Relaves de Quiulacohca y Excélsior, a sólo unas cuadras de Cerro de Pasco. Entre ambas suman 209 hectáreas y nada menos que 134 toneladas de relaves mineros: zinc, plomo y otros “desmontes sin clasificar“.
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“Pasivo Ambiental Minero” o PAM es el nombre técnico que designa a los lugares que quedan contaminados cuando la minera culmina sus operaciones en una determinada zona. A veces la mina cambia de manos y los nuevos dueños no se hacen responsables. A veces, simplemente, la empresa termina de extraer sus preciados minerales, se van y dejan abandonadas a su suerte a las comunidades aledañas.
¿Qué pasa cuando la minería se acaba, cuando termina de recolectar las riquezas de nuestro suelo, y se va? ¿Qué pasa cuando los únicos que exigen responsabilidad ambiental son las comunidades afectadas, mientras que el Estado mira a otro lado? Esta semana INFOS intentará responder estas y otras preguntas.
¿Qué pasa cuando la minería se acaba, cuando termina de recolectar las riquezas de nuestro suelo, y se va? ¿Qué pasa cuando los únicos que exigen responsabilidad ambiental son las comunidades afectadas, mientras que el Estado mira a otro lado? Esta semana INFOS intentará responder estas y otras preguntas.
1) Los 6,847 pasivos ambientales de la minería. En calidad de primicia, estos son los casi 7 mil lugares contaminados por el paso de la minería en el Perú. Y estas son sólo los registros de 13 de las 65 cuencas en las que hay actividad minera. La cifra promete ser mucho mayor.
2) Sólo 50 empresas contaminantes identificadas. De los casi 7 mil lugares contaminados por la minería en el Perú, sólo se ha responsabilizado a 50 empresas. Además: el segundo lago peruano más grande, después del Titicaca, contaminado quizás irremediablemente .
3) Los 25 lugares más contaminados por los PAM en el Perú. Obtuvimos la lista de los 25 pasivos ambientales mineros de más alto riesgo. TRECE de ellos se encuentran en Ancash. Y, de estos, ONCE pertenecen a la cuenca del río Santa, convertido en el río más dañino del Perú.
Esta es una investigación de José Manuel Balta, con la dirección de Ricardo Uceda y el financiamiento de la Fundación Ford.
1)
Contaminación dejada por la minera Regina Palca II, en Puno. Además de los fierros, la laguna Choquene tiene contacto directo con la cancha de relaves.
Escribe José Manuel Balta
Las aguas del río Condoraque, en la provincia de San Antonio de Putina, departamento de Puno, tienen un color anaranjado. En las orillas no hay vegetación sino polvo del sedimento del mineral antiguamente explotado. Su contaminación afecta a otros ríos —Toco Toco, Putina, Huancané, Ramis—, llegando hasta el Lago Titicaca. Las aguas ácidas se enlazan con manantiales de agua y riegan tierras agrícolas y pastizales.
Las ovejas y alpacas de campesinos de la comunidad, de 45 familias muy pobres, pueden morir si beben de estas aguas. Otra forma de morir de los animales es por la aspiración del polvo del mineral. Esto ocurre en julio y agosto, cuando los vientos corren con fuerza en el altiplano y transportan polvo de mineral en tan grandes cantidades que cubre los pastizales.
O también, cuando los animales cruzan el río, contraen pedera, una enfermedad que afecta a las patas, las cuales se llenan de un salpullido parecido a la sarna. Algunos pierden las pezuñas.
A los humanos no les ocurre menos. Los comuneros presentan enfermedades frecuentes: diarrea, afecciones respiratorias, dolor de cabeza, tos, dolores reumáticos en manos y pies.
El problema afecta a unas diez comunidades colindantes con Condoraque que viven de la agricultura, pastoreo y crianza de alpacas y ovinos, a más de 4,000 metros sobre el nivel del mar. No tienen más fuentes de agua que las contaminadas.
Simón Orihuela, presidente de Condoraque, dijo a INFOS que su ganado ha sido reducido a la tercera parte de lo que poseía cada familia. Algunas tenían antes cien alpacas y ahora, a lo más, treinta.
