Por Gustavo Espinoza M. (*)
Iniciar un proceso judicial a un ciudadano que ejerce una función pública cuando asoman indicios de malos manejos administrativos, corrupción u otros; constituye un imperioso deber del Estado que nadie, en su sano juicio, puede objetar.
Pero usar ese mecanismo para castigar a quienes cuestionan el orden social establecido, hacen resistencia disposiciones contrarias al interés nacional, o lideran movimientos sociales de envergadura, tiene sus bemoles. No porque nadie se considere especialmente “protegido” por el cargo que tiene ni por las banderas que enarbola; sino porque una acción punitiva puede adquirir connotaciones de otro orden.
Y es eso, precisamente, lo que ocurre en el caso de Gregorio Santos, el Presidente del Gobierno Regional de Cajamarca, condenado por un juzgado a una “prisión preventiva” de 14 meses por la comisión de presuntos delitos incompatibles con su función gubernativa.
Ocurre que Gregorio Santos enarboló, en su momento, la resistencia ciudadana al proyecto minero “Conga”, una cuantiosa inversión programada por la Minera Yanacocha, y destinada a tomar el control de muy ricos yacimientos auríferos en el norte del país.
El proyecto cuestionado no sólo afectaba el potencial minero ubicado en el subsuelo, sino que implicaba, adicionalmente, perturbaciones de orden ecológico altamente significativas. Pasaba, en efecto, por la destrucción de varias lagunas que a su vez garantizaban el cultivo de extensas zonas geográficas y el uso de áreas verdes; pero, además, por la contaminación ambiental y su incidencia tanto en los pastizales como en los recursos hídricos de la región.
Que la objeción al proyecto era legítima y justa, lo confirmó el propio gobierno del Presidente Ollanta Humala que, finalmente impuso un programa de acciones previas -por parte de la empresa- para hacer viable la ejecución del contrato.
En otras palabras, el gobierno admitió que las operaciones previstas por la Minera, resultaban inadmisibles en las condiciones en las que estaban previstas, y que sólo un conjunto de medidas cautelares podrían tornar viable el proyecto.
Como se sabe, esas acciones aun no están concluidas y nadie sabe exactamente si culminarán, o no. De ese modo, nadie tampoco está en condiciones de asegurar que el proyecto Conga habrá de concretarse “si, o si”, como en su momento lo sostuviera el mandatario peruano,
De todos los actores vinculados a esta inversión, la más perjudicada, en términos materiales, ha sido la empresa Yanacocha, porque se ha visto forzada a invertir ingentes recursos para “preparar” la región para sus fines, sin obtener mineral a cambio.
Esto, ciertamente, debe haber alimentado la ira de la empresa, que ha sido dirigida siempre contra Gregorio Santos y la población de Cajamarca empeñada en esta lucha.
La detención del Presidente de la Región, entonces, no constituye un hecho aislado. Está íntimamente vinculada al tema de conjunto, y se explica como un castigo contra el afectado, por haber alzado la mano contra Yanacocha. Por lo menos así luce mientras no se demuestre lo contrario.
El otro tema tiene que ver con el entorno político nacional, agobiado como está por constantes denuncias en torno a la corrupción y al mal uso de los recursos públicos.
Bien podría suponerse que, a partir de la administración de Alberto Fujimori, el Perú se graduó con altas calificaciones como uno de los países más afectados por las Mafias.
Esto, bajo la administración de Alan García Pérez, no hizo sino confirmarse. Volvimos cien años atrás cuando, como en los tiempos de don Manuel González Prada, donde se ponía el dedo, brotaba pus.
Se calcula hoy en no menos de 10,000 millones de dólares la suma malversada en los años del fujimorismo. Y aunque algunos altos funcionarios de ese régimen se vieron temporalmente privados de su libertad o debieron resarcir al Estado, en parte, los daños causados; también es verdad que la totalidad de los sancionados tuvieron prisiones de mínima seguridad y alcanzaron beneficios inusuales.
El caso más emblemático, sin duda, fue el del propio Fujimori quien, en lugar de vivir en una prisión, transcurre apaciblemente sus ideas en medio de jardines y flores en un casino policial en las cercanías de Lima.
Otros, acusando de manera fundada por delitos de este orden, gozan de libertad aquí o en el exterior. Y no han sido conminados ni sancionados por la justicia. Es el caso del Blacker Miller, quien fuera Presidente del Consejo de Ministros después del Golpe del 5 de abril del 92, quien se halla “prófugo de la justicia”, el ex ministro Juan Carlos Hurtado.
A elos se suman algunos militares privilegiados que no se han dignado comparecer aún. Incluso parlamentarios, como la congresista Cecilia Chacón –sancionada originalmente por el Poder Judicial- se vieron luego “beneficiados” con acciones legales que les “restituyeron” su libertad y sus beneficios.
Hoy el país conoce del Informe de la mega Comisión que investigara la gestión gubernativa del señor Alan García. El documento, puesto ya en consideración del Congreso, arroja indicios más que razonables de la comisión de delitos flagrantes y punibles.
Pero a nadie se le ha ocurrido dictar una orden de prisión preventiva contra el ex mandatario que bien puede salir del país y eludir la acción de la justicia con el mayor desparpajo
Algunos acusados en procesos vinculados al ex mandatario - como Rómulo León Alegría- gozan ya de libertad, y asisten al proceso que se sigue en su contra sin apremios judiciales. Otros, como oficiales de la Marina de Guerra, involucrados en delitos de interceptación telefónica, afrontan la misma realidad.
Pero a Gregorio Santos, Presidente del Gobierno Regional de Cajamarca y candidato a un nuevo periodo de gestión gubernativa para los comicios que tendrán lugar el próximo 5 de octubre; sí se dicta carcelería efectiva sn que se le haya probado nada.
Consciente de eso, el Fuero Judicial advierte que se trata de una “medida preventiva”, es decir, de una disposición previa al juzgamiento y al deslinde del tema. Pero ¿qué amerita el hecho?
Se han mostrado algunos cargos formales y un audio, que podrían inducir a una indagación más precisa; pero, por cierto, la presunta existencia de una “organización criminal” bajo su mando, luce como un despropósito mayúsculo.
La organización criminal que opera aún impunemente en el país, es la Mafia. Y ella no solo está pintadita y compuesta, sino que -es más- se dispone a gobernar el país nuevamente.
Es esto, realmente, lo que está en juego (fin)
(*) Colectivo de Dirección de Nuestra Bandera: http://nuestrabandera.lamula.pe
Fuente: Facebook de Urpi-Rosa Trinidad Carrillo.
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