siembra vientos y cosecharás tormentas” (…) creo yo que su gran, gran error fue entrar con la pata en alto contra Lucho Castañeda”.
El problema es que la principal fuente de críticas de la alcaldesa Villarán contra su antecesor no fue, precisamente, por sus obras, sino que esto se atribuye al hecho de no haberse prestado a detener la investigación sobre el escándalo de corrupción de Comunicore, en el cual se involucró al ex alcalde.
En el caso de García, de otro lado, se atribuye su participación en el esfuerzo para defenestrar a Villarán a un ánimo de venganza por hechos como las críticas a la instalación del Cristo del Morro Solar y al ‘tren eléctrico’ pero, principalmente, a la oposición que tuvo la nueva autoridad municipal a la creación de la provincia de San Juan de Lurigancho, donde el ex presidente pretendía establecer una base política importante con representación en el Congreso.
Volviendo al comentario de Benavides sobre por qué Villarán se ha metido en problemas, la conclusión que se puede extraer del mismo es que luchar contra la corrupción constituye una empresa de muy alto riesgo si es que se choca con intereses sólidos con conexión política.
Siendo Benavides un buen amigo de Castañeda y Alan García –las dos figuras políticas centrales de la revocatoria–, debe saber de lo que habla.
Y lo que Benavides ha dicho es que “haber criticado tanto la gestión de Luis Castañeda hizo que hubiera una reacción en contra y, bueno, siembra vientos y cosecharás tormentas” (…) creo yo que su gran, gran error fue entrar con la pata en alto contra Lucho Castañeda”.
El problema es que la principal fuente de críticas de la alcaldesa Villarán contra su antecesor no fue, precisamente, por sus obras, sino que esto se atribuye al hecho de no haberse prestado a detener la investigación sobre el escándalo de corrupción de Comunicore, en el cual se involucró al ex alcalde.
En el caso de García, de otro lado, se atribuye su participación en el esfuerzo para defenestrar a Villarán a un ánimo de venganza por hechos como las críticas a la instalación del Cristo del Morro Solar y al ‘tren eléctrico’ pero, principalmente, a la oposición que tuvo la nueva autoridad municipal a la creación de la provincia de San Juan de Lurigancho, donde el ex presidente pretendía establecer una base política importante con representación en el Congreso.
Volviendo al comentario de Benavides sobre por qué Villarán se ha metido en problemas, la conclusión que se puede extraer del mismo es que luchar contra la corrupción constituye una empresa de muy alto riesgo si es que se choca con intereses sólidos con conexión política.
Esto trae a colación otra conclusión penosa del último Cade realizado hace unos meses en Arequipa: 52% de los empresarios y ejecutivos asistentes justificaron la corrupción al considerarla necesaria para sacar adelante los negocios.
Asimismo, en un arranque de honestidad, el 60% reconoció que alguna vez tuvo que buscar algún funcionario para que le facilitara un trámite para su compañía, y el 72% cree que los políticos peruanos son corruptos o propensos a la corrupción.
Las reformas de liberalización económica aplicadas en las últimas dos décadas en el Perú han reducido el margen de discrecionalidad de la burocracia y, por tanto, ayudado a reducir la corrupción, pero esta sigue estando presente como un factor que, lamentablemente, es crucial en el mundo de los negocios, lo cual es obvio que requiere, en el otro lado de la mesa, a políticos dispuestos a llenarse los bolsillos tomando decisiones que favorecen indebidamente a un privado.
Fuente: Diario La República, miércoles 6 de febrero de 2013
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