—Los animales toman el agua del río, les da diarrea y se mueren —explica Orihuela—. También abortan y pierden a las crías. Nosotros comemos esos animales y también estamos muriendo poco a poco por la contaminación.
Todo esto es provocado por lo que dejó en el lugar la minera Regina Palca II, en 2006, después de extraer tungsteno durante 30 años.
Nada menos que un millón doscientos mil toneladas de relaves.
Dejó también un vertedero de aguas contaminadas hacia la Laguna Choquene y el río Condoraque, una lluvia ácida con un pH de 3.25, similar al del vinagre, que no es apta para el consumo humano o de animales ni para el riego de vegetales. Ahora la concesión está en manos de la empresa Sillustani S.A., que no ha resuelto la situación.
Comuneros de Quilcapuncu, colindante con Condoraque, se reúnen con las autoridades regionales del Ministerio de Energía. Condoraque sigue siendo un conflicto latente, gracias a las contaminación dejada por el paso de la minera.
SÓLO UN BOTÓN DE MUESTRA
El pasivo ambiental de Condoraque no es uno de los más graves del Perú. Tuvo resonancia porque en 2010 la ONU envió un cable pidiendo una investigación al gobierno peruano, luego de que la Oficina de Derechos Humanos y Medio Ambiente de Puno presentara el caso en Nueva York en el XVIII Periodo de Sesiones de la Comisión de Desarrollo Sostenible de la organización.
También existe una denuncia ante la Fiscalía Especializada en Materia Ambiental del Distrito Judicial de Puno. El proceso se encuentra en etapa de investigación preparatoria.
Las primeras pericias del MINEM de la región concluyeron en lo previsible: las aguas de la laguna Condoraque se encuentran impactadas negativamente por las altas concentraciones de cadmio, cobre, plomo y zinc que exceden los estándares de calidad ambiental. Pero aun no existe una idea completa del daño, del plan para enfrentarlo y del costo que implicaría contrarrestarlo.
Ese es el panorama de los pasivos ambientales mineros en el Perú: la contaminación está a la vista, lo mismo que los daños. Al mismo tiempo, hay muy poca información disponible sobre las características de los desperdicios dejados por las labores de minería: bocaminas, chimeneas, piques, tajos, trincheras, depósitos de desmontes y de relaves, aguas ácidas, efluentes.
Se ignora en qué medida cada caso constituye un riesgo permanente y potencial para la salud de la población, el ecosistema circundante y la propiedad.
En 2000, un estudio del Banco Mundial estimó que las actividades mineras y metalúrgicas en conjunto descargan anualmente más de 13 billones de metros cúbicos de efluentes en los cuerpos de agua del país.
Desde mediados de la década pasada el sector minero ha ido asumiendo progresivamente responsabilidades ambientales en cuanto a la mitigación de los daños y prevención de otros. Incluso hay compañías privadas que al asumir una concesión remediaron por su cuenta pasivos dejados por al Estado. Es lo que hizo Barrick en Quiruvilca, departamento de La Libertad, donde Minero Perú dejó drenajes de aguas ácidas y enormes residuos de mineral. Como parte del proyecto Lagunas Norte confinó 60 mil metros cúbicos de carbón, cerró nueve bocaminas y tres chimeneas, construyó 3.5 kilómetros de canales de drenaje, revegetó el área y construyó un humedal artificial para tratar el agua afectada.
Pero se requiere multiplicar este ejemplo para revertir el daño que produjo la actividad desde mucho tiempo atrás.
Después de dos meses de búsqueda incesante en fuentes oficiales y luego de realizar dos peticiones amparadas en la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública ante el Ministerio de Energía y Minas (MINEM), finalmente INFOS pudo acceder al expediente de los pasivos ambientales mineros (PAM) más peligrosos.
Los 6,847 Pasivos Ambientales Mineros del Perú
Listado completo de los pasivos ambientales dejados por la minería. Documento que INFOS consiguió en calidad de primicia, después de meses de búsqueda. Nótese que en el recuadro “Responsable del Pasivo”, lo más común es “No identificado”.
