Por Carlos Monge
El pasado domingo 10 de febrero se cumplió un año desde que
unas 20 mil personas marcharon por el centro de la ciudad de Lima respaldando la resistencia de las
poblaciones de las provincias de Celendín, Bambamarca y Cajamarca a la
imposición del proyecto Mina Conga, de la empresa Yanacocha, propiedad de la
norteamericana Newmont y la peruana Buenaventura.
Pero la marcha no fue solamente contra Conga, sino que se
convirtió en la expresión de una amplia movilización nacional, tan rural como
urbana, en defensa del agua como recurso natural fundamental para la vida y las
actividades productivas básicas de las mayorías, frente a actividades
económicas que generan grandes ganancias privadas y grandes rentas públicas de
corto plazo, como la minería, pero que en el camino destruyen las fuentes de
agua, se la apropian abusivamente, o la contaminan hasta hacerla inusable para
el resto.
La Marcha Nacional por el Agua fue iniciativa de los ronderos
de Celendín, Bambamarca y Cajamarca, que buscaban así llamar la atención sobre
su lucha y generar la solidaridad de las poblaciones por donde debían pasar
rumbo a Lima. Y vaya que lo lograron: comenzaron
unos cientos y llegaron algunos miles, pues pasando por comunidades, centros
poblados, capitales provinciales y grandes ciudades en Cajamarca, Lambayeque, La Libertad, Áncash y la misma Lima, sumaron marchantes y recogieron
solidaridades de todo tipo.
Sobre todo, lograron también romper el cerco de silencio de
los grandes medios que hasta ese momento ignoraban, minimizaban o ridiculizaban
su lucha, y así poner el agua en el centro del debate nacional. En efecto,
gracias a la resistencia en Cajamarca misma y gracias a la Marcha Nacional, el
país entero discute hoy sobre la importancia del uso sostenible del agua y las
amenazas que la minería le plantea. El Ministerio del Ambiente se pone más duro
con las mineras elevando las multas a quienes contaminen más allá de los
límites máximos permisibles. Varios gobiernos regionales intervienen en el
debate sobre nuevos proyectos mineros reclamando que se asegure el agua
necesaria para el consumo humano y las actividades productivas sostenibles. El
Acuerdo Nacional aprueba una política de Estado sobre el agua.
Nada de esto, por
cierto ha resultado aún suficiente para parar Mina Conga ni para cambiar la
política minera extractivista del Gobierno del presidente Humala. Pero sí ha
generado mejores condiciones para lograrlo. La consulta ciudadana sobre la
viabilidad de Mina Conga, ya aprobada por las organizaciones sociales para las
provincias de Celendín y Bambamarca, y que quizás se haga también en la
provincia de Cajamarca, será un nuevo momento en este proceso. Y las elecciones
locales y regionales en Cajamarca a fines del 2014 serán una suerte de
referéndum político sobre la minería en la región. El ministro Merino ha dicho
que en el 2013 Conga va de todas maneras. Pero esta historia no ha terminado.
Fuente: Diario La Primera, martes 12 de febrero 2013
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