 Dos
tercios del total de las comunidades indígenas andinas en el Perú están
afectados por la actividad minera. Desde que la dictadura de Alberto
Fujimori impuso una nueva Constitución que recortó los derechos
territoriales y dio todas las facilidades a la inversión minera,
incluidos vergonzosos contratos de estabilidad tributaria, los sucesivos
gobiernos han mantenido lo esencial de este modelo neoliberal
extractivista.
Por Comunicaciones CAOI publicado por Servindi
Los conflictos
socioambientales producto de la vulneración de derechos por la
imposición de la minería se multiplican por todo el país. Los dirigentes
son criminalizados. Y el problema amenaza agravarse: la Sociedad
Nacional de Minería, Petróleo y Energía ha anunciado inversiones por 41
mil millones de dólares en minería para los próximos diez años.
De los muchos casos que la delegación de la Confederación Nacional de
Comunidades del Perú Afectadas por la Minería (CONACAMI) presentó en el
III Seminario de Capacitación "Normas de Derechos Humanos Aplicables a
Proyectos de Empresas Transnacionales en Territorios Indígenas",
realizado en Lima por la CAOI entre el 26 y 30 de noviembre pasado,
seleccionamos dos que involucran a la misma empresa minera: Southern
Peru Copper Corporation.
Fundición de Ilo
Southern Perú tiene una fundición en el puerto sureño de Ilo (región
Moquegua). La empresa dice que los humos tóxicos que emite esta
fundición se eliminan por la orina. Los informes médicos lo desmienten y
advierten que estas emisiones producen desnutrición fetal, anemia en la
madre, bajo peso en el recién nacido y disminución de la capacidad
intelectual. Los altos índice de cobre se traducen en igualmente
elevados índices de afectados por el mal de Alzheimer.
Para producir 300 mil toneladas métricas de cobre al año, la
fundición de la Southern procesa 1.06 millones de toneladas métricas de
minerales. Al hacerlo genera 1912 toneladas métricas diarias de gases
sulforosos y descarga diariamente 47 mil metros cúbicos de relaves en el
mar.
Los impactos son múltiples, entre ellos la desertificación de 3500
hectáreas de bofedales de la comunidad Huaytire y otras 24 mil hectáreas
de bofedales de propiedad privada. A ello se suman los daños en la
salud, con un aumento de las enfermedades bronco-pulmonares y
cancerígenas. Hay una severa disminución de la calidad de los suelos,
con la consecuente pérdida de rendimiento de los cultivos.
La biodiversidad también se está perdiendo y la producción pesquera
ha caído. El agua para el consumo humano contiene alarmantes índices de
boro y arsénico. Incluso actividades como el turismo, por la pérdida del
paisaje, son impactadas. Ilo va camino a convertirse en una ciudad
fantasma. Y el Estado no cumple su deber de proteger los derechos de sus
ciudadanos.
Quishque
El yacimiento minero Los Chancas ha causado graves daños a la
comunidad de Quishque, distrito de Tapayrihua, provincia de Aymaraes,
región Apurímac. La empresa minera Southern Perú Copper Corporation se
instaló allí en 1997 y dos años después comienza la etapa de
exploración. Para ello, hace firmar papeles a los comuneros diciéndoles
que solo aquellos que lo hagan tendrán oportunidad de trabajo. Lo hace
tanto en la comunidad de Quishque como en la de Tiaparo. Estas firmas
son usadas para argumentar que el proyecto cuenta con licencia social.
La exploración se inicia abriendo trochas carrosables hasta
Malcachay, en Quishque, donde instala su campamento. A su paso afecta
viviendas, caminos, canales de irrigación. Luego emprende el
represamiento del río Antabamba. Finalmente, desaparece el centro
poblado de Túpac Amaru, provocando el desplazamiento de sus comunidades.
En 1999 Quishque comienza a reclamar la reposición de sus canales de
riego, caminos y reposición de sus cercos destruidos. En octubre la
situación empeora; es la época de lluvia y se producen huaycos generados
por el removimiento de tierras para dar acceso a las plataformas de la
mina en el cerro Huipani.
A inicios del 2000 la empresa minera abandona su campamento en
Quishque y comienza a abrir una carretera sin el consentimiento de la
comunidad. La comunidad advierte que si hacen la carretera el cerro se
derrumbaría. Y así sucede: a su paso, la carretera deja viviendas,
caminos, canales de irrigación y el sitio arqueológico Muyu Muyu
destruidos. El colegio, la iglesia y treinta viviendas desaparecen. Un
informe de Defensa Civil demuestra que derrumbe es causado por la
construcción de la carretera. Pero en el juicio hablan de fallas
geológicas y dicen que nunca existieron ni el colegio ni la iglesia que
fueron arrasados.
La Policía Nacional establece allí un cuartel para proteger a la
empresa minera. En enero del 2002 ocurre un enfrentamiento entre los
comuneros de Quishque y la policía. Dos años después, luego de una
movilización, el presidente de la comunidad, Lucas Serrano Chacón, es
procesado por los delitos contra los medios de transporte, comunicación y
otros servicios públicos. Piden para él treinta años de cárcel. Fue
detenido en aquella oportunidad, pero CONACAMI y otras organizaciones lo
defendieron.
Southern Peru quiere invertir tres mil millones de dólares. La
comunidad pide una mesa de diálogo con la empresa y el Ministerio de
Energía y Minas. Esta se crea en julio del 2009, por Ordenanza Municipal
Nº 003-2009-MDT. Pero nunca se instala y se suceden otras protestas,
como el paro realizado por todo el distrito de Tapayrihua el 13 de enero
del 2010.
En síntesis: vulneración de derechos fundamentales, ausencia de
consulta y consentimiento, criminalización, los Estados siempre del lado
de las empresas en lugar de cumplir su deber de proteger los derechos
humanos y colectivos. Este es el panorama general de la minería en los
cuatro países de la Región Andina.
La única respuesta es fortalecer seguir fortaleciendo nuestras
organizaciones y su articulación. Denunciar estos hechos ante las
instancias nacionales e internacionales. Y continuar con la tarea de
plasmar en propuestas concretas la construcción de un paradigma
civilizatorio basado en el diálogo y la armonía con la Madre Tierra: el
Buen Vivir.
Diciembre 19 del 2012,
Fuente: Web No a la Mina
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