Y resultó que Puno, donde hay unos 250 PAM, no es el departamento más afectado por la contaminación que generan las minas abandonadas.
El peor es Ancash.
CONTARON 6,847 PERO HAY MUCHO MÁS
En todo el país el MINEM tiene registrados 6,847 pasivos ambientales mineros.
Las regiones con mayores cantidades de PAM en su territorio son:
Ancash (1,115),
Cajamarca (1,018),
Huancavelica (830),
Puno (522),
Cusco (507),
La Libertad (488)
Pasco (429).
En un primer estudio del cuadro, resulta que menos del 15% de los PAM registrados tienen un estudio ambiental o están en proceso de cierre autorizado. Los demás siguen, de una u otra forma, contaminando el medio ambiente.
Es decir, casi 6 mil pasivos ambientales siguen afectando la salud humana, la vida silvestre y el medio ambiente de diversas comunidades, incluso dentro de áreas naturales protegidas.
La estadística del MINEM es una actualización de la realizada en el año 2006, que contabilizó varios miles menos de pasivos. Para este nuevo informe, la Dirección de Medio Ambiente del MINEM estableció criterios que pudieran estandarizarse y elaboró fichas para registrar la información de cada relave según la información disponible a la vista o la percepción sobre tipo de daño potencial —a la salud, la vida silvestre o la conservación—. Además, desde cualquier región la base de datos podía ser renovada por funcionarios del sector; incluso por ciudadanos que quisieran aportar información.
En 2010 el MINEM inició un viaje a las zonas contaminadas para verificar los datos del 2006, ponerlos al día y tomar fotografías. Ese año, los nuevos pasivos ambientales mineros registrados fueron 5,551, de acuerdo con la contabilización del año del año anterior en cuencas hidrográficas impactadas.
Pero el MINEM ha recorrido sólo 13 de 65 cuencas en las que hay actividad minera, de modo que su actualización no es completa.
Para este año y el próximo, el programa de actualización de pasivos comprende a las cuencas hidrográficas del Rímac, Lurín, Huarmey, Pativilca y Huaura. En 2013, de acuerdo con los planes, el recorrido habrá concluido. En ese momento, el número de PAM registrados habrá subido significativamente.
Hay otros indicios de que la cifra de 6.847 se queda muy corta.
En 2010, y de manera independiente, el estatal Fondo Nacional del Ambiente (FONAM) participó en un inventario de pasivos ambientales mineros en la cuenca del río Tingo, en Cajamarca. Solamente ahí encontraron 1,200 PAM, y estimaron que la remediación costaría alrededor de 25 millones de dólares.
Si en una sola microrregión donde hay actividad minera se encuentra una cifra de esa magnitud, es posible imaginarse la dimensión de los PAM en zonas más amplias.
Por otra parte, esta inspección es meramente visual. No se recoge material para ser analizado, lo que solo ocurre en los pasivos ambientales que van a ser remediados y tienen programas especiales en tal sentido. Edgardo Alva Bazán, a cargo de la Dirección Técnica Minera del MINEM dijo para esta nota que no hay presupuesto para ello.
El MINAM planea empezar la descontaminación con los PAM que fueron declarados por los propietarios de las concesiones mineras que se ajustaron a la legislación y elaboraron un plan de cierre de pasivos. Algunas empresas, importantes, están cumpliendo con todas las formalidades y están contribuyendo a cambiar las cosas. Sin embargo, la abrumadora mayoría, como es de suponer, simplemente no hace nada.
En general, durante el transcurso de las últimas décadas, las minas fueron cambiando de manos sin que los pasivos ambientales originales hubieran sido remediados y sin que el Estado tenga claro quién es, en última instancia, el culpable de la contaminación, y por ende quién debe responsabilizarse de los pasivos ambientales que dejaron las minas al cerrar.
2)
Ticapampa, en Ancash. Los desechos son visibles desde la carretera. El MINEM investigó, multó a la empresa responsable del relave abandonado, Yahuarcocha. Pero la empresa llevó el caso al Poder Judicial y la controversia continúa en un tribunal. Mientras tanto, los pasivos siguen contaminando.
Escribe José Manuel Balta
El Estado Peruano solo conoce a menos de cincuenta empresas causantes de los PAM (pasivos ambientales mineros). En el cuadro general de pasivos presentado en la entrega anterior, hay un cuadrito que dice “Responsable”. Identifica a la compañía dejó los relaves. Solo ha sido llenado medio centenar de veces.
En el restante número de casos no se sabe a quién reclamar ni se tiene un estudio de impacto ambiental en regla. La búsqueda de responsables es débil e infructuosa y se da por cierto que hay relaves originados hace más de cincuenta años cuyos causantes jamás van a ser señalados.
Pero conocer quién dejó los PAM no significa necesariamente que el problema esté resuelto. Una vez determinado el responsable, el MINEM le envía oficio conminatorio para que presente un plan de cierre, el cual usualmente es apelado ante el Consejo Nacional de Minería. Si la empresa pierde, se inicia un conflicto judicial mientras el pasivo ambiental sigue contaminando.
TODAS LAS TRABAS
La contaminación se produce principalmente por el drenaje ácido de la mina, a causa de la oxidación y lixiviación de materiales sulfurosos. Cada caso es distinto, y se requiere una adecuada caracterización de la roca de mina y de los materiales de desecho para un adecuado tratamiento de las aguas ácidas.
Actualmente se exigen planes de cierre al inicio mismo de la explotación, pero el proceso es largo y puede presentar complicaciones, una de ellas por una inadecuada evaluación del proceso de remediación. Las actividades para el cierre de instalaciones de desperdicios de minas consideran desde refacciones básicas para mejorar la derivación y escorrentía de las aguas superficiales hasta una nivelación completa, colocación de una cobertura y revegetación. Dependiendo de las condiciones geográficas y climáticas, las operaciones pueden terminar siendo más complejas.
Al final, en el lugar debe haber una tal estabilidad física y química que la salud humana y el medio ambiente no resulten perjudicados. La tierra debe poder servir de hábitat para la fauna silvestre o para un uso beneficioso en actividades tan diversas como pastoreo, recreación o nuevamente explotación minera.
Al explicar por qué el Perú dista mucho de tener una adecuada política de tratamiento de los PAM, la directora del FONAM (Fondo Nacional del Ambiente), Julia Justo, pone más énfasis en las debilidades del Estado que en la irresponsabilidad de las mineras.
Justo dijo para esta nota que el Ministerio de Energía y Minas (MINEM) debería destinar mayores recursos humanos y presupuestales para evaluar los PAM, limitaciones que en buena medida explican la deficiente cobertura del inventario nacional de pasivos ambientales.
Mapa interactivo de los 6,847 pasivos ambientales mineros registrados por el MINAM. El inventario completo de PAM de cada microrregión cuesta entre 50 mil y 70 mil dólares. Elaboración: @cebioperu
Este año el MINEM ya no gastará un centavo más en inspeccionar PAM, pese a que la actualización de su inventario solo ha avanzado en un 20% de las cuencas mineras.
Justo añadió que el Estado tampoco hace valer su autoridad debidamente. Y no solo ante las mineras.
—A veces, para que se remedie una relavera —explica Justo—, hay que atravesar una parcela de un vecino de la comunidad. A pesar de que vas a ayudar a todas las familias, el dueño del terreno exige que le den dinero o que le compren una casa en otro sitio, como si ese espacio se fuera a utilizar para extraer mineral en vez de remediar un daño ambiental y de salud pública. Con una mayor autoridad del Estado, esta clase de trabas podrían superarse.
Sin embargo, aunque es obvio que ha faltado voluntad política, otra parte del problema parece estar en la misma legislación.
EL ESTADO EN EL BANQUILLO
La ley peruana, dirigida a lograr que el causante del pasivo se haga cargo de la remediación, propicia un congelamiento del problema.
Como los responsables no están individualizados, nadie se encarga de cerrar los relaves. El Estado, por su parte, siente que no es su obligación hacerlo, incluso cuando él es el culpable, como la contaminación de Centromin en Pasco, o en el caso de pasivos “históricos”, que datan de la época colonial.
De acuerdo con el reglamento de la ley de PAM el Estado puede remediar áreas contaminadas por la minería cuando una empresa de su propiedad dejó por lo menos dos tercios de la basura industrial. “Excepcionalmente” lo hará en función del interés público, lo que en la práctica funciona cuando ocurre una protesta muy fuerte.
En Cajamarca, por ejemplo, durante el gobierno de Alan García, el MINEM actuó directamente, ante la presión, con la idea de enjuiciar posteriormente a los responsables y lograr la devolución del monto gastado más los intereses de ley. Fue en la cuenca del Llaucano, donde había cinco depósitos de relaves en la zona de El Dorado, en antiguos yacimientos del estatal ex Banco Minero. Expuestos a erosión por el viento, lluvias y escorrentías, constituían una de las principales fuentes de contaminación de los lechos de río Hualgayoc-Arascorgue.
En el mismo departamento, y ante la fuerte presión de los pobladores, FONAM asumió la remediación de otros 119 pasivos en El Dorado y La Tahona.
En cuanto a los pasivos dejados por el complejo estatal Centromin Perú, el Estado hizo que una de sus empresas, Activos Mineros, cerrara pasivos en Casapalca, Tablacacha, Morococha, La Oroya, Cerro de Pasco, Yauricocha y San Antonio de Poto, para lo que se estableció un fideicomiso de 21 millones de dólares.
En 2008, EL MINEM informó que el Estado asumiría excepcionalmente y en función del interés público, la remediación de diversos pasivos ambientales calificados de alto riesgo procedentes de la ex fundición Tinyahuarco, en Pasco, así como la de residuos mineros coloniales en las riberas del ex río Sagra y San Juan, en la misma provincia. La decisión fue tomada en base a un informe técnico estatal sobre la gravedad de la contaminación del río San Juan y consiguientemente del lago Chinchaycocha. Sin embargo, la contaminación del Chinchaycocha es tan grave que está lejos de ser mitigada por esta medida “excepcional”.
El del Chinchaycocha es un buen ejemplo de cómo, tras una contaminación generada muchos años atrás, se entremezclan subsiguientes responsabilidades de varias compañías mineras y del propio Estado. El lago Chinchaycocha da origen al río Mantaro y es uno de los principales abastecedores de la cuenca del Amazonas. En una zona declarada Reserva Nacional, acoge a miles de especies de aves acuáticas, además de ranas, cuyes silvestres, zorros y vizcachas que se adaptaron al clima gélido de la puna.
Las autoridades locales, hartas de soluciones intermedias, han demandado ante el Ministerio Público tanto a las empresas mineras concernidas con la contaminación como al propio Estado.
La denuncia la hizo en octubre pasado el alcalde de la provincia de Junín, Luis Solórzano, contra las empresas mineras Doe Run, El Brocal, Aurex, Volcan, y contra los ministerios de Energía y Minas, del Ambiente, y de Agricultura.
La contaminación comenzó en 1929, cuando la Cerro de Pasco Cooper Corporation construyó la represa de Upamayo, inundando más de 26 hectáreas de pastos naturales en perjuicio de ocho comunidades, que demandaron una indemnización económica y que se detenga el desembalse. Después sobrevino la producción de relaves por las mineras, junto con la inacción estatal.
Este año el Ministerio del Ambiente reformuló un plan para el manejo ambiental del lago, pero aquí la credibilidad del Estado está por los suelos.
―Es una declaración de buenas intenciones. No le creemos ―dijo Ginés Barrios, consejero provincial de Junín.
En el restante número de casos no se sabe a quién reclamar ni se tiene un estudio de impacto ambiental en regla. La búsqueda de responsables es débil e infructuosa y se da por cierto que hay relaves originados hace más de cincuenta años cuyos causantes jamás van a ser señalados.
Pero conocer quién dejó los PAM no significa necesariamente que el problema esté resuelto. Una vez determinado el responsable, el MINEM le envía oficio conminatorio para que presente un plan de cierre, el cual usualmente es apelado ante el Consejo Nacional de Minería. Si la empresa pierde, se inicia un conflicto judicial mientras el pasivo ambiental sigue contaminando.
TODAS LAS TRABAS
La contaminación se produce principalmente por el drenaje ácido de la mina, a causa de la oxidación y lixiviación de materiales sulfurosos. Cada caso es distinto, y se requiere una adecuada caracterización de la roca de mina y de los materiales de desecho para un adecuado tratamiento de las aguas ácidas.
Actualmente se exigen planes de cierre al inicio mismo de la explotación, pero el proceso es largo y puede presentar complicaciones, una de ellas por una inadecuada evaluación del proceso de remediación. Las actividades para el cierre de instalaciones de desperdicios de minas consideran desde refacciones básicas para mejorar la derivación y escorrentía de las aguas superficiales hasta una nivelación completa, colocación de una cobertura y revegetación. Dependiendo de las condiciones geográficas y climáticas, las operaciones pueden terminar siendo más complejas.
Al final, en el lugar debe haber una tal estabilidad física y química que la salud humana y el medio ambiente no resulten perjudicados. La tierra debe poder servir de hábitat para la fauna silvestre o para un uso beneficioso en actividades tan diversas como pastoreo, recreación o nuevamente explotación minera.
Al explicar por qué el Perú dista mucho de tener una adecuada política de tratamiento de los PAM, la directora del FONAM (Fondo Nacional del Ambiente), Julia Justo, pone más énfasis en las debilidades del Estado que en la irresponsabilidad de las mineras.
Justo dijo para esta nota que el Ministerio de Energía y Minas (MINEM) debería destinar mayores recursos humanos y presupuestales para evaluar los PAM, limitaciones que en buena medida explican la deficiente cobertura del inventario nacional de pasivos ambientales.
Mapa interactivo de los 6,847 pasivos ambientales mineros registrados por el MINAM. El inventario completo de PAM de cada microrregión cuesta entre 50 mil y 70 mil dólares. Elaboración: @cebioperu
Este año el MINEM ya no gastará un centavo más en inspeccionar PAM, pese a que la actualización de su inventario solo ha avanzado en un 20% de las cuencas mineras.
Justo añadió que el Estado tampoco hace valer su autoridad debidamente. Y no solo ante las mineras.
—A veces, para que se remedie una relavera —explica Justo—, hay que atravesar una parcela de un vecino de la comunidad. A pesar de que vas a ayudar a todas las familias, el dueño del terreno exige que le den dinero o que le compren una casa en otro sitio, como si ese espacio se fuera a utilizar para extraer mineral en vez de remediar un daño ambiental y de salud pública. Con una mayor autoridad del Estado, esta clase de trabas podrían superarse.
Sin embargo, aunque es obvio que ha faltado voluntad política, otra parte del problema parece estar en la misma legislación.
EL ESTADO EN EL BANQUILLO
La ley peruana, dirigida a lograr que el causante del pasivo se haga cargo de la remediación, propicia un congelamiento del problema.
Como los responsables no están individualizados, nadie se encarga de cerrar los relaves. El Estado, por su parte, siente que no es su obligación hacerlo, incluso cuando él es el culpable, como la contaminación de Centromin en Pasco, o en el caso de pasivos “históricos”, que datan de la época colonial.
De acuerdo con el reglamento de la ley de PAM el Estado puede remediar áreas contaminadas por la minería cuando una empresa de su propiedad dejó por lo menos dos tercios de la basura industrial. “Excepcionalmente” lo hará en función del interés público, lo que en la práctica funciona cuando ocurre una protesta muy fuerte.
En Cajamarca, por ejemplo, durante el gobierno de Alan García, el MINEM actuó directamente, ante la presión, con la idea de enjuiciar posteriormente a los responsables y lograr la devolución del monto gastado más los intereses de ley. Fue en la cuenca del Llaucano, donde había cinco depósitos de relaves en la zona de El Dorado, en antiguos yacimientos del estatal ex Banco Minero. Expuestos a erosión por el viento, lluvias y escorrentías, constituían una de las principales fuentes de contaminación de los lechos de río Hualgayoc-Arascorgue.
En el mismo departamento, y ante la fuerte presión de los pobladores, FONAM asumió la remediación de otros 119 pasivos en El Dorado y La Tahona.
En cuanto a los pasivos dejados por el complejo estatal Centromin Perú, el Estado hizo que una de sus empresas, Activos Mineros, cerrara pasivos en Casapalca, Tablacacha, Morococha, La Oroya, Cerro de Pasco, Yauricocha y San Antonio de Poto, para lo que se estableció un fideicomiso de 21 millones de dólares.
El lago Chinchaycocha, a 4,105 metros sobre el nivel del mar, es el segundo más extenso del país después del Titicaca. Es más grande que todo el Callao y varios distritos limeños juntos. Algunos consideran que su contaminación es irremediable.
En 2008, EL MINEM informó que el Estado asumiría excepcionalmente y en función del interés público, la remediación de diversos pasivos ambientales calificados de alto riesgo procedentes de la ex fundición Tinyahuarco, en Pasco, así como la de residuos mineros coloniales en las riberas del ex río Sagra y San Juan, en la misma provincia. La decisión fue tomada en base a un informe técnico estatal sobre la gravedad de la contaminación del río San Juan y consiguientemente del lago Chinchaycocha. Sin embargo, la contaminación del Chinchaycocha es tan grave que está lejos de ser mitigada por esta medida “excepcional”.
El del Chinchaycocha es un buen ejemplo de cómo, tras una contaminación generada muchos años atrás, se entremezclan subsiguientes responsabilidades de varias compañías mineras y del propio Estado. El lago Chinchaycocha da origen al río Mantaro y es uno de los principales abastecedores de la cuenca del Amazonas. En una zona declarada Reserva Nacional, acoge a miles de especies de aves acuáticas, además de ranas, cuyes silvestres, zorros y vizcachas que se adaptaron al clima gélido de la puna.
Las autoridades locales, hartas de soluciones intermedias, han demandado ante el Ministerio Público tanto a las empresas mineras concernidas con la contaminación como al propio Estado.
La denuncia la hizo en octubre pasado el alcalde de la provincia de Junín, Luis Solórzano, contra las empresas mineras Doe Run, El Brocal, Aurex, Volcan, y contra los ministerios de Energía y Minas, del Ambiente, y de Agricultura.
La contaminación comenzó en 1929, cuando la Cerro de Pasco Cooper Corporation construyó la represa de Upamayo, inundando más de 26 hectáreas de pastos naturales en perjuicio de ocho comunidades, que demandaron una indemnización económica y que se detenga el desembalse. Después sobrevino la producción de relaves por las mineras, junto con la inacción estatal.
Este año el Ministerio del Ambiente reformuló un plan para el manejo ambiental del lago, pero aquí la credibilidad del Estado está por los suelos.
―Es una declaración de buenas intenciones. No le creemos ―dijo Ginés Barrios, consejero provincial de Junín.
La mitad de los 25 pasivos mineros más peligrosos del Perú están ubicados en Áncash. Los responsables no están identificados.
Escribe José Manuel Balta
Como vimos en las entregas anteriores, el Estado peruano, por sí mismo, ha remediado muy poco. Esto tendría que cambiar, lo mismo que la legislación y la asignación de recursos, dijo para esta nota María Chappuis, ex directora general de Minería del MINEM.
―El Estado debe remediar y después cobrar ―dice Chappuis.
En 2005 un informe del Banco Mundial sobre la problemática ambiental del sector minero en el Perú sostuvo, en el capítulo sobre los PAM, que los vacíos legales facilitaban a empresas evadir sus responsabilidades transfiriéndoselas al Estado.
Por un lado, la ley requiere que el MINEM identifique a los responsables de la creación de PAM y, por otro, no permite sancionar retroactivamente los pasivos generados antes de 1990.
Por un lado, permite que el Estado asuma la remediación de los PAM abandonados, y por otro exonera al gobierno de proporcionar cualquier compromiso financiero para esta tarea pesada. Y si el Estado no pone dinero, es poco probable que la cooperación internacional financie, a través del FONAM, la remediación de los PAM.
LOS MÁS PELIGROSOS
De acuerdo con Edgardo Alva Bazán, de la Dirección Técnica Minera del MINEM, el Estado tendría que concentrarse en remediar pasivos que son muy graves y no tienen culpable, como los del rio Santa, en Ancash.
Ahora bien, ¿cuáles serían los PAM que requerirían la remediación más inmediata?
INFOS obtuvo el listado actualizado de los PAM de muy alto riesgo registrados a nivel nacional, así como las fichas de campo de algunos de ellos.
Listado actualizado de los 97 PAM de muy alto riesgo
Con esos datos elaboramos un mapa que revela la ubicación de los 25 PAM de mayor peligrosidad para la salud humana y el medio ambiente. Estos son:
Mapa interactivo de los 25 pasivos ambientales mineros de más alto riesgo. Trece de ellos se encuentran en Ancash. Y, de estos, once pertenecen a la cuenca del río Santa, convertido en el río más dañino del Perú. Elaboración: CIPER.
En el río Santa, que aloja a once de los pasivos mineros más peligrosos del Perú, hay evidencias de una intensa actividad de minera informal desarrollada con polimetálicos, oro, carbón, tungsteno y algunos no metálicos, que dejaron un PAM muy disperso. Hace dos años, el MEM calculó el costo de la remediación en unos 17 millones de dólares.
De acuerdo con Julia Justo, directora del FONAM (Fondo Nacional del Ambiente) remediar los 6,847 pasivos inventariados costaría no menos de mil millones de dólares. La cifra es cercana a lo que el Estado percibirá anualmente por concepto de regalías mineras, tras el paquete tributario minero de septiembre.
Pero el monto es solo una referencia. Durante el gobierno anterior el FONAM propuso modificar la ley del canon y regalías mineras para que un porcentaje de las mismas se derivara a la remediación de los PAM. Pero esto implicaba afectar el presupuesto de los gobiernos regionales, que se alimentan del canon, y la iniciativa no prosperó.
¿QUÉ HACER?
El gobierno de Ollanta Humala ha empezado a soltar dinero para remediación de PAM al ritmo de las protestas sociales. Es lo que funciona.
Así, el MINEM acaba de anunciar que invertirá 75 millones de soles en la descontaminación de la cuenca del río Grande, en Puno, en beneficio de 60 mil pobladores afectados por la basura de la minería informal. Si no anunciaba una medida así, los conflictos en ese departamento, que en la primera mitrad del año amenazaron con impedir las elecciones en el departamento, hubieran podido volver a animarse.
No lejos de allí, han resurgido las protestas por pasivos ambientales que Southern afirma haber remediado completamente en la Bahía de Ite, versión que es negada por dirigentes locales. El tema ha vuelto sobre el tapete ahora que Southern anuncia un plan de crecimiento de su planta de explotación de cobre en Toquepala, y se convirtió en uno de los asuntos álgidos de los primeros cien días de gobierno.
Mientras tanto, las grandes preguntas siguen sin responder: ¿habrá un plan general para cambiar la política estatal ―o la falta de ella― ante los PAM? ¿O los problemas seguirán remediándose cuando los afectados amenazan con hacer justicia con sus propias manos?
1 comentarios:
es muy preocupante leer el artículo de José Balta, y otro punto que se debe destacar es que la disponibilidad de agua y suelos en nuestro territorio, ya está siendo muy afectada por los efectos de los PAM, en otras palabras, la disponibilidad de agua en nuestro país disminuye cada vez más por la contaminación generada por los PAM, y aún más muchos de ellos como el Ubicado en el distrito de Quilcapuncu, Prov. San Antonio de Putina en la Región Puno, está condenando a la "muerte" al río Huancané, uno de los tributarios del Lago Ttiticaca
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